El periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado a balazos este miércoles mientras comía en un restaurante en el estado de Oaxaca, al sur de México, informaron el gobierno y la fiscalía locales.

Leyva Aguilar, conocido por sus posiciones críticas hacia las autoridades estatales, fue director de un canal de televisión local y mantenía una columna política. De acuerdo con una fuente de la fiscalía consultada por la AFP, fue atacado por individuos armados que se desplazaban en una motocicleta. En el hecho, una mujer resultó herida.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, condenó el homicidio del comunicador y lo describió en la red social X como «un periodista crítico» de su administración, al tiempo que aseguró que siempre se respetó su «derecho a cuestionar».

Por su parte, la fiscalía estatal informó que solicitará la colaboración de la fiscalía federal mexicana, que cuenta con un área especializada en delitos contra la libertad de expresión. Además, señaló que dispone de videos de la zona donde ocurrió el crimen para «comenzar de manera inmediata con el rastreo de los agresores».

Según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y registra más de 150 comunicadores asesinados desde el año 2000.

De acuerdo con el recuento de RSF, Leyva Aguilar es el séptimo periodista asesinado en México en lo que va del año. Asimismo, organizaciones de defensa de los periodistas, entre ellas RSF y Artículo 19, sostienen que más del 90 % de los crímenes cometidos contra estos trabajadores permanecen impunes.

Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.

«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.

La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.

La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.

Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.

Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.

En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.

El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.

Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.

Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».

El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.

Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.