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EDUARDO BECKER: Cámara de lo Penal no valora denuncias de fraude procesal en caso “Corruptela” y emite resolución en medio de graves denuncias públicas contra el exfiscal Douglas Meléndez a quien se le acusa junto con sus colaboradores más cercanos de haber fabricado el mismo caso
La Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, de San Salvador, emitió resolución en contra de los implicados en el caso “Corruptela”, pese a las graves denuncias de fraude procesal que habría cometido el exfiscal de la República, Douglas Meléndez, en complicidad con un grupo de sus más cercanos colaboradores dentro del Ministerio Público.
La Cámara confirma órdenes de captura, impone medidas cautelares, revoca beneficios procesales e impone cuantiosas sumas de dinero (como caución económica o fianza) a los 28 implicados en el proceso, entre estos el exfiscal Luis Martínez y el empresario Enrique Rais.
Uno de los afectados con la resolución es Eduardo Vásquez Becker, acusado de peculado como cómplice necesario, y me imponen una caución económica de $25,000, los cuales debe pagar en los 15 días hábiles de notificada la resolución de la Cámara.
«He cumplido 84 años y al final de mi vida me involucran en hechos no ciertos y que de acuerdo a recientes publicaciones periodísticas han sido fabricados». Eduardo Becker
Medios de Comunicación han comprobado que detrás de este caso está el exfiscal general Douglas Meléndez, quien habría encabezado una estructura irregular dentro de la Fiscalía General. A continuación, Eduardo Becker nos relata su dura experiencia y valoraciones como comunicador y abogado al ser involucrado en el caso Corruptela: Como periodista y como abogado hago unas valoraciones sobre este irregular y nefasto proceso que afecta mi trayectoria profesional y mi amplia vida laboral.
Las falencias de la resolución
Las disposiciones emitidas por la Cámara no valoran, en ningún momento, las denuncias de fraude procesal en torno al caso “Corruptela” que surgieron con las denuncias -en la Procuraduría de Derechos Humanos y en sede judicial- de seis trabajadores de la Fiscalía que aseguran haber sido amenazados por su entonces jefe, Douglas Meléndez, y su grupo cercano a fin de que se convirtieran en testigos criteriados, obligándolos a firmar declaraciones previamente fabricadas y a inventar testimonios para ofrecer en la causa que se ventila.
Las denuncias de fraude forman parte de una investigación de un Medio Digital y fueron retomadas por otros Medios de Comunicación del país y abren la duda de que algo está mal desde el principio. El equipo de defensores de los procesados compiló y entregó a la Cámara de lo Penal las notas periodísticas que evidencian las irregularidades cometidas desde el inicio de proceso y que han derivado en graves afectaciones para los procesados, sin embargo, no se valoraron las denuncias de los falsos criteriados obligados a mentir.
En ese tribunal estaban pendientes de resolverse diversas apelaciones y transcurrieron meses antes de conocerse una respuesta jurídica.
Durante cinco meses los abogados defensores esperaron que la Cámara emitiera opinión sobre las apelaciones y últimamente esperaron que se valoraran las denuncias de fraude procesal, pero el tribunal emitió resolución sin considerar los argumentos presentados.
Había apelación en contra de las órdenes de captura que se habían emitido contra Rais y los demás implicados y no obstante la nueva evidencia presentada la Cámara resolvió sin valorar el fraude procesal con que se construyó dicho caso.
Hasta $100,000 de caución
En su resolución, la Cámara Primera de lo Penal impone cuantiosas sumas de dinero a algunos de los implicados.
Contra varios de ellos se imponen $100,000 de fianza que deberán hacerse efectivas en “un lapso no superior a quince días hábiles después de notificada la presente resolución”, lo cual resulta impagable considerando que los implicados carecen de recursos para cubrir esos montos.
No hay un estudio socioeconómico que permita establecer que a las personas a quienes se les impone los $100,000 de caución tengan la posibilidad para cubrirlos.
Estas sumas impuestas contrastan, en gran manera, con las cauciones económicas que recientemente les otorgaron a dos de los principales implicados en el caso del desvío de los fondos de Taiwán, donde se investiga el paradero de al menos de $10 millones donados durante el gobierno del fallecido gobernante Francisco Flores.
En el caso del dinero taiwanés los procesados deben cubrir $50,000 cada uno, pese a ser reconocidos empresarios o industriales y millonarios. Mientras que varios de los procesados del caso “Corruptela” están obligado a entregar al juzgado el doble del dinero, sin que se conozcan los criterios o parámetros usados para imponer estas medidas.
¿Dónde está la justicia equitativa e igualitaria a la que debe someterse todo ciudadano que se enfrente a la ley? ¿Acaso no es la misma ley y la misma justicia para todos?
Las otras decisiones de la Cámara
En su resolución, la Cámara Primera de lo Penal confirma la detención contra el exfiscal Julio Adalberto Arriaza González. Al mismo tiempo ordena que se capture a Jorge Moisés Nájera Aguilar y Mauricio Antonio Yanes Morales, quienes gozaban de medidas sustitutivas a la detención.
Mientras que para Carla García Rossi de Martínez, César Augusto García Barrera y José Ángel Gómez Guillén se le imponen medidas cautelares de no salir del país, presentarse a los juzgados y abstenerse de comunicar con otros implicados en el proceso cuando desde el principio gozaron de libertad irrestricta sin medidas cautelares.
A Francisco Salinas Montenegro también debe pagar $25,000 de caución, lo mismo que Karla Ivette Escamilla López.
Mientras que para el empresario Enrique Rais se “confirma la detención provisional” por dos delitos de cohecho activo.
Para cada uno de los 28 implicados hay una decisión tomada por los magistrados de la Cámara.
Entre los juzgadores se encuentra Martín Rogel Zepeda para quien se había solicitado su recusación, es decir, se apartara de conocer el proceso. No obstante, en la resolución del tribunal se indica que Rogel Zepeda mantuvo su calidad de juzgador y tomó parte activa del dictamen.
¿Cómo es posible que se haya permitido actuar a un personaje ampliamente cuestionado luego que algunos implicados le han denunciado, desde hace mucho tiempo atrás en la sección de Investigación Judicial, por no tener imparcialidad?
¿Cómo es posible que si el mismo magistrado que fue recusado de conocer dicha apelación no esperó las resoluciones de tribunales superiores que le facultaran fallar?
¿Cómo confiar en un juzgador que fue denunciado administrativamente por un procesado que lo consideró parcializado? ¿Podría acaso fallar apegado a derecho?
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la presentación del avance del proyecto Ocean Breeze en Mizata, La Libertad Costa, destacando el impacto de la inversión turística en el desarrollo del país. Durante su intervención, Ulloa subrayó que el actual contexto de seguridad ha permitido atraer capital extranjero y dinamizar sectores estratégicos, señalando que “el turismo es ahora la primera fuente de divisas para El Salvador”.
El proyecto, impulsado por Grupo Corven, representa una inversión que ha escalado de $50 millones a $80 millones, consolidándose como uno de los desarrollos turísticos más relevantes en la zona costera.
Ocean Breeze incluye un hotel de 174 habitaciones, áreas recreativas y un componente residencial, además de una oferta de servicios orientados a experiencias exclusivas, fortaleciendo la oferta turística del país.
Por su parte, Marco Zablah destacó que el complejo no solo impulsa el turismo, sino que también genera más de 1,000 empleos y contribuye al crecimiento económico local.
El proyecto se posiciona como parte del impulso de Surf City, estrategia que busca consolidar a El Salvador como un destino turístico competitivo a nivel internacional.
Gracias al trabajo del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, la Generacio n que Florece se amplía. Actualmente, más de 17,000 jóvenes de todo el país provenientes de instituciones educativas pu blicas ya puedan ejercer su derecho a la educacio n superior. Esto significa
una enorme transformacio n de país.
Ahora, la Dirección de Integración continúa sumando soñadores a esta cuenta, ha salido a buscarlos para invitarlos y animarlos a que sigan esforza ndose por alcanzar su meta,volviéndose protagonistas de su propio futuro, el de su familia y el país.
Como parte de este proceso, el presidente de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, brindo una Masterclass del ADN de la Pobreza y la Cultura de la Integración a más de 1,000 estudiantes del último año de bachillerato de instituciones públicas de San Salvador y La Libertad, quienes ya son parte del Proceso Formativo, un paso previo y esencial que les permitira conquistar su suño de cursar una carrera universitaria, técnica o vocacional, en una de las 37 instituciones de educación superior que tiene convenio con la Dirección de Integración.
Como ellos, miles de jóvenes en todo el país han comenzado a sumarse al Proceso Formativo que tiene lugar a lo largo de este an o. Estos constituyen la tercera ola de una generación que, desde que el modelo integración se convirtio en política pública, esta viendo como sus sueñoos de estudiar y florecer en su tierra se convierten en realidad, gracias a las relaciones integradoras que se han creado entre las comunidades y las instituciones pu blicas y privadas.
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, supervisó este día el colado de la losa superior en la construcción del nuevo puente en Villa Lourdes, distrito de Colón, en La Libertad Oeste, como parte de los esfuerzos por restablecer la conectividad en la zona afectada por las lluvias de 2025.
La obra de paso, que presenta un avance del 80 %, busca garantizar una infraestructura segura y accesible para más de 10 mil familias, además de beneficiar a comunidades aledañas que utilizan esta vía para movilizarse hacia el departamento de Sonsonate.
«Tenemos un avance del 80 % en la construcción de obra de paso en Villa Lourdes, Colón. Hoy realizamos un colado de la losa del puente donde empezarán a transitar muy pronto los peatones y los conductores», afirmó el funcionario.
El proyecto surge tras el colapso del antiguo puente durante el invierno pasado, situación que dejó incomunicadas a numerosas familias, quienes debieron utilizar rutas alternas más largas.
Como medida inmediata, las autoridades instalaron una pasarela temporal mientras avanzaban las labores de construcción.
«En este caso estamos reconstruyendo una mejor obra de la que estaba para evitar que vuelvan los riesgos que estaban el año pasado», señaló el ministro, al destacar que la intervención forma parte del Plan Nacional de Mitigación.
La nueva infraestructura tendrá una longitud de 30 metros y representa una inversión superior a los 2 millones de dólares.
Según las autoridades, incluirá un paso peatonal seguro y permitirá la circulación tanto de vehículos como de peatones en condiciones adecuadas.
