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Rolando Castro: Vamos a las oficinas de los equipos de la LMF para honrar salarios de los jugadores
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, conversó con un grupo de periodistas deportivos para aclarar el trabajo que van a realizar en cada una de las oficinas de los equipos de la Primera, Segunda y Tercera división del fútbol nacional, teniendo como objetivo central honrar el salario de los jugadores.
“Se busca verificar la situación laboral de los jugadores del fútbol profesional, cuerpo técnico y personal administrativo del deporte nacional. Aclaro, que nuestra única competencia, es eminentemente laboral”, detalló Castro.
“Donde quiera que exista una relación laboral, contractual o un acuerdo trabajador empleador en este país, eso basta para que el ente rector en materia laboral pueda intervenir, ya que la supremacía jurídica la define un Estado y no una institución”, aseveró el funcionario.
“Nuestro único interés es llevar justicia laboral donde no exista. Hay que reconocer que el fútbol en nuestro país es el deporte rey, los aficionados de los clubes van a los partidos y pagan por ver el mejor rendimiento de su equipo favorito para que ganen”, insistió.
“Sin embargo, ese rendimiento en la cancha lo hacen los jugadores y muchos de ellos llegan al estadio o la cancha, dejando a sus familiares con grandes crisis financieras en sus hogares, porque muchas veces no les han pagado su salario”, manifestó Rolando Castro.
En ese sentido, explicó que esos jugadores profesionales tienen contratos donde firman la cuantía, el tiempo del pago de sus salarios y los clubes incumplen.
Rolando Castro dijo que la labor que realizará el personal del Ministerio de Trabajo en cada uno de los clubes no tiene otra intención que no sea laboral. “Nuestro único objetivo, es sólo aplicar la ley tal y como debe de ser, y espero que ninguna institución se oponga a llevar justicia”, dijo.
“Nosotros vamos porque honren los salarios a jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo, tal y como estipula la ley vigente en El Salvador. La justicia debe prevalecer ante cualquier otro interés”, puntualizó.
Estados Unidos inculpó este miércoles al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996, la primera vez que un alto cargo del régimen comunista es acusado ante la justicia de su país vecino y enemigo.
Castro está acusado de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronave, por la muerte de cuatro personas.
Estos cargos suponen una nueva vuelta de tuerca en la gran presión que ejerce Washington sobre la isla comunista, sometida a un embargo desde 1962 y ahora devastada por una gravísima crisis económica.
Raúl Castro, de 94 años en la actualidad, era en 1996 ministro de Defensa.
«Se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba», escribió en X el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.
Estados Unidos «no olvida a sus ciudadanos», proclamó el fiscal general, Todd Blanche. Washington espera que Castro acabe entre rejas, añadió.
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, había ofrecido horas antes una «nueva relación» entre su país y Cuba, que «tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano», sostuvo.
«La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos, es porque quienes controlan su país, han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo», esgrimió Rubio.
EE. UU. ofrece $100 millones en alimentos y medicinas que deben ser distribuidos directamente a los cubanos por la Iglesia Católica u otra entidad apolítica.
El Tribunal Tercero de Sentencia condenó ayer a Kevin Monterrosa y Brayan Rivas a tres años de cárcel con medidas sustitutivas y a pagar $7 mil a una víctima a quien dieron una golpiza y ésta perdió su ojo izquierdo.
Según el relato de los hechos, el 22 de agosto de 2025, en el distrito de Mejicanos, Monterrosa y Rivas consumían bebidas alcohólicas. En ese momento llegó Jorge Regalado, quien iba a parquear su vehículo en la cochera de su casa.
Según el expediente judicial, Rivas se abalanzó sobre Regalado y le propinó un puñetazo, que rompió el vidrio de los lentes de la víctima y algunos fragmentos se le incrustaron en el ojo izquierdo. En ese momento, intervino Monterrosa, quien también intentó agredir a la víctima.
De acuerdo al relato de los hechos, Regalado tomó un machete que andaba en su vehículo y logró alejar a los agresores y luego pidió auxilio médico.
Mediante un juicio abreviado -los agresores aceptaron los cargos-, el Tribunal resolvió que se consumó el delito de lesiones graves y aplicó una pena de tres años de prisión que serán sustituidos por medidas como abstenerse de consumir drogas y bebidas embriagantes y no acercarse a la víctima.
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 45 años de prisión a Jonathan Steven Flores González, alias Slaper, quien ostentaba el rango de palabrero en la pandilla 18 y quien fue acusado por la Fiscalía General de la República por el delito de agrupaciones ilícitas.
En la misma audiencia única abierta, fueron condenados a 30 años de prisión, 54 pandilleros de los cuales 22 tenían el rango de homeboy y 32 en calidad de civiles activos.
El Tribunal también condenó a 25 años de cárcel a 20 personas que fungían como colaboradores de la misma pandilla 18 Revolucionarios de la estructura Isletas Locos, que tenían como centro de operaciones el distrito de Zacatecoluca, municipio de La Paz Centro.
Con la reforma al artículo 18 de la Ley contra Actos de Terrorismo, la Fiscalía está habilitada para promover audiencias únicas abiertas en las que se procesan masivamente a integrantes de estructuras criminales.
Bajo esta misma modalidad en el Tribunal Sexto contra el Crimen Otrganizado están siendo procesados 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha, a quienes se les atribuyen más de 47,000 delitos cometidos entre los años 2012 y 2022. Entre los sujetos a procesar hay 22 cabecillas de la ranfla históricos, 212 ranfleros, 152 corredor de programa, entre otros.
Todos ellos están siendo procesados de manera sumaria, por delitos como, homicidio agravado, desaparición de personas, extorsión, agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de armas de fuego, feminicidio, homicidio tentado y privación de libertad. Con el régimen de excepción han sido capturados más de 91 mil pandilleros.
