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Renuevan calles que conectan San Francisco Javier
La renovación de 2.5 kilómetros de calle del cantón El Palmo al casco urbano del distrito de San Francisco Javier en el municipio de Usulután Oeste no solo mejoró la calidad de vida de más de 5,000 habitantes, sino que ayudó a los pequeños productores a trasladar sus productos al mercado y así elevar sus ingresos económicos.
El problema se debía al mal estado de la vía en época de invierno o en verano, pues tenían que batallar con lodazales o bajo fuertes nubes de polvo que terminaban enfermando de gripes con mayor dureza a la infancia y adultos mayores de 60 años, así como el deterioro de sus vehículos.
La obra que terminó con ese dolor de cabeza consistió en la pavimentación con mezcla asfáltica a lo largo y ancho de la vía, que para mayor fortaleza necesitó de una sub base de material selecto (tierra especial) de 20 centímetros de espesor, así como una base de suelo cemento de igual grosor, tal y como lo establecen los estándares internacionales.
Asimismo, fueron desarrolladas obras de protección como muros de contención en piedra, construcción de sistemas de evacuación de aguas lluvias superficiales como cunetas y canaletas de concreto a lo largo de la calle en ambos lados.
Para complementar, se construyeron badenes transversales para encauzar las correntadas de las cunetas y así llevarlas a sitios específicos para su evacuación; también fueron construidos túmulos o reductores de velocidad para evitar accidentes viales, más que todo en zonas escolares.
Esta es la segunda obra que la DOM desarrolla en San Francisco Javier, la primera fue entregada el 13 de marzo del presente año, que consistió en la pavimentación de 2 kilómetros con mezcla asfáltica.
A escala departamental de Usulután, la DOM ejecuta 29 proyectos, ocho de los cuales ya fueron entregados a los habitantes de municipios como la cabecera departamental, Tecapán, Santa Elena, Santa María, San Dionisio, San Agustín, Puerto El Triunfo y Jucuarán.
Entre las obras en ejecución destacan unidades de salud, escuelas, polideportivos, proyectos de agua potable y modernas calles rurales y urbanas.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
