Judicial
Munguía Payés deberá devolver al Estado más de US$400 mil
El exministro de Defensa, David Munguía Payés, fue condenado este jueves por la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, a devolver al estado más de $400 mil que no logró justificar en su patrimonio; asimismo, su esposa Sandra Dinora Molina de Munguía, fue condenada a devolver $3,114.04.
La suma que el exfuncionario y su esposa tendrán que devolver al estado asciende a $462,737.81. El juez, además inhabilitó a ambos por un periodo de 10 años para ejercer cargos públicos.
En el juicio se logró determinar que Payés, cuando fungió como ministro de la Defensa Nacional, en el periodo de presidencial de Mauricio Funes, se enriqueció por un monto de $459,123.74, siendo $32,174 menos de lo que la Fiscalía demandaba.
El informe de Probidad de la CSJ mostró 11 irregularidades en el patrimonio del exfuncionario, consistentes en varios depósitos a plazo en distintos bancos, entre ellos 39 depósitos en una cuenta de ahorro por un arrendamiento de una vivienda que no era de él. Igualmente, se cuestionó la cantidad de $20,000 de un monto de $100,000 que costó un inmueble en Tamanique, La Libertad, y el pago de una tarjeta de crédito por $55,595.
Las hijas del general también fueron procesadas pero resultaron absueltas por la Cámara. Sandra Patricia Munguía, estaba siendo acusada por la Fiscalía por un monto de $2,362.50 y Blanca Patricia Munguía, por $1,100.
Durante el juicio, el exministro reconoció que el gobierno le entregaba «un promedio de $1,000 mensuales” en concepto de «complementos salariales” o sobresueldos y eran parte de sus ingresos, además del salario de $3,500 que recibía.
Munguía Payés cumple una condena de 18 años por los delitos de agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios en el caso de la tregua con pandillas.
Judicial
FGR logra condena histórica contra 66 pandilleros de la MS-13: penas alcanzan hasta 807 años de cárcel
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una histórica condena contra 66 miembros de la clica Saylor Locos Salvatruchos, de la pandilla MS-13, quienes fueron sentenciados a penas que oscilan hasta los 807 años de prisión por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en los municipios de Lolotique, Moncagua, Chapeltique y San Miguel.
Las investigaciones fiscales comprobaron que los imputados estuvieron involucrados en 24 homicidios agravados, 12 extorsiones, un caso de privación de libertad, dos proposiciones y conspiraciones para cometer homicidio, y cuatro expedientes relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas. También se les procesó por asociaciones delictivas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo fue el asesinato de una pareja el 4 de agosto de 2019 en el cantón El Platanar, Moncagua. Según las autoridades, los pandilleros sospechaban que una de las víctimas colaboraba con la Policía al brindar información sobre el paradero de un marero.
Entre los cabecillas condenados figura Hérbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue sentenciado a 807 años de prisión por su participación en 20 homicidios, así como por extorsiones, tráfico de drogas y conspiración para cometer homicidios. Otros sentenciados destacados incluyen a Gérber Natividad López Mejía, alias Aliens, condenado a 727 años por 18 homicidios, y Melquisidec Jiménez Zavala, alias Yaspers, sentenciado a 663 años por 17 asesinatos.
De los 66 pandilleros procesados, 18 enfrentaron juicio en calidad de rebeldes y los demás comparecieron de manera virtual ante el Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Miguel. La FGR subrayó que esta sentencia representa un golpe contundente contra estructuras criminales que operaban con impunidad en el oriente del país.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este lunes una acusación formal contra Erik Alexander Mejía Alfaro por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, tras un violento ataque contra su compañera de vida en el cantón El Socorro, distrito de Zacatecoluca, departamento de La Paz Este.
El hecho ocurrió el pasado 28 de mayo, cuando Mejía Alfaro siguió a la víctima hasta su vivienda y la agredió brutalmente, iniciando con golpes físicos y luego utilizando un arma blanca tipo corvo. Durante el ataque, la víctima intentó defenderse con las manos, pero el agresor le causó heridas graves en ambas extremidades.
Según las autoridades, la mujer mantenía una relación con el imputado marcada por episodios constantes de violencia física y psicológica.
Tras la agresión, el atacante huyó del lugar, pero fue localizado y capturado por la Policía Nacional Civil el 31 de mayo. La Fiscalía solicitó al Juzgado de Paz de Zacatecoluca que el acusado permanezca en detención provisional, mientras continúa la investigación.
El caso ha generado indignación y reaviva el llamado de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres a reforzar las medidas de prevención y protección ante la violencia feminicida en el país.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 30 años de prisión a Roberto Carlos Castillo Rodríguez, conocido como alias Casco, por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, limitación ilegal a la libre circulación y amenazas con agravación especial.
Según la investigación fiscal, el 14 de noviembre de 2016, alias Casco, acompañado por tres sujetos más, llegó a la vivienda de una víctima para exigirle el pago inmediato de $300 en concepto de extorsión. La víctima pidió más tiempo para reunir el dinero. Sin embargo, días después, fue interceptada nuevamente por el pandillero, a quien solo logró entregarle $150.
Tras recibir el dinero, alias Casco amenazó al afectado con matarlo junto a su familia si no abandonaban la vivienda esa misma noche. Temiendo por su vida, la víctima huyó del lugar y presentó la denuncia ante las autoridades.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó abundante prueba que demostraba la participación directa del imputado, identificado como homeboy de la clica Witmer Locos Salvatruchos, perteneciente a la Mara Salvatrucha (MS-13).
Además de esta condena, el tribunal también sentenció a Nuria Eugenia Flores López a cuatro años de prisión por agrupaciones ilícitas, pena máxima establecida para colaboradores bajo el Código Penal anterior.
Las autoridades reiteraron su compromiso con la lucha contra las estructuras criminales que han generado violencia y desplazamiento forzado en el país.
