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Rolando Castro: Vamos a las oficinas de los equipos de la LMF para honrar salarios de los jugadores
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, conversó con un grupo de periodistas deportivos para aclarar el trabajo que van a realizar en cada una de las oficinas de los equipos de la Primera, Segunda y Tercera división del fútbol nacional, teniendo como objetivo central honrar el salario de los jugadores.
“Se busca verificar la situación laboral de los jugadores del fútbol profesional, cuerpo técnico y personal administrativo del deporte nacional. Aclaro, que nuestra única competencia, es eminentemente laboral”, detalló Castro.
“Donde quiera que exista una relación laboral, contractual o un acuerdo trabajador empleador en este país, eso basta para que el ente rector en materia laboral pueda intervenir, ya que la supremacía jurídica la define un Estado y no una institución”, aseveró el funcionario.
“Nuestro único interés es llevar justicia laboral donde no exista. Hay que reconocer que el fútbol en nuestro país es el deporte rey, los aficionados de los clubes van a los partidos y pagan por ver el mejor rendimiento de su equipo favorito para que ganen”, insistió.
“Sin embargo, ese rendimiento en la cancha lo hacen los jugadores y muchos de ellos llegan al estadio o la cancha, dejando a sus familiares con grandes crisis financieras en sus hogares, porque muchas veces no les han pagado su salario”, manifestó Rolando Castro.
En ese sentido, explicó que esos jugadores profesionales tienen contratos donde firman la cuantía, el tiempo del pago de sus salarios y los clubes incumplen.
Rolando Castro dijo que la labor que realizará el personal del Ministerio de Trabajo en cada uno de los clubes no tiene otra intención que no sea laboral. “Nuestro único objetivo, es sólo aplicar la ley tal y como debe de ser, y espero que ninguna institución se oponga a llevar justicia”, dijo.
“Nosotros vamos porque honren los salarios a jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo, tal y como estipula la ley vigente en El Salvador. La justicia debe prevalecer ante cualquier otro interés”, puntualizó.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
Pandilleros de la estructura Fulton Locos Salvatruchos que delinquían en el departamento de Chalatenango, fueron condenados por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Entre los sentenciados está Víctor Morales Guardado, alias «Lechuza» o «Búho», a quien la Fiscalía General de la República vinculó con 19 hechos delictivos, incluyendo cuatro homicidios agravados.
Al final del juicio, el tribunal lo encontró responsable por los delitos de proposición y conspiración en homicidio agravado, tráfico ilícito, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego y agrupaciones ilícitas, imponiéndole 75 años de prisión.
También fue condenado Mariano de Jesús Ticas Rivas, alias «Bam Bam», el pandillero recibió 32 años de prisión por dos casos de extorsión agravada en perjuicio de víctimas con régimen de protección y Joel Armando Espinal Valle, fue sentenciado a cinco de cárcel.
Los mareros comenzaron a ser investigados tras la desaparición de dos hermanos en el 2017, en la jurisdicción de Tejutla, departamento de Chalatenango.
Otros hechos ocurrieron en 2018, en distintos puntos de ese departamento donde la estructura delictiva tenía presencia.
En la vista pública declararon varios testigos que fueron afectados por el accionar de los pandilleros, sobre todo, personas que estuvieron siendo extorsionadas.
La Fiscalía reforzó los testimonios de las víctimas con prueba documental y pericias que vincularon a los pandilleros con los crímenes acusados.
