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$7.7 millones se ahorraría el estado salvadoreño al reducir 20 diputados de la Asamblea Legislativa
Si bien el diputado independiente Leonardo Bonilla no tiene el ahorro como tema principal en su campaña de disminución de legisladores, El Salvador Times hizo un cálculo basándose en los salarios actuales, sumados al monto que tiene cada diputado para contrataciones de sus asesores y empleados.
Estado salvadoreño se ahorraría $7.7 millones en salarios al reducir 20 diputados de la Asamblea
El Estado salvadoreño se ahorrará $7.7 millones en salarios si reduce de 84 a 60 diputados. Ese es el cálculo que sacó El Salvador Times, tomando como referencia el salario actual de los diputados de la Asamblea Legislativa y la asignación que tienen actualmente para contratar asesores y su personal.
La semana pasada el diputado independiente Leonardo Bonilla introdujo una propuesta ante la Asamblea para que se redujeran los legisladores de 84 a 60. Aunque el legislador no ha estudiado el impacto financiero que esto podría tener al Estado. El Salvador Times se dio a la tarea de trabajar un escenario hipotético en el que solo existieran 60 diputados para sacar el ahorro que tendría el erario público en remuneraciones.
Según los datos colgados en el sitio de Transparencia Fiscal del Estado, se puede consultar el salario de los 84 diputados de la Asamblea. En total, el salario de los 84 legisladores, incluidos los gastos de representación y de transporte y comunicación de cada uno, le cuestan actualmente al Estado $3,719,765.28.
Esta cifra se toma de sumar los salarios mensuales de los 11 miembros de la junta directiva que suelen ser más elevados, al igual que los siete jefes de fracción y los 61 diputados de llanura. La sumatoria se multiplica por 14 que son los salarios que reciben en total al año, pues se suman los dos bonos que reciben, uno en junio y el otro en diciembre.
Si por el contrario, solo existieran 60 diputados, en un escenario hipotético también tendrían que reducirse los directivos. Este periódico estimó que bajo esta propuesta, podrían existir cinco directivos (un presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios). También se mantendrían cinco jefes de fracción y quedan 50 diputados de llanura.
Esto en suma, sería un total de $1,509,102.24 solo en el pago de estos 60 legisladores, bajo los mismos términos de los sueldos actuales de los diputados.
En este caso el ahorro en salarios si solo existieran 60 diputados es de $2,210,663.04.
Reducción en asesores y empleados
Cada grupo parlamentario recibe un presupuesto para que los diputados funcionen en el pleno y estos lo distribuyen a cada uno de diputados. Cuando ingresó la nueva legislatura el 1 de mayo de 2018 de determinó establecer un techo para que cada legislador hiciera sus contrataciones, entre ellos hay asesores, comunicadores, secretarias, y personal de apoyo.
Según el acuerdo de junta directiva que aprobó cuando se instaló esta legislatura, se estimó un límite de $15,000 para que cada diputado de la llanura contratara a sus asesores y demás personal. Así, actualmente los 61 diputados de llanura al año gastan $12,810,000 en contrataciones.
Con la reducción a 50 diputados de llanura, estos gastarían en contrataciones $10,500,000 anuales.
En el caso de las jefaturas y subjefaturas actuales tienen un límite de $18,000. Actualmente son 12 diputados que tienen estos cargos que al año gastan en sus empleados $3,024,000. Con el escenario hipotético de El Salvador Times los cinco jefes gastarían solo $1,260,000 en sus empleados.
Por otro lado, para el caso de los directivos. Actualmente, se ha destinado para los vicepresidentes $18,374.58 y los cuatro que existen actualmente gastan $1,028,976.48. Si estos se reducen a dos, el gasto sería de $514,488.24.
Los secretarios actuales de junta directiva son seis que tienen disponibles $16,590.69 para contratar a su persona. Al año suman $1,393,617.96. Con la reforma, si solo existieran dos secretarios, el monto anual seria de $464,539.32 para contrataciones.
En estos momentos, las contrataciones totales que hacen los 84 diputados para sus asesores y asistentes alcanzan la cantidad de $18,256,593.96 anuales. Con la reducción a 60 diputados y manteniendo los mismos techos para emplear personal el costo sería de $12,739,027.56, representando un ahorro de $5,517,566.4.
Si se hace un ejercicio de sumar el ahorro que se generaría de los salarios de los legisladores que es de $2,210,663.04 y el ahorro de las contrataciones de personal, el Estado deja de gastar un estimado de $7,728,329.44.
El presupuesto de la Asamblea para este año asciende a $58,300,000 y de estos $51 millones son destinados para el rubro de remuneraciones. En este sentido, esos $7.7 millones representan un 15% de ahorro en remuneraciones si se baja la cantidad de diputados a 60.
En este caso, no se han tocado otras prerrogativas que tienen los diputados como viajes, viáticos, entre otros gastos. Ni el gasto corriente, por ejemplo, en electricidad, agua, mantenimiento de oficinas u otras áreas que también tendrían una reducción significativa, pero que no podrían cuantificarse tan fácilmente.
Bonilla no busca ahorro sino representatividad
El diputado independiente aseguó que su propuesta de reducir la cantidad de diputados va más encaminada a alcanzar una Asamblea Legislativa más pluralista, más equitativa y con mayor representatividad.
Bonilla cree que si bien no es el fondo de la iniciativa, él estima que el ahorro podría incluso llegar a los $20 millones a nivel global, sumando energía eléctrica, papelería y hasta café.
«La propuesta no es populista, es fácil para alguien decir eso sin antes leerla, no estamos proponiendo 14 diputados, sino tener 60. Lo que queremos es una Asamblea más pluralista», comentó el legislador. Al tiempo que dijo que está tratando de cumplir una de sus promesas de campaña.
En caso de que la propuesta tenga eco y apoyo, el siguiente paso, según Bonilla, es evitar que con menos diputados, la Asamblea siga con la misma cantidad de presupuesto, ya que por lógica debería haber una reducción.
El único diputado independiente de la Asamblea agregó que lo que está haciendo en estos momentos es simplemente dar una respuesta al clamor popular, que es algo que le pidieron durante la campaña y que le siguen pidiendo cuando hablan con él.
«Bajar la cantidad es mi primer objetivo, luego ver lo del fuero con el que cuentan los funcionarios y otra serie de cambios que la gente quiere ver. La cantidad de 60 diputados no está amarrada, se han escuchado otras propuestas, pero es estudio que nosotros tenemos está en 60», apuntó.
Otros diputados se han unido a su esfuerzo, al menos han dando su firma de apoyo, pero Bonilla está consciente que es un camino cuesta arriba y incluso teme que pueda quedar engavetada. «Dar la firma no es todo. Hay dos diputados más que se quieren unir al esfuerzo, pero lo importante es tener los votos a la hora de llegar al pleno y votar por ella», agregó.
Diputados como Reynaldo Carballo, del PDC, y las diputadas de ARENA, Felissa Cristales y Milena Mayorga se han mostrado a favor de la reducción de legisladores de cara a las elecciones de 2021.
Si los dos diputados que han ofrecido el apoyo a Bonilla en los últimos días cumplen, el legislador alcanzaría un total de diez.
La pieza de correspondencia para analizar el tema de la reducción de diputados ingresó la semana pasada y ahora está en manos de la comisión correspondiente para que sea estudiada.
Nota tomada de El Salvador Times
La apuesta por la innovación y la tecnología del Gobierno del presidente Nayib Bukele, en conjunto con el empuje de la iniciativa privada, ha propiciado el ingreso de El Salvador en el «Índice global del ecosistema de startups 2026» de StartupBlink.
En la edición de este año, StartupBlink, centro global de investigación y mapa interactivo que clasifica el ecosistema de emprendimiento y startups en el mundo, coloca a El Salvador en el puesto 80 a escala global; esta también es la primera vez que el país aparece en este listado.
«El Salvador es el país ingresante mejor clasificado en el índice y debuta en el puesto 80 a escala mundial», resaltó la entidad en la descripción del país.
A su vez, remarcó que «El Salvador ocupa el primer lugar en Centroamérica en el pilar de valor de marca del ecosistema, lo que refleja el posicionamiento global más sólido de la subregión, impulsado por el atractivo, la madurez y la visibilidad del ecosistema», señaló StartupBlink.
Para el centro de investigación, esto sugiere que las condiciones subyacentes del entorno empresarial de los países ya están dadas para albergar ecosistemas de startups de rápido crecimiento.
En su análisis también destacó que El Salvador ocupa el tercer lugar en América Latina y el Caribe en la categoría funcional de visibilidad del ecosistema, «lo que indica un alto grado de reconocimiento global en la región, impulsado por “influencers” de startups, eventos, organizaciones influyentes y la tracción de las startups».
En América Latina, el país destacó como el décimo más innovador en una lista en la que Brasil lidera en el puesto 26, seguido por Colombia en el 35 y por Chile en el 39. La nación más innovadora del mundo según este ranking es Francia.
Estos avances responden a la generación de condiciones para el desarrollo del sector innovador, las cuales se materializan en normativas como la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura de Tecnologías y la Ley de Inteligencia Artificial, impulsadas por la administración Bukele.
«El Salvador ofrece a las startups una entrada estratégica al mundo con un ecosistema de innovación en rápida evolución. Su entorno propicio para la experimentación, sumado al acceso a incentivos fiscales y al talento cualificado y motivado hacen de El Salvador el lugar ideal para que las startups prueben, desarrollen y expandan sus proyectos», mencionó la ministra de Economía, María Luisa Hayem, respecto al ecosistema innovador.
El año pasado, la capital salvadoreña mostró un importante avance en la lista mundial de las ciudades que se perfilan como nichos con potencial para el desarrollo y crecimiento de startups, y se ubicó en el lugar 300, lo que implicó un salto de 405 ubicaciones con respecto a la puntuación de 2024, que fue de 705.
Según datos del Ministerio de Economía (Minec), para agosto de 2025, el ecosistema de startups local equivalía a más de $330 millones en El Salvador, dentro del que destaca el aceleramiento de las fintech.
Nueve miembros de la Unidad Sindical Salvadoreña (USS) integrará la comitiva del sector laboral que participará el 1 de junio en la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde junto a las representaciones del sector empleador y el Gobierno buscarán la salida de El Salvador de la lista corta.
Durante una conferencia, la USS reiteró su posición para lograr el hito de sacar al país de este listado en el que ha permanecido en los últimos 15 años.
«Lograr la salida de El Salvador de la lista corta de la OIT representa un hecho importante para el desarrollo del país, y un reconocimiento a los esfuerzos realizados en materia sindical, y derechos laborales», dijo el representante de la USS, Adolfo Sánchez.
«Este posible logro es resultado del trabajo internacional técnico y estratégico impulsado por la USS mediante un proceso permanente de diálogo social, incidencia, y cabildeo nacional e internacional ante centrales sindicales, y organismos multilaterales vinculados al sistema normativo de la OIT», añadió.
En este sentido, Sánchez también reconoció el papel fundamental desempeñado por el ministro de Trabajo, Rolando Castro, para conseguir la coordinación tripartita que pone al país en la brecha final para salir del listado de países que no cumplen con los derechos laborales.
«La actuación intersectorial del ministro Rolando Castro ha estado orientada al fortalecimiento de la posición internacional de El Salvador en materia laboral ante la comunidad internacional, promoviendo espacios de diálogo tripartito, concertación, y cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de la OIT», subrayó.
Asimismo, sostuvo que este avance deberá traducirse en el país en mayores oportunidades para la clase trabajadora mediante el fortalecimiento de los derechos laborales en todos los sectores productivos.
«La posible salida de esta lista fortalece la confianza internacional en El Salvador y abre oportunidades para atraer inversión, generar empleo formal, y mejorar las condiciones económicas y sociales de toda la población salvadoreña»
También mencionó que, durante la conferencia, el sector trabajador salvadoreño también participará en espacios sobre libertad sindical, cumplimiento de convenios internacionales, diálogo social, y derechos laborales
«Nuestra participación en la Misión Ginebra 2026 representa una oportunidad estratégica para fortalecer los vínculos internacionales del movimiento sindical salvadoreño y posicionar a la clase trabajadora salvadoreña ante la comunidad internacional».
En diversas oportunidades, el titular del ministro de Trabajo, ha reiterado que el país cuenta con argumentos sólidos para conseguir el objetivo de ser excluidos del mencionado listado.
«Iremos preparados para justificar ante todos los países del mundo que El Salvador debe salir de la lista corta de la OIT. Nuestros argumentos están muy sólidos y ya estamos a pocos días del evento central y la toma de decisión final. Será inédito para nuestra nación», declaró recientemente.
Castro ha explicado que de los 197 países del mundo,187 forman parte de la OIT a los cuales se les envía la lista corta, pero que esta también es enviada a los países no miembros, informando de vulneración laboral.
«Es un lunar o mancha de la imagen del país, así hemos estado por décadas en nuestro El Salvador, ante la mirada del mundo. Tendremos la oportunidad de convertir a nuestra nación en un ejemplo de desarrollo y avances ante la inversión internacional y la opción de relaciones laborales modernas y justas para todos», ha reiterado el titular.
El Ministerio de Hacienda ha puesto a disposición del público datos globales de los activos y pasivos de funcionarios públicos, una obligación según la nueva Ley Anticorrupción y uno de los compromisos del Gobierno salvadoreño con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el sitio web de la Asamblea Legislativa, puede ingresar a “Consulta Activos y Pasivos”, colocar el nombre completo de la persona, su cargo exacto y también el nombre de la institución de ser colocado en forma completa.
Las cifras generales de activos y pasivos, según el sitio, incluye al declarante, cónyuge, conviviente e hijos.
Así, por ejemplo, el ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada Molina, aparece con activos por $594,000 y pasivos por $385,651, por lo que su patrimonio resultaría de $208,349.
El presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortez, posee activos por $4,561,160.23 y pasivos por $94,681.99, por lo que su patrimonio resulta de $4,466,478.24.
También, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Alfredo Castro Aldana, posee $321,580.15 en activos y $89,205 en pasivos. Ello implica que posee un patrimonio de $232,375.15.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, aparece con activos por $175,000 y pasivos por $27,000, por lo que posee un patrimonio de $148,000.
De la misma manera, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Roxana Seledonia Soriano de Viaud, también aparece en el registro, con activos por $244,500 y pasivos por $56,500.
También, por ejemplo, la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Mónica Guadalupe Ayala Guerrero, aparece con pasivos por $312,177.36 y sin activos, por lo cual su patrimonio sería negativo.
El registro interactivo puede ser consultado por cualquier ciudadano sin necesidad de introducir una identificación, correo y contraseña, a diferencia del registro de compras públicas. Para ingresar puede buscar el link de «Consulta Activos y Pasivos» o puede ingresar directamente al link https://portaldgii.mh.gob.sv/ssc/consulta/pasivosActivos/.
El Salvador se comprometió en el acuerdo con el FMI a «promulgar una nueva Ley Anticorrupción» que fuera coherente con «principios de alto nivel del G-20» sobre «declaración de activos de funcionarios públicos» y la «publicación de las declaraciones patrimoniales de los altos funcionarios enumerados en el artículo 236 de la Constitución».
El compromiso se dio en el marco de los objetivos de gobernanza y transparencia en la primera revisión del Servicio Ampliado del Fondo (SAF).
Así, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Anticorrupción el 7 de febrero de 2025. Esta normativa obliga a funcionarios y empleados públicos a presentar informes de activos y pasivos cada año a partir de 2025 y que serían publicados luego de 15 días de ser presentados.
En el pasado, las declaraciones patrimoniales con sus adendas fueron públicas; concretamente en 2015 y 2016 pero a partir de 2020 se empezaron a emitir reservas a esta información. En 2020 el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) determinó que las adendas patrimoniales eran confidenciales.
