Judicial
Justicia libera a pandilleros acusados de desaparecer a repartidor de pizza
El Juzgado Cuarto de Sentencia dejó en libertad a los cuatro imputados por los delitos de desaparición de personas y robo agravado, en contra de cuatro pandilleros acusados por este delito cometido en octubre de 2020 en la colonia San Antonio, en Soyapango, San Salvador.
“La prueba no ha sido suficiente para acreditar la participación de los procesados en el hecho, si bien, se puede acreditar que existe una persona de quien se desconoce a este momento su ubicación” expresó la jueza.
Luego procedió a dejar en libertad por el delito de desaparición de personas a los procesados Neri Vladimir Castillo Rivas, Héctor Vladimir Cruz Morales, Rafael Obdulio Hernández Ramos y José Ramírez Montoya, según la acusación fiscal todos integrantes de la padilla 18 Sureños.
La jueza agregó que tampoco se puede atribuir la participación de los acusados en el robo agravado, debido a que la Fiscalía únicamente hizo referencia a que la víctima se conducía en una motocicleta, pero no presentó ningún documento que acreditara la existencia de la misma. Es decir que no se presentó ningún documento que demostrara que la moto fuera de la familia o de la empresa donde laboraba.
El Estado le volvió a fallar a Dennis. La Policía Nacional Civil no fue capaz de auxiliarlo cuando un grupo de pandilleros lo raptaron el 6 de octubre de 2020 en la colonia San Antonio, en Soyapango y ayer la Fiscalía General no logró probar la participación de cuatro acusados en la desaparición del repartidor de pizzas.
Denis Alexander Menjívar Pineda fue privado de libertad y desaparecido hace más de un año cuando hacía la entrega de una pizza.
El joven de 23 años residía en Apopa y trabajaba para una pizzería de la zona. Un día antes de desaparecer fue trasladado a la sucursal de Soyapango.
Según la investigación fiscal cuando el repartidor realizaba una entrega fue interceptado por un grupo de pandilleros que lo despojaron de su teléfono celular, la moto, la mochila en que transportaba la pizza y todas sus pertenencias.
Denis logró escapar, corrió por unos pasajes hasta refugiarse en una casa desde donde llamó a sus familiares y a la Policía.
El trabajador también logró enviar su ubicación al gerente de la sucursal de la pizzería donde estaba asignado y realizó al menos tres llamadas al 911, pero no obtuvo respuesta.
La empresa envió dos servicios de Uber al lugar para tratar de sacar al joven, pero no lo encontraron.
Después de una hora de estar en la casa donde logró esconderse, los pandilleros llegaron armados a buscarlo, el dijo a las personas que le estaban ayudando que no quería meterlos en problemas y se saltó un muro en la parte de atrás de la propiedad para huir.
Luego residentes llamaron al sistema 911 para alertar que los pandilleros llevaban a un joven y lo iban golpeando; sin embargo, según consta en el relato, fue hasta las 8:00 de la noche, cuando las autoridades instalaron una mesa de crisis para atender la denuncia. Nunca más se supo de su paradero.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
