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Crece polémica por encierro de niños indocumentados en jaulas de EE.UU.
La Patrulla Fronteriza de EE.UU. difundió imágenes de un centro de detención ubicado en la ciudad de McAllen, estado de Texas, tras las críticas que recibió la Administración de Donald Trump por su política migratoria de ‘tolerancia cero’. A su vez, se le permitió el acceso a periodistas y políticos locales, quienes visualizaron a cientos de niños en condiciones de encierro, sin la presencia de sus padres.
Uno de los legisladores demócratas que asistió a la recorrida, Peter Welch, representante del estado de Vermont, escribió en su cuenta de Twitter: «Acabo de salir de una ‘instalación de procesamiento’ de la Patrulla Fonteriza conocida como ‘Nevera’. No es nada menos que una prisión». En esa misma línea, otro de los congresistas que presenció la situación fue el senador de Maryland, Chris Van Hollen: «Fui testigo de cómo niños estaban amontonados en grandes corrales de vallas con cadenas separadas de sus madres y padres», publicó en la misma red social.
Este complejo también es conocido como ‘Úrsula’, donde unos 1.100 inmigrantes esperan ser procesados. El sitio está dividido por tres sectores: uno para niños solos, otro para padres junto a sus hijos y el restante para adultos sin acompañamiento. Las autoridades estiman que hay casi 200 detenidos menores sin sus familiares y otros 500 son padres con hijos.
El profesor de psicología en la Universidad de Columbia, Nim Tottenham, considera: «En promedio, lo que vemos es que con esta experiencia inicial se potencia un importante factor de riesgo para los problemas de salud mental posteriores en la vida». A su vez, aquel medio norteamericano calcula que el predio ocupa 22.000 metros cuadrados.
Así las cosas, en medio de la polémica, el Gobierno de EE.UU. determinó abandonar el Consejo de Derecho Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tildándolo de «hipócrita», tras haber recibido críticas por sus medidas migratorias. En efecto, el alto comisionado de aquel organismo, Zeid Ra’ad Al Hussein, había instado a Trump a finalizar con esta política calificándola como «inadmisible» y «cruel», según mencionó. Aquella salida fue celebrada por países como Israel, y repudia por naciones como Rusia.
Sobre el programa de ‘tolerancia cero’, vale repasar que en abril de este año el procurador general de EE.UU., Jeff Session, activó el programa que establece la separación de niños de sus padres o tutores legales mientras los adultos responsables son procesados por entrar ilegalmente a EE.UU. Según un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, 1.995 niños fueron separados de 1.940 adultos entre los pasados días 19 de abril y el 31 de mayo.
La ONG ProPública denuncia, sin embargo, que son más de 2.300 los menores que «han sido separados de sus padres desde abril, cuando la Administración de Trump lanzó su política migratoria, que exige procesar a todas las personas que intenten ingresar de forma ilegal en el país y llevarse a los niños que traigan consigo».
El siniestro arrasó el lunes los edificios de una agencia de decoradores y una empresa de comida rápida, detalló a la AFP el ministro del gobierno del estado de Bengala Occidental a cargo de los bomberos, Sujit Bose.
«El incendio se declaró a primera hora de la mañana y sorprendió a quienes dormían en el edificio, antes de propagarse rápidamente a otro inmueble», explicó.
El balance del siniestro sigue siendo provisional, prosiguió Bose, ya que el viernes las familias de 27 personas seguían sin noticias de sus seres queridos.
El director de los servicios locales de emergencia, Ranvir Kumar, señaló que los edificios destruidos no estaban equipados con todos los dispositivos de seguridad exigidos por la ley.
Los incendios son frecuentes en India, debido al mal estado de las infraestructuras y a normas de seguridad y evacuación que no siempre se aplican.
En el atraco, los ladrones utilizaron gas pimienta para hacerse con el dinero alrededor de las 21H30 locales (12H30 GMT) del jueves cerca de la estación de Ueno, una zona muy popular entre los turistas, dijo a la AFP una portavoz de la policía capitalina bajo anonimato.
La vocera se negó a dar más detalles, pero la prensa japonesa asegura que las víctimas fueron cinco ciudadanos chinos y japoneses que intentaban subir a un vehículo las maletas, con unos 420 millones de yenes (2,7 millones de dólares) en su interior.
Aún no está claro por qué el grupo llevaba consigo tal cantidad de dinero.
La cadena Fuji Television informó que las víctimas dijeron a los investigadores que el efectivo iba destinado a casas de cambio.
En otros hechos, un hombre con 190 millones de yenes en efectivo (1,2 millones de dólares) también fue atacado con un espray de gas pimienta por tres hombres en la madrugada del viernes en un estacionamiento del aeropuerto Haneda de Tokio, según los medios.
La policía está investigando la relación entre los dos ataques, reportó la cadena TBS
Un cierre parcial del gobierno de Estados Unidos parece inminente, después de que un proyecto presupuestario fracasara en el Senado en medio de la indignación demócrata por las muertes de manifestantes contrarios a las redadas antinmigrantes ordenadas por Donald Trump.
La oposición expresó así su indignación por el asesinato en Mineápolis de dos personas que se manifestaban contra la política migratoria del presidente.
El fracaso en la aprobación de un paquete de gasto compuesto por seis proyectos de ley destinados a financiar más de tres cuartas partes del gobierno federal hace casi imposible evitar un cierre parcial a partir del sábado.
De todos modos, los demócratas y la Casa Blanca seguían buscando frenéticamente un acuerdo de última hora.
Sería el segundo cierre o «shutdown» -cuando la financiación de todo o de diferentes áreas del gobierno estadounidense se congela temporalmente- desde que Trump asumió nuevamente la presidencia hace un año.
Los demócratas habían prometido bloquear la medida a menos que se separara y renegociara la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para incluir salvaguardas sobre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia de seguridad pública mejor financiada de Estados Unidos.
El ICE, encargado de las redadas antinmigrantes con fines de deportación, está en la picota por las muertes de manifestantes en Mineápolis.
Falta de acuerdo
La situación dejó a los 53 republicanos de la cámara cortos en votos: necesitaban 60 voluntades para que la legislación avanzara hacia su aprobación final.
Ahora Washington se prepara para otro cierre disruptivo de servicios a la medianoche del viernes.
«Lo que está haciendo ICE (…) es brutalidad avalada por el Estado y debe detenerse. Y el Congreso tiene la autoridad -y la obligación moral- de actuar», dijo el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, antes de la votación.
Una modesta rebelión republicana se unió a los demócratas.
Debido a las normas vigentes en el Senado, se necesitan 60 votos de 100 para aprobar un texto presupuestario, y los republicanos, aunque tengan la mayoría, necesitarían el apoyo de varios miembros de la oposición para poder aspirar a sacar adelante su propuesta de presupuesto. Los números no les alcanzan.
Los demócratas han explicado que están dispuestos a aprobar cinco de los seis apartados del texto, pero quieren separar el último -que concierne al DHS- para debatir las reformas que desean que se implementen.
Dado que la Cámara de Representantes había aprobado los seis apartados en un solo bloque, separar el DHS del texto implicaría de facto una paralización a medianoche del viernes al sábado, ya que la cámara baja tendría que votar de nuevo la versión aprobada por el Senado.
El «shutdown» podría ser de corta duración. En un consejo de ministros el jueves, Trump dijo a la prensa que esperaba que se encontrara un compromiso con la oposición para evitar una parálisis.
Si la financiación caduca, cientos de miles de empleados públicos podrían ser enviados a casa u obligados a trabajar sin paga.
En tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el jueves «moderación» a las autoridades hacia los manifestantes en Estados Unidos, tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra redadas en Mineápolis.
