Internacionales
Así trasladaron a más de 1.600 presos a dos cárceles de máxima seguridad en Honduras
Las autoridades de Honduras trasladaron a 1.628 presos considerados de alta peligrosidad a dos cárceles de máxima seguridad. El operativo forma parte del programa ‘Fe y Esperanza’, impulsado por la presidenta Xiomara Castro, con el que se busca requisar los 25 centros penitenciarios del país, según informan las Fuerzas Armadas de Honduras.
Entre los reos reubicados, hay 802 movilizados al centro de detención La Tolva y 826 a la prisión conocida como El Pozo. Las actividades iniciaron en horas de la madrugada con la presencia y supervisión de altos mandos de las FF.AA., con ayuda de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
«La Policía Militar de Honduras desarrolla este día el traslado de privados de libertad. Sin descanso, desmontando las escuelas del crimen organizado y retomando el control y la seguridad de los centros penales», aseguró el secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional de Honduras, José Manuel Zelaya.
Por otro lado, en el marco de las operaciones, las autoridades hondureñas también presentaron y destruyeron evidencia incautada en cinco centros penales este lunes, donde había fusiles, escopetas, proyectiles, granadas, entre otros. Los objetos decomisados fueron valuados en más de 200 millones de lempiras (más de 8 millones de dólares).
Guerra frontal contra las pandillas en Honduras
Desde el pasado 26 de junio, se dio inicio al programa ‘Fe y Esperanza’, en Honduras, después de que 41 personas fueran asesinadas en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas).
Esta situación llevó al Gobierno hondureño a fortalecer la seguridad dentro de las cárceles del país, donde se han incautado un sinnúmero de armas, dinero, drogas y equipos de comunicación.
Muchos de los crímenes se han atribuido a las maras y se considera que la presidenta hondureña, Xiomara Castro, está librando una guerra contra las pandillas, endureciendo medidas de seguridad, imponiendo toques de queda y realizando capturas a miembros de pandillas.
Por otro lado, desde el Gobierno se planea la construcción de una cárcel de máxima seguridad, con capacidad para unos 1.000 o 2.000 presos, en la Isla del Cisne, ubicada en un archipiélago hondureño en el mar Caribe. El proyecto podría costar unos 80 millones de dólares, tres veces más de lo que costaría una cárcel en tierra, según expertos consultados por El Heraldo.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
