La mitad de los 166 cristianos que inicialmente fueron reportados como víctimas de secuestro el 18 de enero en el norte de Nigeria, en realidad lograron huir durante el ataque a tres iglesias y se escondieron en otras aldeas, declaró este domingo un funcionario local.

Ishaku Dan’azumi, líder tradicional de la zona de Kurmin Wali, en el estado de Kaduna, en el norte, informó inicialmente que 177 personas habían sido secuestradas. Once escaparon posteriormente.

Pero el domingo el jefe de la aldea declaró a AFP que, entre los 166 desaparecidos, 80 regresaron tras huir durante los ataques y refugiarse en aldeas vecinas.

«Pensábamos que las 166 personas desaparecidas habían sido secuestradas, pero resultó que algunas habían huido y se habían refugiado en otras aldeas», dijo.

En total, 80 han regresado. Ahora está claro que 86 personas permanecen retenidas por los secuestradores que operan en el norte del país y realizan secuestros masivos para reclamar rescates.

Estados Unidos está ejerciendo presión diplomática sobre el gobierno nigeriano por la violencia que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha descrito como «genocidio» y «persecución» de los cristianos.

El activista de derechos humanos Javier Tarazona fue excarcelado este domingo tras cuatro años y medio de prisión, en medio de un proceso de liberaciones impulsado por el gobierno venezolano bajo presiones de Estados Unidos, informó a la AFP su hermano.

Tarazona es uno de los presos políticos de mayor perfil que aún permanecían tras las rejas casi un mes después de que el gobierno interino de Delcy Rodríguez anunciara un proceso de excarcelaciones para un «número important» de personas.

La medida responde a presiones de Estados Unidos, que dice estar a cargo de Venezuela tras capturar a Nicolás Maduro en una incursión militar el 3 de enero.

«¡Javier por fin está libre!», afirmó a la AFP José Rafael Tarazona, quien detalló además que su hermano se trasladó a una iglesia en el centro de Caracas.

Javier Tarazona, director de la oenegé Fundaredes, estaba preso desde julio de 2021 por cargos de «terrorismo», «traición» e «incitación al odio».

Desde Fundaredes, el activista acusó al gobierno de Maduro de albergar líderes guerrilleros colombianos en Venezuela, y advirtió sobre choques entre fuerzas militares y guerrillas en la frontera colombovenezolana.

La oenegé Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, informó que este domingo se producen varias liberaciones en la cárcel del Helicoide, donde estaba detenido Tarazona.

La presidenta Rodríguez informó el viernes que esta cárcel política será convertida en un «centro social, deportivo, cultural y comercial».

También pidió con urgencia al Parlamento «una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política de 1999 al presente». Se espera que tras la aprobación de este instrumento, cientos de presos políticos obtengan libertad plena.

Foro Penal ha verificado unas 400 excarcelaciones desde diciembre, y advierte que permanecen encarcelados unos 700 presos políticos.

Hasta con 134 años de prisión, fueron condenados 10 extorsionistas y homicidas de tres estructuras de la Mara Salvatrucha, por delitos consumados en Mejicanos y Ciudad Delgado, entre el 2017 y 2018.

Con la sentencia que emitió el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, se resolvieron 11 casos por los delitos de extorsión agravada, homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, homicidio tentado, aborto sin consentimiento, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.

La mayor condena de 134 años fue para Alexis Omar González Rodríguez, por dos homicidios agravados, dos proposiciones y conspiraciones en el delito de homicidio agravado, un aborto sin consentimiento, tres privaciones de libertad, un homicidio en grado de tentativa y por agrupaciones ilícitas.

Otro de los condenados es Mauricio Antonio Moreno Aparicio, quien al ser enjuiciado como ausente recibió 75 años de cárcel por dos extorsiones agravadas, tres proposiciones y conspiraciones en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

A los demás, el tribunal les impuso penas de 20 y 34 años de prisión. Los pandilleros comenzaron a ser investigados tras una denuncia de extorsión en perjuicio de transportistas de Mejicanos.

Entre los casos resueltos con las condenas, está el homicidio agravado de una adolescente de 16 años embarazada; también el homicidio de su pareja en la colonia Santa Laura del cantón Arenales, de Ciudad Delgado.

El doble homicidio fue con arma blanca y los imputados las asesinaron porque vivían en zonas controladas por la pandilla 18.

También los encontraron responsables por el delito de proposición y conspiración del delito de homicidio agravado en perjuicio de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), el aborto de un recién nacido, así como el intento de homicidio de un hombre.