Los bomberos que combaten el incendio forestal que ha calcinado 32,000 hectáreas, ubicado a 100 kilómetros al norte de Madrid, avanzaban este miércoles hacia su contención, mientras las autoridades insistieron en mantener «mucha cautela» ante la evolución de la emergencia.

El incendio, que se desató el jueves pasado en la provincia de Guadalajara y ha obligado a evacuar a más de mil personas, es considerado por las autoridades como «el más complejo» de la historia reciente de España. La situación sigue generando preocupación debido a que el fuego continúa sin control en medio de una nueva ola de calor que afecta al país, un fenómeno que favorece la propagación de las llamas.

El presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, informó que el incendio se encuentra «en un momento de estabilización» y expresó su expectativa de que «mañana (jueves) ya podamos darlo por estabilizado».

Las declaraciones fueron brindadas durante una visita a la zona afectada, realizada este miércoles junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

García-Page señaló que la situación se observa con «una perspectiva más esperanzadora, pero también con mucha cautela», y destacó el despliegue «histórico» de bomberos, así como de medios terrestres y aéreos, para combatir el incendio, que ha llevado al desalojo preventivo de unas 1,200 personas de 40 municipios.

El Gobierno de Venezuela convocó este martes a la población a acudir de forma voluntaria a realizarse pruebas de ADN para completar el proceso de identificación de las personas fallecidas tras los fuertes sismos registrados el pasado 24 de junio.

A través de un comunicado, el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) informó que la convocatoria está dirigida a las personas que tengan la certeza o indicios de que sus familiares se encuentran en Los Silos de Bolivariana de Puerto (Bolipuerto), en La Guaira, o en la sede del Senamecf, ubicada en Bello Monte, Caracas.

Según la institución, el objetivo es «lograr la identificación de las víctimas mediante comparaciones científicas de perfiles genéticos y brindar certeza y paz a las familias». Por ello, convocó a los familiares directos consanguíneos a presentarse en su sede principal, en Caracas, para la toma de muestras.

El Senamecf indicó que las personas podrán asistir de lunes a sábado, en horario de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. (hora local), para realizarse las pruebas de ADN en su sede principal.

La medida forma parte del proceso de identificación de las víctimas de los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 en la escala de Richter ocurridos el pasado 24 de junio.

El periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado a balazos este miércoles mientras comía en un restaurante en el estado de Oaxaca, al sur de México, informaron el gobierno y la fiscalía locales.

Leyva Aguilar, conocido por sus posiciones críticas hacia las autoridades estatales, fue director de un canal de televisión local y mantenía una columna política. De acuerdo con una fuente de la fiscalía consultada por la AFP, fue atacado por individuos armados que se desplazaban en una motocicleta. En el hecho, una mujer resultó herida.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, condenó el homicidio del comunicador y lo describió en la red social X como «un periodista crítico» de su administración, al tiempo que aseguró que siempre se respetó su «derecho a cuestionar».

Por su parte, la fiscalía estatal informó que solicitará la colaboración de la fiscalía federal mexicana, que cuenta con un área especializada en delitos contra la libertad de expresión. Además, señaló que dispone de videos de la zona donde ocurrió el crimen para «comenzar de manera inmediata con el rastreo de los agresores».

Según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y registra más de 150 comunicadores asesinados desde el año 2000.

De acuerdo con el recuento de RSF, Leyva Aguilar es el séptimo periodista asesinado en México en lo que va del año. Asimismo, organizaciones de defensa de los periodistas, entre ellas RSF y Artículo 19, sostienen que más del 90 % de los crímenes cometidos contra estos trabajadores permanecen impunes.