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Rolando Castro: Vamos a las oficinas de los equipos de la LMF para honrar salarios de los jugadores
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, conversó con un grupo de periodistas deportivos para aclarar el trabajo que van a realizar en cada una de las oficinas de los equipos de la Primera, Segunda y Tercera división del fútbol nacional, teniendo como objetivo central honrar el salario de los jugadores.
“Se busca verificar la situación laboral de los jugadores del fútbol profesional, cuerpo técnico y personal administrativo del deporte nacional. Aclaro, que nuestra única competencia, es eminentemente laboral”, detalló Castro.
“Donde quiera que exista una relación laboral, contractual o un acuerdo trabajador empleador en este país, eso basta para que el ente rector en materia laboral pueda intervenir, ya que la supremacía jurídica la define un Estado y no una institución”, aseveró el funcionario.
“Nuestro único interés es llevar justicia laboral donde no exista. Hay que reconocer que el fútbol en nuestro país es el deporte rey, los aficionados de los clubes van a los partidos y pagan por ver el mejor rendimiento de su equipo favorito para que ganen”, insistió.
“Sin embargo, ese rendimiento en la cancha lo hacen los jugadores y muchos de ellos llegan al estadio o la cancha, dejando a sus familiares con grandes crisis financieras en sus hogares, porque muchas veces no les han pagado su salario”, manifestó Rolando Castro.
En ese sentido, explicó que esos jugadores profesionales tienen contratos donde firman la cuantía, el tiempo del pago de sus salarios y los clubes incumplen.
Rolando Castro dijo que la labor que realizará el personal del Ministerio de Trabajo en cada uno de los clubes no tiene otra intención que no sea laboral. “Nuestro único objetivo, es sólo aplicar la ley tal y como debe de ser, y espero que ninguna institución se oponga a llevar justicia”, dijo.
“Nosotros vamos porque honren los salarios a jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo, tal y como estipula la ley vigente en El Salvador. La justicia debe prevalecer ante cualquier otro interés”, puntualizó.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
