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Al menos 50,000 personas han sido evacuadas en Turquía debido a los incendios forestales que afectan principalmente a las provincias de Esmirna, Manisa y Hatay, según informó este lunes la Agencia de Gestión de Catástrofes (AFAD).
«Más de 50,000 ciudadanos de 41 localidades han sido trasladados temporalmente a zonas seguras», indicó la institución a través de su cuenta en la red X.
El distrito más golpeado es Seferihisar, en la provincia de Esmirna, donde se han evacuado más de 42,000 personas desde que se iniciaron los incendios el domingo. En Manisa y Hatay, 2,936 y 1,500 personas, respectivamente, también han sido desplazadas por el avance del fuego.
Además, al menos 79 personas han sido hospitalizadas temporalmente por afecciones relacionadas con el humo y las altas temperaturas. Las llamas han dañado al menos 132 viviendas y un negocio en Esmirna, mientras que en Bilecik se reportan afectaciones en 64 viviendas, tres negocios y 20 establos.
Las labores de control continúan este lunes, especialmente en Esmirna y Manisa. Las autoridades locales señalaron que los fuertes vientos, con ráfagas de hasta 117 km/h, han complicado el combate del fuego.
Desde este lunes, el Viceministerio de Transporte (VMT) comenzó a emitir facturas electrónicas para todos los pagos realizados en Banco Hipotecario, la plataforma Simple.sv y Sertracen, tanto en ventanillas físicas como virtuales.
La nueva modalidad requiere que los usuarios proporcionen un correo electrónico válido al momento de realizar el trámite, ya que ahí se enviará el Documento Tributario Electrónico (DTE), el cual es generado, firmado y transmitido electrónicamente al Ministerio de Hacienda, incluyendo el sello oficial de recepción.
El VMT informó que este cambio forma parte del proceso de modernización institucional y mejora en la gestión de documentos fiscales. Además, hizo un llamado a los usuarios a reportar cualquier inconveniente: “Si no recibes tu factura en 24 horas, llama al 2133-3600”, publicó la institución en su cuenta oficial de la red social X.
Entre el 12 de octubre de 2022 y el 21 de junio de 2025, el Gobierno de El Salvador ha llevado a cabo 12 cercos de seguridad en diferentes municipios del país, como parte de la fase 5 del Plan Control Territorial, denominada «Extracción». En estas operaciones han participado alrededor de 39,000 efectivos de la Fuerza Armada, que apoyan en tareas de seguridad pública junto a la Policía Nacional Civil.
El primer cerco se instaló en octubre de 2022 en Comasagua, La Libertad Sur, luego del asesinato de un mandador de finca a manos de la Mara Salvatrucha. La operación contó con 2,000 soldados y el uso de equipos especiales para acceder a zonas difíciles.
En diciembre de 2022 se realizaron dos cercos simultáneos en las comunidades Tutunichapa y La Granjita, en San Salvador, ambas conocidas por su actividad en tráfico de drogas. En cada lugar se desplegaron 1,000 soldados con el objetivo de extraer a los pandilleros que operaban en estas zonas.
Durante 2023 se instalaron cuatro cercos más, entre ellos en Nueva Concepción (Chalatenango) y Cabañas, tras ataques y asesinatos a agentes policiales. En estas acciones participaron entre 5,500 y 8,000 militares y policías. También se realizaron operaciones en Apopa y Soyapango, atendiendo denuncias ciudadanas sobre intentos de reorganización de pandillas.
Para 2024, los cercos se extendieron a Chalatenango, Apopa y San Marcos, con un despliegue de 9,000 soldados distribuidos en varias comunidades y colonias, reforzando la vigilancia en zonas rurales y urbanas.
El último cerco se instaló el 21 de junio de 2025 en San Bartolo, Ilopango, con 1,500 militares y 500 policías, tras denuncias de pandilleros intentando reorganizarse. El presidente Nayib Bukele reiteró que la meta es “localizar y capturar a los remanentes de pandillas” y aseguró que no se dará “un solo paso atrás”.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que las fuerzas del orden cuentan con información detallada de los objetivos a capturar en cada cerco, consolidando así la estrategia para mantener el control y la seguridad en las comunidades afectadas.
