Internacionales
Crece polémica por encierro de niños indocumentados en jaulas de EE.UU.
La Patrulla Fronteriza de EE.UU. difundió imágenes de un centro de detención ubicado en la ciudad de McAllen, estado de Texas, tras las críticas que recibió la Administración de Donald Trump por su política migratoria de ‘tolerancia cero’. A su vez, se le permitió el acceso a periodistas y políticos locales, quienes visualizaron a cientos de niños en condiciones de encierro, sin la presencia de sus padres.
Uno de los legisladores demócratas que asistió a la recorrida, Peter Welch, representante del estado de Vermont, escribió en su cuenta de Twitter: «Acabo de salir de una ‘instalación de procesamiento’ de la Patrulla Fonteriza conocida como ‘Nevera’. No es nada menos que una prisión». En esa misma línea, otro de los congresistas que presenció la situación fue el senador de Maryland, Chris Van Hollen: «Fui testigo de cómo niños estaban amontonados en grandes corrales de vallas con cadenas separadas de sus madres y padres», publicó en la misma red social.
Este complejo también es conocido como ‘Úrsula’, donde unos 1.100 inmigrantes esperan ser procesados. El sitio está dividido por tres sectores: uno para niños solos, otro para padres junto a sus hijos y el restante para adultos sin acompañamiento. Las autoridades estiman que hay casi 200 detenidos menores sin sus familiares y otros 500 son padres con hijos.
El profesor de psicología en la Universidad de Columbia, Nim Tottenham, considera: «En promedio, lo que vemos es que con esta experiencia inicial se potencia un importante factor de riesgo para los problemas de salud mental posteriores en la vida». A su vez, aquel medio norteamericano calcula que el predio ocupa 22.000 metros cuadrados.
Así las cosas, en medio de la polémica, el Gobierno de EE.UU. determinó abandonar el Consejo de Derecho Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tildándolo de «hipócrita», tras haber recibido críticas por sus medidas migratorias. En efecto, el alto comisionado de aquel organismo, Zeid Ra’ad Al Hussein, había instado a Trump a finalizar con esta política calificándola como «inadmisible» y «cruel», según mencionó. Aquella salida fue celebrada por países como Israel, y repudia por naciones como Rusia.
Sobre el programa de ‘tolerancia cero’, vale repasar que en abril de este año el procurador general de EE.UU., Jeff Session, activó el programa que establece la separación de niños de sus padres o tutores legales mientras los adultos responsables son procesados por entrar ilegalmente a EE.UU. Según un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, 1.995 niños fueron separados de 1.940 adultos entre los pasados días 19 de abril y el 31 de mayo.
La ONG ProPública denuncia, sin embargo, que son más de 2.300 los menores que «han sido separados de sus padres desde abril, cuando la Administración de Trump lanzó su política migratoria, que exige procesar a todas las personas que intenten ingresar de forma ilegal en el país y llevarse a los niños que traigan consigo».
Cuatro astronautas despegarán para volver a dotar de personal la Estación Espacial Internacional (EEI) la próxima semana, informó la NASA el viernes, tras la evacuación médica de emergencia de la tripulación anterior.
La NASA anunció que la nueva misión, llamada Crew-12, despegará en el cohete Falcon 9 de SpaceX a primera hora del miércoles, con el lanzamiento «previsto para no antes de las 6H01 a.m.» hora local (11H01 GMT).
La confirmación aporta una pizca de certeza a la Crew-12, que había afrontado problemas de último minuto con el cohete y cambios de personal.
A principios de esta semana, SpaceX había dejado en tierra sus cohetes Falcon 9 mientras investigaba lo que la Administración Federal de Aviación (FAA) describió como una «falla de encendido del motor de la segunda etapa».
«El vehículo Falcon 9 está autorizado para volver a volar», dijo el viernes a la AFP un portavoz de la FAA.
La pausa temporal por parte de SpaceX generó preocupaciones de que el vuelo de la Crew-12 pudiera haberse retrasado.
La misión reemplazará a la Crew-11, que regresó a la Tierra en enero, un mes antes de lo previsto, durante la primera evacuación médica en la historia de la estación espacial.
Militares y agentes federales capturaron en el estado mexicano de Querétaro (centro) a 30 integrantes de una célula criminal ligada al poderoso cártel de Sinaloa, informó este viernes la secretaría de Seguridad Federal.
Los detenidos son 21 hombres y nueve mujeres señaladas de ser presuntos vendedores de drogas y extorsionadores de la banda criminal conocida como Los Salazar. Entre los capturados está uno de sus jefes, Diego «N», alias ‘El Flaco’ (por ley se reservan los apellidos).
Este grupo criminal es «afín al cártel de Sinaloa» y las capturas fueron resultado de cuatro meses de investigación, escribió en la red social X el secretario de seguridad mexicano Omar García Harfuch.
Un comunicado de la dependencia detalló que las capturas se realizaron en doce operativos en la ciudad de Querétaro, capital del estado del mismo nombre.
«Se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información», añadió el comunicado.
Estas detenciones se conocen luego de que el pasado jueves la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en Querétaro para participar con autoridades locales en un evento público.
El gobierno mexicano ha multiplicado sus operativos contra el narcotráfico en medio de reclamos y amenazas de imponer aranceles del presidente estadounidense Donald Trump.
Tras dos semanas de protestas indígenas, el gobierno de Brasil anunció este viernes la suspensión del dragado del río Tapajós, en la Amazonía, donde pueblos nativos rechazan la explotación fluvial para la exportación de granos.
Cientos de indígenas acamparon durante días frente a la terminal portuaria del gigante agroindustrial estadounidense Cargill, en el norte brasileño, para llamar la atención del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
«Frente a la movilización de pueblos indígenas y (…) como gesto de negociación», el gobierno suspendió el proceso de contratación de una empresa para las obras de dragado anual del Tapajós, en el estado de Pará, según una nota oficial.
Pueblos amazónicos alertan sobre la expansión portuaria en ríos que consideran vitales para su modo de vida, una queja que ya expresaron en la conferencia climática COP30 de la ONU en noviembre.
Piden la derogación de un decreto firmado por el izquierdista Lula en agosto pasado, que designa los principales ríos de la Amazonía como prioritarios para la navegación de carga y la expansión de puertos privados.
También reclamaban la cancelación de la licitación para dragar el Tapajós, un importante afluente del Amazonas.
Además de suspender ese proceso, el gobierno prometió este viernes una «consulta libre, previa e informada» a las comunidades locales antes de avanzar en obras.
«El gobierno está abriendo nuestros territorios a muchos proyectos (…) para impulsar el agronegocio», dijo esta semana a la AFP la líder indígena Auricelia Arapiuns, por video desde la protesta en la ciudad portuaria amazónica de Santarém.
Los manifestantes llegaron a impedir que los camiones «entren y salgan de la terminal», dijo Cargill en un comunicado enviado a la AFP.
La multinacional estadounidense cuenta con operaciones de logística agrícola en todo Brasil.
Los manifestantes bloquearon la carretera que conduce al aeropuerto internacional de Santarém, punto frecuentado por turistas.
«La infraestructura (para los ríos) que llega no es un espacio para nosotros, y nunca lo será», afirmó esta semana la líder indígena Alessandra Korap, del pueblo mundurukú.
Brasil es el mayor exportador mundial de soja y maíz y, en los últimos años, ha optado por puertos fluviales del norte para abaratar la exportación de granos.
La fiscalía general había señalado el martes «serios riesgos ambientales» para el río Tapajós.
