Judicial
Munguía Payés deberá devolver al Estado más de US$400 mil
El exministro de Defensa, David Munguía Payés, fue condenado este jueves por la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, a devolver al estado más de $400 mil que no logró justificar en su patrimonio; asimismo, su esposa Sandra Dinora Molina de Munguía, fue condenada a devolver $3,114.04.
La suma que el exfuncionario y su esposa tendrán que devolver al estado asciende a $462,737.81. El juez, además inhabilitó a ambos por un periodo de 10 años para ejercer cargos públicos.
En el juicio se logró determinar que Payés, cuando fungió como ministro de la Defensa Nacional, en el periodo de presidencial de Mauricio Funes, se enriqueció por un monto de $459,123.74, siendo $32,174 menos de lo que la Fiscalía demandaba.
El informe de Probidad de la CSJ mostró 11 irregularidades en el patrimonio del exfuncionario, consistentes en varios depósitos a plazo en distintos bancos, entre ellos 39 depósitos en una cuenta de ahorro por un arrendamiento de una vivienda que no era de él. Igualmente, se cuestionó la cantidad de $20,000 de un monto de $100,000 que costó un inmueble en Tamanique, La Libertad, y el pago de una tarjeta de crédito por $55,595.
Las hijas del general también fueron procesadas pero resultaron absueltas por la Cámara. Sandra Patricia Munguía, estaba siendo acusada por la Fiscalía por un monto de $2,362.50 y Blanca Patricia Munguía, por $1,100.
Durante el juicio, el exministro reconoció que el gobierno le entregaba «un promedio de $1,000 mensuales” en concepto de «complementos salariales” o sobresueldos y eran parte de sus ingresos, además del salario de $3,500 que recibía.
Munguía Payés cumple una condena de 18 años por los delitos de agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios en el caso de la tregua con pandillas.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 30 años de prisión a Sifredo Norberto Martínez Corquín, quien es acusado por el delito de secuestro agravado.
En diciembre del 2010, el imputado junto a otros pandilleros de la 18, privaron de libertad a la víctima que residía en Valle Verde, distrito de Apopa, y la mantuvieron secuestrada por varios días hasta que le quitaron la vida.
«El día 3 de diciembre de 2010, la víctima clave Fernanda, fue secuestrada en la colonia Valle Verde 3, del municipio de Apoya, por sujetos pertenecientes a la pandilla 18 que operaban en el sector, entre este grupo de pandilleros se encontraba el señor Sifredo Norberto Martínez Corquín, alias el Negro, quien colaboró en el traslado desde una casa a la otra donde estuvo privada de libertad la víctima, quien el día 4 de diciembre de 2010, lastimosamente fue asesinada y enterada por dichos pandilleros en la zona», indicó el fiscal del caso.
La fuente detalló que el cuerpo de la víctima fue localizado en el sector conocido como la Arenera, Apopa.
«El cadáver de clave Fernanda fue encontrado en el sector de la Arenera mutilado y enterrado casi un año después, en el 2011», señaló el fiscal.
Agregó «en virtud de ello, el Tribunal Quinto contra el crimen organizado juez 1 de San Salvador, consideró la prueba testimonial, documental y pericial declarando al imputado responsable penalmente, condenandolo a 30 años de prisión, por el delito de secuestro agravado».
Este pandillero también es procesado por otros delitos.
