Nacionales
EDUARDO BECKER: Cámara de lo Penal no valora denuncias de fraude procesal en caso “Corruptela” y emite resolución en medio de graves denuncias públicas contra el exfiscal Douglas Meléndez a quien se le acusa junto con sus colaboradores más cercanos de haber fabricado el mismo caso
La Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, de San Salvador, emitió resolución en contra de los implicados en el caso “Corruptela”, pese a las graves denuncias de fraude procesal que habría cometido el exfiscal de la República, Douglas Meléndez, en complicidad con un grupo de sus más cercanos colaboradores dentro del Ministerio Público.
La Cámara confirma órdenes de captura, impone medidas cautelares, revoca beneficios procesales e impone cuantiosas sumas de dinero (como caución económica o fianza) a los 28 implicados en el proceso, entre estos el exfiscal Luis Martínez y el empresario Enrique Rais.
Uno de los afectados con la resolución es Eduardo Vásquez Becker, acusado de peculado como cómplice necesario, y me imponen una caución económica de $25,000, los cuales debe pagar en los 15 días hábiles de notificada la resolución de la Cámara.
«He cumplido 84 años y al final de mi vida me involucran en hechos no ciertos y que de acuerdo a recientes publicaciones periodísticas han sido fabricados». Eduardo Becker
Medios de Comunicación han comprobado que detrás de este caso está el exfiscal general Douglas Meléndez, quien habría encabezado una estructura irregular dentro de la Fiscalía General. A continuación, Eduardo Becker nos relata su dura experiencia y valoraciones como comunicador y abogado al ser involucrado en el caso Corruptela: Como periodista y como abogado hago unas valoraciones sobre este irregular y nefasto proceso que afecta mi trayectoria profesional y mi amplia vida laboral.
Las falencias de la resolución
Las disposiciones emitidas por la Cámara no valoran, en ningún momento, las denuncias de fraude procesal en torno al caso “Corruptela” que surgieron con las denuncias -en la Procuraduría de Derechos Humanos y en sede judicial- de seis trabajadores de la Fiscalía que aseguran haber sido amenazados por su entonces jefe, Douglas Meléndez, y su grupo cercano a fin de que se convirtieran en testigos criteriados, obligándolos a firmar declaraciones previamente fabricadas y a inventar testimonios para ofrecer en la causa que se ventila.
Las denuncias de fraude forman parte de una investigación de un Medio Digital y fueron retomadas por otros Medios de Comunicación del país y abren la duda de que algo está mal desde el principio. El equipo de defensores de los procesados compiló y entregó a la Cámara de lo Penal las notas periodísticas que evidencian las irregularidades cometidas desde el inicio de proceso y que han derivado en graves afectaciones para los procesados, sin embargo, no se valoraron las denuncias de los falsos criteriados obligados a mentir.
En ese tribunal estaban pendientes de resolverse diversas apelaciones y transcurrieron meses antes de conocerse una respuesta jurídica.
Durante cinco meses los abogados defensores esperaron que la Cámara emitiera opinión sobre las apelaciones y últimamente esperaron que se valoraran las denuncias de fraude procesal, pero el tribunal emitió resolución sin considerar los argumentos presentados.
Había apelación en contra de las órdenes de captura que se habían emitido contra Rais y los demás implicados y no obstante la nueva evidencia presentada la Cámara resolvió sin valorar el fraude procesal con que se construyó dicho caso.
Hasta $100,000 de caución
En su resolución, la Cámara Primera de lo Penal impone cuantiosas sumas de dinero a algunos de los implicados.
Contra varios de ellos se imponen $100,000 de fianza que deberán hacerse efectivas en “un lapso no superior a quince días hábiles después de notificada la presente resolución”, lo cual resulta impagable considerando que los implicados carecen de recursos para cubrir esos montos.
No hay un estudio socioeconómico que permita establecer que a las personas a quienes se les impone los $100,000 de caución tengan la posibilidad para cubrirlos.
Estas sumas impuestas contrastan, en gran manera, con las cauciones económicas que recientemente les otorgaron a dos de los principales implicados en el caso del desvío de los fondos de Taiwán, donde se investiga el paradero de al menos de $10 millones donados durante el gobierno del fallecido gobernante Francisco Flores.
En el caso del dinero taiwanés los procesados deben cubrir $50,000 cada uno, pese a ser reconocidos empresarios o industriales y millonarios. Mientras que varios de los procesados del caso “Corruptela” están obligado a entregar al juzgado el doble del dinero, sin que se conozcan los criterios o parámetros usados para imponer estas medidas.
¿Dónde está la justicia equitativa e igualitaria a la que debe someterse todo ciudadano que se enfrente a la ley? ¿Acaso no es la misma ley y la misma justicia para todos?
Las otras decisiones de la Cámara
En su resolución, la Cámara Primera de lo Penal confirma la detención contra el exfiscal Julio Adalberto Arriaza González. Al mismo tiempo ordena que se capture a Jorge Moisés Nájera Aguilar y Mauricio Antonio Yanes Morales, quienes gozaban de medidas sustitutivas a la detención.
Mientras que para Carla García Rossi de Martínez, César Augusto García Barrera y José Ángel Gómez Guillén se le imponen medidas cautelares de no salir del país, presentarse a los juzgados y abstenerse de comunicar con otros implicados en el proceso cuando desde el principio gozaron de libertad irrestricta sin medidas cautelares.
A Francisco Salinas Montenegro también debe pagar $25,000 de caución, lo mismo que Karla Ivette Escamilla López.
Mientras que para el empresario Enrique Rais se “confirma la detención provisional” por dos delitos de cohecho activo.
Para cada uno de los 28 implicados hay una decisión tomada por los magistrados de la Cámara.
Entre los juzgadores se encuentra Martín Rogel Zepeda para quien se había solicitado su recusación, es decir, se apartara de conocer el proceso. No obstante, en la resolución del tribunal se indica que Rogel Zepeda mantuvo su calidad de juzgador y tomó parte activa del dictamen.
¿Cómo es posible que se haya permitido actuar a un personaje ampliamente cuestionado luego que algunos implicados le han denunciado, desde hace mucho tiempo atrás en la sección de Investigación Judicial, por no tener imparcialidad?
¿Cómo es posible que si el mismo magistrado que fue recusado de conocer dicha apelación no esperó las resoluciones de tribunales superiores que le facultaran fallar?
¿Cómo confiar en un juzgador que fue denunciado administrativamente por un procesado que lo consideró parcializado? ¿Podría acaso fallar apegado a derecho?
Nacionales
¡HORROR EN AHUACHAPÁN! Encerraba a su pareja sin comida y la golpeaba con un martillo hasta fracturarle un brazo
Un grave caso de presunta violencia contra la mujer fue descubierto en el departamento de Ahuachapán, donde la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un hombre acusado de mantener encerrada a su compañera de vida, privarla de alimentos y agredirla constantemente con un martillo. El detenido fue identificado como Carlos Alexander Castellanos Romero, de 35 años, quien fue localizado durante un procedimiento policial desarrollado en el cantón Ashapuco, distrito de Ahuachapán, municipio de Ahuachapán Centro.
De acuerdo con el informe policial, la víctima denunció las agresiones y solicitó ayuda a las autoridades mientras permanecía dentro de la vivienda junto a su hijo. Los agentes acudieron al inmueble y esperaron hasta que el sospechoso regresó de su trabajo. Al solicitarle que abriera la puerta, el hombre reaccionó de manera violenta, por lo que los policías procedieron a intervenir y efectuar su captura.
La mujer presentaba múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo, además de una fractura en uno de sus brazos, presuntamente ocasionadas por las agresiones que sufría. Debido a la gravedad de su condición, fue trasladada a un centro hospitalario, donde permanece ingresada recibiendo atención médica. La PNC también informó que, al consultar el sistema de antecedentes policiales, descubrió que Castellanos Romero tenía una orden judicial de captura vigente por violación agravada en modalidad de delito continuado.
Tras su detención, el sospechoso será puesto a disposición del tribunal que lo reclama por la orden judicial pendiente y también enfrentará nuevas acusaciones por privación de libertad, lesiones y amenazas. Las autoridades confirmaron que el procedimiento se desarrolló después de recibir la denuncia de la víctima, cuya intervención permitió activar el operativo policial. El caso continuará bajo investigación para establecer las responsabilidades penales correspondientes.
Judicial
¡CREYÓ PASAR DESAPERCIBIDO! Capturan en Soyapango a presunto pandillero de la MS-13 con antecedentes desde el año 2000
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un hombre señalado de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13) durante un procedimiento desarrollado en la comunidad 22 de Abril, en el distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este. Según las autoridades, el detenido intentaba pasar desapercibido, pero fue identificado durante las labores de seguridad realizadas en la zona.
El capturado fue identificado como Jesús Baltazar Carballo Guerra, de 45 años, quien, de acuerdo con el reporte policial, presenta tatuajes relacionados con la estructura criminal MS-13. Durante un registro preventivo, los agentes descubrieron las marcas, entre ellas un tatuaje ubicado en la parte interna de su labio inferior.
La PNC también informó que Carballo Guerra registra antecedentes desde el año 2000 por los delitos de intento de homicidio y hurto. Esta información forma parte de su historial policial y fue dada a conocer por la institución tras confirmar su detención en Soyapango.
Las autoridades indicaron que el sospechoso será remitido ante las instancias judiciales correspondientes por el delito de pertenencia a una organización terrorista. El procedimiento se enmarca en las acciones de seguridad que desarrolla la Policía Nacional Civil contra las estructuras de pandillas en diferentes sectores del territorio salvadoreño.
Judicial
¡MANEJABA EBRIO Y PROVOCÓ UN ACCIDENTE! Envían a prisión a conductor que registró 179 grados de alcohol en Santa Ana
Un conductor de 33 años fue enviado a prisión provisional tras ser acusado de provocar un accidente de tránsito mientras presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol en Santa Ana. El imputado fue identificado como Fredy William G. H., quien deberá continuar enfrentando el proceso judicial por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores.
De acuerdo con el requerimiento presentado por la Fiscalía, el accidente ocurrió durante la noche del 30 de septiembre de 2026, sobre la carretera que conduce de San Salvador hacia Candelaria de la Frontera, específicamente a la altura de la entrada a la colonia Panades, en el distrito de Santa Ana. Según las investigaciones, el acusado conducía un vehículo tipo pick up cuando habría impactado contra la parte trasera de otro automotor.
Agentes de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al lugar y detectaron señales de que el conductor posiblemente había consumido bebidas alcohólicas. Ante esta situación, le practicaron una prueba de alcotest que arrojó un resultado de 179 miligramos por decilitro de alcohol, según el reporte de las autoridades. Tras obtener el resultado, los agentes procedieron a capturarlo en flagrancia.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana ordenó que Fredy William G. H. permanezca detenido mientras avanza el proceso penal en su contra. La resolución establece la continuación de la causa judicial con detención provisional, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes para determinar su responsabilidad. El caso vuelve a poner de manifiesto los riesgos que representa conducir bajo los efectos del alcohol y las consecuencias legales que pueden enfrentar quienes incurran en esta conducta.
