Judicial
Rais y Merino sujetos de aplicación ley Magnitsky de los EEUU
Al prófugo Enrique Rais y al dirigente del FMLN, José Luis Merino, podrían aplicarles la Ley Global Magnitsky luego que congresistas estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, le pidieran al presidente Donald Trump que investigue si amerita una sanción por su presunta vinculación con corrupción y crimen organizado.
Los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Eliot Engel dirigieron una carta al presidente Trump en la que solicitan que incluya a un grupo de centroamericanos en la lista Magnitsky, con el objetivo de que sean sancionados por violaciones a los derechos humanos.
Además, piden al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro que apliquen a Merino y a Rais la Ley Magnistky, que impone sanciones económicas a personas vinculadas a actos de corrupción en sus países.
Enrique Rais es un exempresario de la basura que se encuentra prófugo de la justicia desde hace más de un año por delitos de corrupción. José Luis Merino, por su parte, es considerado desde hace muchos años como el hombre fuerte del FMLN, el que maneja los millonarios negocios de ALBA. También ha sido vinculado por congresistas de los Estados Unidos al narcotráfico internacional.
¿En qué consiste la ley que los congresistas estadounidenses han pedido que se les aplique a Enrique Rais y José Luis Merino? La Ley Global Magnitsky fue aprobada en 2016 por el Congreso de los Estados Unidos con el propósito de perseguir a los corruptos y a los violadores de derechos humanos.
A las personas que les aplican esta ley pasan a formar parte de una lista negra. La ley no limita al tipo de persona que se le aplica: pueden ser ciudadanos comunes, influyentes empresarios y políticos señalados por corrupción en sus propios países.
En un inicio, la ley fue creada para sancionar únicamente a los funcionarios rusos relacionados con la muerte del abogado Serguéi Magnitsky, a quien debe su nombre, quien después de denunciar un fraude fiscal terminó encarcelado y muerto. Pero luego la ley fue reformada.
Ahora permite a los Estados Unidos golpear las fuentes económicas de los sancionados, quienes a partir de su incorporación a la lista negra no pueden tener cuentas bancarias en Estados Unidos. Además, las personas y empresas estadounidenses están impedidas de hacer negocios con ellos.
Engel y Ros-Lehtinen enumeran en su misiva a Trump a los guatemaltecos Gustavo Adolfo Alejos Cámbara y Luis Alberto Mendizábal; a los salvadoreños José Aquiles Enrique Rais López y José Luis Merino; al hondureño Óscar Ramón Nájera y al mexicano con residencia guatemalteca Remigio Ángel González.
En un documento anexo los congresistas describen las posibles acciones criminales de los individuos, en su mayoría vinculados a la corrupción y al crimen transnacional.
¿Quién es Enrique Rais?
En el documento que los congresistas elaboraron dice que Enrique Rais “es un prominente hombre de negocios salvadoreño” que “fue designado como objetivo prioritario de la DEA y sujeto de investigación internacional por sus vínculos con los grupos criminales organizados, compañías ficticias, cárteles y políticos corruptos identificados recientemente por el escándalo de los Papeles de Panamá, según un documento judicial de Florida”.
Además, los congresistas recuerdan que en abril de 2016, “el alguacil alegó que las aeronaves propiedad de Rais muestran amplia evidencia de actividades de tráfico de drogas”.
Enrique Rais se encuentra prófugo de la justicia desde más de un año. Es acusado por delitos de corrupción: comprar jueces, fiscales y otros empleados públicos para dirigir acciones jurídicas a su favor y para atacar a sus adversarios.
Rais ha mantenido un largo pleito jurídico con los empresarios canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti por la empresa MIDES SEM SA de CV. En su momento fueron socios. Pero luego se distanciaron y comenzaron una serie de demandas judiciales. Diario 1 publicó que Rais se apoderó de MIDES a través de un fraude.
Entre 2013 y 2014, Rais buscó aliados para ejecutar sus planes contra sus enemigos. Uno de ellos fue el entonces fiscal general Luis Martínez. También el fiscal Julio Arriaza, el juez Romeo Aurora Giammattei y peritos de Medicina Legal. Además contrató un equipo de abogados entre los que estaba Luis Peña, Ernesto Gutiérrez y su sobrino Hugo Blanco Rais.
Todos ellos comenzaron a fabricar pruebas contra los canadienses y contra Mario Calderón (a quien acusaba de traición) y su esposa Claudia Herrera. Fue entonces que las acusaciones de Rais prosperaron en la Fiscalía General que dirigía Luis Martínez: a los canadienses se les giró orden de captura. También a Calderón y a su esposa.
Los canadienses también demandaron. Pero, las demandas de estos contra Rais no trascendieron en los tribunales de justicia. Fueron engavetadas.
Eso levantó sospechas. El escándalo se agudizó cuando algunos periódicos, entre ellos Diario1, publicó que el fiscal Luis Martínez había viajado en aviones del empresario Rais. Eso representaba un conflicto de interés. Pero lo grave fue que en algunos de esos viajes iban algunos abogados de Rais y otros jefes fiscales.
A inicios de 2016, el fiscal Douglas Meléndez llegó a dirigir la Fiscalía General. Ahí descubrió que Martínez y Rais habían armado casos contra sus adversarios. Fue entonces que ordenó la captura de ambos y de otros funcionarios que habían participado en esos hechos.
Enrique Rais también está siendo investigado en Suiza por posible lavado de dinero.
¿Quién es José Luis Merino?
“José Luis Merino es un alto miembro del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y actual viceministro de Relaciones Exteriores para el gobierno de El Salvador. Él y Enrique Rais son copropietarios de la empresa de gestión de residuos, MIDES S.A. de C.V, actualmente atrapada en una disputa multimillonaria”, dice el documento que los congresistas estadounidenses le enviaron a Donald Trump.
San Salvador, 15 de marzo de 2014
José Luis Merino, mimebro de la cúpula del FMLN,
Foto D1: Nelson Dueñas
Luego agrega: “Se cree que Merino tiene vínculos con organizaciones criminales transnacionales. En 2008, funcionarios colombianos informaron que los correos electrónicos en la computadora portátil del comandante asesinado de las FARC, Raúl Reyes, vincularon a Merino a una red de tráfico de armas”.
En julio de 2016, el prominente senador federal del Partido Republicano, Marco Rubio, cuestionó por qué el gobierno norteamericano, en aquel momento encabezado por Barack Obama, no había sancionado a Merino, a quien señaló como lavador de dinero y contrabandista de armas.
El pasado mes de febrero, La Prensa Gráfica publicó que el apoderado legal de Sigfredo Israel Merino, hermano de José Luis Merino, se autovendió un buque a 1 dólar y lo usó para realizar millonarias compras de combustible. El buque, que tiene la capacidad para transportar 18 mil barriles, hizo alrededor de siete transacciones de gasolina valorados cada una entre $18 y $20 millones.
Según informó en esa ocasión La Prensa Gráfica, el barco se encuentra varado en el puerto de La Unión Centroamericana, en la bahía de La Unión, desde el 15 de octubre de 2015. Cuando Merino fue cuestionado por ese caso, este guardó silencio.
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Judicial
143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13 fueron condenados hasta con 75 años de prisión
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13, del programa Libertad, fueran condenados a penas que van desde los 20 hasta los 75 años de prisión por su vinculación y pertenencia a la estructura criminal y por otros delitos.
Todos los pandilleros delinquían en el cantón Lourdes, del distrito de Colón, en en las colonias Cinco Cedros, San Mateo, El Chapernal, Bazzini, Las 600 y zonas aledañas del departamento de La Libertad y fueron sentenciados según el grado de participación o rango en la estructura criminal. Todos fueron capturados a partir de la implementación del régimen de excepción.
Entre las sentencias más altas está la 75 años de prisión impuesta a Cristian Dagoberto Alas García, alias Chory o Espía; al imputado se le condenó por los delitos de agrupaciones ilícitas, siembra y cultivo de marihuana y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego. El imputado fue capturado en agosto de 2022, en una finca de Talnique, donde almacenaba dos armas de guerra y cultivaba plantas de marihuana.
67 años de prisión fue la condena impuesta a Miqueas Misael Hernández Rodríguez, alias Miqueas, por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas, posesión de drogas con fines de tráfico y amenazas agravadas. Al momento de la captura el imputado amenazó verbalmente a elementos de la Fuerza Armada y se le incautaron sustancias ilícitas y un arma de fuego sin documentación legal.
El corredor de clica, Carlos Gerardo Escobar, alias Drupi, fue condenado a 66 años de prisión por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas de fuego y posesión de drogas; el imputado fue detenido en noviembre de 2022 en San Juan Opico, cuando intentó ocultar un arma de fuego y huir de las autoridades.
Otro de los condenados es el corredor de clica Jonathan David Doradea, alias Bacha o Mafioso, a quien se le impusieron 51 años de prisión por agrupaciones ilícitas y posesión de drogas.
Los corredores de clica Fidel Antonio Ramos Flores, alias Viejo Tigre, y Nelson Enrique Larios Saget, alias Duende, recibieron 45 años de prisión por agrupaciones ilícitas.
A esa misma pena y por el mismo delito fueron condenados los homeboys: Juan Carlos López Serrano, alias «Chacal»; Edwin Alexander Monterroza Arévalo, alias «Sayco»; Víctor Manuel Miranda Rosales, alias «Wizar», Elvis Jovanny Henriquez Montes, alias Espiri; Óscar Alfredo Alas Corea, alias «Black» o «Kilo»; Pedro Antonio Urbano Menjívar, alias «Vago»; Marvin Joel Gómez Portillo, alias «Slow»; Jairo Adonay Molina Paz, alias «Sparky»; Samuel Enrique Nieto Flores, alias «Zombie»; Andrés Rivas Menéndez, alias «Timón»; Juan Antonio García Cortez, alias «Humilde» o «Juan»; Juan Ramón Hernández Estrada, alias «Little Boy»; Samuel Eduardo Martínez Salazar, alias «Dauner»; Roberto Antonio Bermúdez Santamaría, alias «Pulga»; Dagoberto de Jesús Quintanilla, alias «Shorty»; Nelson Edgardo Aguirre Martínez, alias «Sombra»; Pedro José Sánchez Leiva, alias «Zonte»; Dany Wilson Ávalos Abrego, alias «Vigion»; Marcos Salvador López Martínez, alias «Gato de la Belén»; Manfredy Marcos Vanegas Durán, alias «Flaco» o «Scrapy»; Luis Alonso Gómez de Paz, alias «Pega»; Edwin Osmín Ruiz Aguilar, alias «Maníaco»; Francisco López Hernández, alias «Sapo»; Hayser Antonio Madrid Argueta, alias «Hayser», Carlos Antonio Ramírez, alias «Mico» y Elmer Shunico Shunico.
El resto de penas oscilan entre 36, 30 y 20 años de prisión. Según el fallo se condenó a 4 corredores de clica, 27 homeboys, 61 chequeos, 4 observaciones y 47 paro o colaboradores.
Estas condenas fueron impuestas en presencia de los imputados por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, luego de valorar la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó el ente fiscal durante la audiencia única.
Milton Osmín Bonilla Romero fue condenado a 40 años de prisión por el delito de extorsión.
Según la acusación fiscal, entre abril y septiembre de 2011, la víctima fue amenazada de muerte por miembros de la MS-13. Por temor a las amenazas, la víctima denunció el hecho el 2 de agosto de ese mismo año ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Para ubicar al responsable, se realizaron dos entregas controladas de dinero el 11 y el 29 de septiembre de 2011, en el interior de un centro comercial de la ciudad de San Miguel, donde identificaron y capturaron a Bonilla Romero.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel lo condenó a 20 años de cárcel por cada entrega de dinero en la que participó el procesado.
Judicial
Detenida mujer acusada de estafar a 11 parejas con servicios de organización de bodas en El Salvador
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó la detención provisional de Tránsito Guadalupe Marroquín, de 48 años, acusada del delito de estafa agravada en perjuicio de 11 personas que habrían contratado sus servicios para la organización de bodas.
De acuerdo con la investigación, la imputada promocionaba sus servicios como planificadora de eventos a través de redes sociales y solicitaba anticipos mediante transferencias bancarias para organizar celebraciones programadas entre 2025 y 2026.
La Fiscalía sostiene que, en algunos casos, los locales nunca fueron reservados, mientras que en los eventos que sí se realizaron, los servicios brindados no coincidieron con lo acordado.
Entre las irregularidades señaladas se encuentran la falta de decoración, banquete, cristalería, bebidas, ramo de novia y otros servicios adicionales que habían sido ofrecidos a los clientes.
Según el requerimiento fiscal, el perjuicio económico causado a las 11 víctimas asciende a $19,651.
Tras la audiencia inicial, la jueza determinó que existen suficientes indicios para que el proceso continúe en la etapa de instrucción y ordenó que Marroquín permanezca en detención provisional mientras avanzan las investigaciones.
