Judicial
INSÓLITO: Hombre que contrabandeaba cigarrillos Modern se fuga con toda su familia antes de iniciar su juicio
La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que este tipo de cigarrillo no cumple con las normas de sanidad por ser parte de una red de comercio ilegal y cada vez que las personas sean descubiertas con los productos deberán ser decomisados.
Sin dejar ninguna pista de su paradero a la Fiscalía, un taxista huyó junto con toda su familia luego de iniciar un proceso judicial en su contra por contrabandear 290 cajas de cigarrillos chinos de la marca Modern en el centro de San Salvador.
Según el expediente judicial de este hecho, Guillermo M. es padre y esposo, y antes de desaparecer vivía junto con su familia en una colonia de San Bartolo, en Tonacatepeque. A sus 36 años, mantenía un puesto como taxista pirata en una cooperativa en el mercado de San Marcos y cuando fue detenido solo proporcionó esos dos lugares donde podía ser localizado, algo de lo que se aprovecharía días después para escapar de la justicia.
Su trabajo no era lo suficiente para mantener a su familia, en un día bueno lograba recolectar $15 y en otras ocasiones unos escasos $5. La necesidad era evidente, su esposa no trabajaba y tenía una pequeña de apenas tres años de edad. Las cosas se agravan cada vez más, puesto que no tenía ningún tipo de propiedad y el vehículo donde trabajaba era alquilado.
En medio de esta necesidad, su error fue prestarse a llevar un cargamento de cigarrillos que hasta la fecha las autoridades no han logrado determinar de dónde provenían ni quién le recibiría los paquetes.
El expediente judicial señala que Guillermo esperó la llegada de la media noche del 21 de junio de 2018. Tomó con sus manos seis bolsas negras y las llevó hasta un Toyota tipo sedán de un opaco color café. Cuatro en el baúl y dos en el asiento trasero. Eso era todo, estaba listo para hacer la entrega.
El reloj marcaba las 11:00 de la noche, había llegado en la 5ª avenida Norte en el centro de San Salvador. Se estacionó en una zona oscura y esperó por un momento sin saber que a lo lejos un grupo de policías lo tenían bajo la lupa. La actitud sospechosa, el lugar y la hora no eran recurrentes por lo que estos se acercaron rápidamente.
Tras una pequeña plática, los agentes le explicaron que harían una inspección en el vehículo. Estas palabras lo alertaron lo que provocó que su nerviosismo fuera mucho más notorio.
– ¿Qué son esos bultos? -preguntó uno de los agentes.
– Son unos cigarrillos -le contestó.
No tenía documentos del vehículo ni de los paquetes de cigarrillos por lo que no quedó de otra que arrestarlo bajo el delito de contrabando de mercadería. Se contabilizaron 290 cajas de cigarrillos de la marca Modern de origen chino y que, según las autoridades policiales, contribuyen a la generación de ingresos a grupos delincuenciales.
La desaparición del mapa judicial
Según el expediente judicial, esta es la primera vez que es procesado por lo que se decretó medidas sustitutivas con la condición de presentarse periódicamente a los tribunales. Para comprobar que tenía algún tipo de arraigos, la cooperativa de taxis giró una carta donde señaló que el imputado era “confiable, con espíritu de trabajo y responsable”.
Todo iba con normalidad hasta que una carta llegó a los tribunales: Guillermo no había logrados ser notificado. Cuando los mensajeros del sistema judicial llegaron a su casa en San Bartolo se dieron cuenta que el imputado ya no se encontraba y al preguntar por él, sus vecinos dijeron que no lo conocían.
El 6 de mayo, fecha para su vista pública, no se presentó y al Tribunal Primero de Sentencia no le quedó de otra que denominarlo como rebelde de la justicia por lo que se giró una orden de captura en su contra.
De llegar a ser encontrado, será llevado a prisión y no tendrá alternativa de salir en libertad hasta que se termine su proceso en el que podría enfrentar una pena de seis a ocho años de prisión.
La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que este tipo de cigarrillo no cumple con las normas de sanidad por ser parte de una red de comercio ilegal y cada vez que las personas sean descubiertas con los productos deberán ser decomisados.
Nota tomada de El Salvador Times
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
