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Este es el perfil de Alejandro Giammattei, el nuevo presidente de Guatemala
Alejandro Giammattei ganó el domingo las elecciones presidenciales en Guatemala contra Sandra Torres, después de haberlo intentado por más de una década en tres ocasiones anteriores.
Es la primera vez que el médico Giammattei de 63 años de edad, y hoy presidente de los guatemaltecos, llega a una segunda vuelta electoral, y lo hizo con la bandera de poner mano dura a la corrupción y la promesa de encarcelar a su contrincante, Sandra Torres.
Giammattei ahora tiene un proyecto político propio, el partido de centroderecha Vamos, con el que abiertamente se ha opuesto al matrimonio igualitario, al aborto y ha asegurado que hará cumplir las leyes «tal y como están».
Las posturas conservadoras de Giammattei han sido un tema sensible para los guatemaltecos durante la campaña electoral, sin embargo, el candidato siempre aventajó a Torres en las encuestas.
En su carrera política, Giammattei se había postulado a seis cargos de elección popular, cuatro de ellos la presidencia, sin alcanzar éxito alguno.
El futuro presidente de Guatemala ocupó en el pasado diversos cargos en organizaciones y empresas del sector público y privado como en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Cuerpo de Bomberos Municipales, la Empresa Municipal de Agua o el Tribunal Supremo Electoral.
A finales de los 90, Giammattei inició su actividad política, primero postulándose para la alcaldía capitalina y después para la presidencia de la República en 2007, 2011 y 2015.
Pero antes de sus intentos electorales, Giammattei protagonizó uno de los capítulos más polémicos de su trayectoria al dirigir el Sistema Penitenciario entre 2005 y 2007.
Durante este período fueron asesinados en la Granja Penal Pavón siete reos durante la llamada Operación Pavo Real, organizada oficialmente para recuperar el control del centro penitenciario.
Años después, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) concluyeron que la toma había sido una cortina de humo para ocultar una operación de limpieza social, y acusaron a Giammattei y otros funcionarios de participar en la presunta ejecución extrajudicial de los reos.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
