Judicial
Rais y Merino sujetos de aplicación ley Magnitsky de los EEUU
Al prófugo Enrique Rais y al dirigente del FMLN, José Luis Merino, podrían aplicarles la Ley Global Magnitsky luego que congresistas estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, le pidieran al presidente Donald Trump que investigue si amerita una sanción por su presunta vinculación con corrupción y crimen organizado.
Los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Eliot Engel dirigieron una carta al presidente Trump en la que solicitan que incluya a un grupo de centroamericanos en la lista Magnitsky, con el objetivo de que sean sancionados por violaciones a los derechos humanos.
Además, piden al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro que apliquen a Merino y a Rais la Ley Magnistky, que impone sanciones económicas a personas vinculadas a actos de corrupción en sus países.
Enrique Rais es un exempresario de la basura que se encuentra prófugo de la justicia desde hace más de un año por delitos de corrupción. José Luis Merino, por su parte, es considerado desde hace muchos años como el hombre fuerte del FMLN, el que maneja los millonarios negocios de ALBA. También ha sido vinculado por congresistas de los Estados Unidos al narcotráfico internacional.
¿En qué consiste la ley que los congresistas estadounidenses han pedido que se les aplique a Enrique Rais y José Luis Merino? La Ley Global Magnitsky fue aprobada en 2016 por el Congreso de los Estados Unidos con el propósito de perseguir a los corruptos y a los violadores de derechos humanos.
A las personas que les aplican esta ley pasan a formar parte de una lista negra. La ley no limita al tipo de persona que se le aplica: pueden ser ciudadanos comunes, influyentes empresarios y políticos señalados por corrupción en sus propios países.
En un inicio, la ley fue creada para sancionar únicamente a los funcionarios rusos relacionados con la muerte del abogado Serguéi Magnitsky, a quien debe su nombre, quien después de denunciar un fraude fiscal terminó encarcelado y muerto. Pero luego la ley fue reformada.
Ahora permite a los Estados Unidos golpear las fuentes económicas de los sancionados, quienes a partir de su incorporación a la lista negra no pueden tener cuentas bancarias en Estados Unidos. Además, las personas y empresas estadounidenses están impedidas de hacer negocios con ellos.
Engel y Ros-Lehtinen enumeran en su misiva a Trump a los guatemaltecos Gustavo Adolfo Alejos Cámbara y Luis Alberto Mendizábal; a los salvadoreños José Aquiles Enrique Rais López y José Luis Merino; al hondureño Óscar Ramón Nájera y al mexicano con residencia guatemalteca Remigio Ángel González.
En un documento anexo los congresistas describen las posibles acciones criminales de los individuos, en su mayoría vinculados a la corrupción y al crimen transnacional.
¿Quién es Enrique Rais?
En el documento que los congresistas elaboraron dice que Enrique Rais “es un prominente hombre de negocios salvadoreño” que “fue designado como objetivo prioritario de la DEA y sujeto de investigación internacional por sus vínculos con los grupos criminales organizados, compañías ficticias, cárteles y políticos corruptos identificados recientemente por el escándalo de los Papeles de Panamá, según un documento judicial de Florida”.
Además, los congresistas recuerdan que en abril de 2016, “el alguacil alegó que las aeronaves propiedad de Rais muestran amplia evidencia de actividades de tráfico de drogas”.
Enrique Rais se encuentra prófugo de la justicia desde más de un año. Es acusado por delitos de corrupción: comprar jueces, fiscales y otros empleados públicos para dirigir acciones jurídicas a su favor y para atacar a sus adversarios.
Rais ha mantenido un largo pleito jurídico con los empresarios canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti por la empresa MIDES SEM SA de CV. En su momento fueron socios. Pero luego se distanciaron y comenzaron una serie de demandas judiciales. Diario 1 publicó que Rais se apoderó de MIDES a través de un fraude.
Entre 2013 y 2014, Rais buscó aliados para ejecutar sus planes contra sus enemigos. Uno de ellos fue el entonces fiscal general Luis Martínez. También el fiscal Julio Arriaza, el juez Romeo Aurora Giammattei y peritos de Medicina Legal. Además contrató un equipo de abogados entre los que estaba Luis Peña, Ernesto Gutiérrez y su sobrino Hugo Blanco Rais.
Todos ellos comenzaron a fabricar pruebas contra los canadienses y contra Mario Calderón (a quien acusaba de traición) y su esposa Claudia Herrera. Fue entonces que las acusaciones de Rais prosperaron en la Fiscalía General que dirigía Luis Martínez: a los canadienses se les giró orden de captura. También a Calderón y a su esposa.
Los canadienses también demandaron. Pero, las demandas de estos contra Rais no trascendieron en los tribunales de justicia. Fueron engavetadas.
Eso levantó sospechas. El escándalo se agudizó cuando algunos periódicos, entre ellos Diario1, publicó que el fiscal Luis Martínez había viajado en aviones del empresario Rais. Eso representaba un conflicto de interés. Pero lo grave fue que en algunos de esos viajes iban algunos abogados de Rais y otros jefes fiscales.
A inicios de 2016, el fiscal Douglas Meléndez llegó a dirigir la Fiscalía General. Ahí descubrió que Martínez y Rais habían armado casos contra sus adversarios. Fue entonces que ordenó la captura de ambos y de otros funcionarios que habían participado en esos hechos.
Enrique Rais también está siendo investigado en Suiza por posible lavado de dinero.
¿Quién es José Luis Merino?
“José Luis Merino es un alto miembro del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y actual viceministro de Relaciones Exteriores para el gobierno de El Salvador. Él y Enrique Rais son copropietarios de la empresa de gestión de residuos, MIDES S.A. de C.V, actualmente atrapada en una disputa multimillonaria”, dice el documento que los congresistas estadounidenses le enviaron a Donald Trump.
San Salvador, 15 de marzo de 2014
José Luis Merino, mimebro de la cúpula del FMLN,
Foto D1: Nelson Dueñas
Luego agrega: “Se cree que Merino tiene vínculos con organizaciones criminales transnacionales. En 2008, funcionarios colombianos informaron que los correos electrónicos en la computadora portátil del comandante asesinado de las FARC, Raúl Reyes, vincularon a Merino a una red de tráfico de armas”.
En julio de 2016, el prominente senador federal del Partido Republicano, Marco Rubio, cuestionó por qué el gobierno norteamericano, en aquel momento encabezado por Barack Obama, no había sancionado a Merino, a quien señaló como lavador de dinero y contrabandista de armas.
El pasado mes de febrero, La Prensa Gráfica publicó que el apoderado legal de Sigfredo Israel Merino, hermano de José Luis Merino, se autovendió un buque a 1 dólar y lo usó para realizar millonarias compras de combustible. El buque, que tiene la capacidad para transportar 18 mil barriles, hizo alrededor de siete transacciones de gasolina valorados cada una entre $18 y $20 millones.
Según informó en esa ocasión La Prensa Gráfica, el barco se encuentra varado en el puerto de La Unión Centroamericana, en la bahía de La Unión, desde el 15 de octubre de 2015. Cuando Merino fue cuestionado por ese caso, este guardó silencio.
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Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
