Judicial
Justicia libera a pandilleros acusados de desaparecer a repartidor de pizza
El Juzgado Cuarto de Sentencia dejó en libertad a los cuatro imputados por los delitos de desaparición de personas y robo agravado, en contra de cuatro pandilleros acusados por este delito cometido en octubre de 2020 en la colonia San Antonio, en Soyapango, San Salvador.
“La prueba no ha sido suficiente para acreditar la participación de los procesados en el hecho, si bien, se puede acreditar que existe una persona de quien se desconoce a este momento su ubicación” expresó la jueza.
Luego procedió a dejar en libertad por el delito de desaparición de personas a los procesados Neri Vladimir Castillo Rivas, Héctor Vladimir Cruz Morales, Rafael Obdulio Hernández Ramos y José Ramírez Montoya, según la acusación fiscal todos integrantes de la padilla 18 Sureños.
La jueza agregó que tampoco se puede atribuir la participación de los acusados en el robo agravado, debido a que la Fiscalía únicamente hizo referencia a que la víctima se conducía en una motocicleta, pero no presentó ningún documento que acreditara la existencia de la misma. Es decir que no se presentó ningún documento que demostrara que la moto fuera de la familia o de la empresa donde laboraba.
El Estado le volvió a fallar a Dennis. La Policía Nacional Civil no fue capaz de auxiliarlo cuando un grupo de pandilleros lo raptaron el 6 de octubre de 2020 en la colonia San Antonio, en Soyapango y ayer la Fiscalía General no logró probar la participación de cuatro acusados en la desaparición del repartidor de pizzas.
Denis Alexander Menjívar Pineda fue privado de libertad y desaparecido hace más de un año cuando hacía la entrega de una pizza.
El joven de 23 años residía en Apopa y trabajaba para una pizzería de la zona. Un día antes de desaparecer fue trasladado a la sucursal de Soyapango.
Según la investigación fiscal cuando el repartidor realizaba una entrega fue interceptado por un grupo de pandilleros que lo despojaron de su teléfono celular, la moto, la mochila en que transportaba la pizza y todas sus pertenencias.
Denis logró escapar, corrió por unos pasajes hasta refugiarse en una casa desde donde llamó a sus familiares y a la Policía.
El trabajador también logró enviar su ubicación al gerente de la sucursal de la pizzería donde estaba asignado y realizó al menos tres llamadas al 911, pero no obtuvo respuesta.
La empresa envió dos servicios de Uber al lugar para tratar de sacar al joven, pero no lo encontraron.
Después de una hora de estar en la casa donde logró esconderse, los pandilleros llegaron armados a buscarlo, el dijo a las personas que le estaban ayudando que no quería meterlos en problemas y se saltó un muro en la parte de atrás de la propiedad para huir.
Luego residentes llamaron al sistema 911 para alertar que los pandilleros llevaban a un joven y lo iban golpeando; sin embargo, según consta en el relato, fue hasta las 8:00 de la noche, cuando las autoridades instalaron una mesa de crisis para atender la denuncia. Nunca más se supo de su paradero.
Este 8 de octubre inició el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de actos arbitrarios y desobediencia, en perjuicio de la administración pública y de empleados municipales.
De acuerdo con las investigaciones, durante su gestión al frente de la municipalidad, Montano realizó despidos de manera arbitraria, sin respetar los procedimientos legales establecidos para separar de sus cargos a los trabajadores de la comuna.
“Durante su gestión, Nercy Patricia Montano de Martínez realizó despidos de forma arbitraria, sin seguir el procedimiento legal establecido para separar de sus cargos a empleados de la municipalidad”, señaló la Fiscalía en su reporte.
Ante estas vulneraciones, los trabajadores afectados interpusieron recursos ante los juzgados correspondientes y obtuvieron fallos favorables que ordenaban su reinstalación inmediata, así como el pago de los salarios y las prestaciones adeudadas.
Sin embargo, según la información proporcionada, la exfuncionaria y su concejo municipal se negaron a cumplir con los mandatos judiciales, situación que dio origen al proceso penal que enfrenta actualmente.
Rodrigo Alejandro González Franco fue condenado a 20 años de prisión por intentar asesinar a su compañera de vida, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El fallo fue emitido por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, a solicitud presentada por la Fiscalía.
El hecho ocurrió el 7 de marzo de 2026, cuando González Franco llegó a la vivienda de la víctima, ubicada en una comunidad del distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este.
De acuerdo con lo establecido durante el proceso, González Franco comenzó a ingerir bebidas alcohólicas y, minutos después, golpeó en varias ocasiones a su compañera de vida. Esta conducta fue calificada durante el juicio penal como feminicidio agravado tentado.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público también establecieron que el ahora condenado intentó asfixiar a la víctima. Sin embargo, la hija de ella intervino para poner fin a la agresión.
Posteriormente, la víctima y sus familiares acudieron a interponer la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitió la captura de González Franco en el término de flagrancia.
Semanas después, la Fiscalía inició el proceso penal en un juzgado de paz de Ilopango, mientras que la fase de instrucción fue conocida por juzgados especializados de la mujer.
«Durante el proceso judicial, la representación fiscal presentó elementos probatorios que fueron contundentes para demostrar la vinculación del imputado con los hechos atribuidos», publicó el Ministerio Público.
Omar Iván Alfaro Cruz fue condenado a 12 años de prisión por el delito de hurto agravado y al pago de $1,000 en concepto de responsabilidad civil, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía, Alfaro Cruz se hacía pasar como paciente o acompañante para sustraer objetos de valor de empleados o del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
El condenado aprovechaba que el personal se encontraba realizando sus labores para hurtar teléfonos celulares y otros objetos de valor que permanecían a la vista.
Uno de los hechos ocurrió el 2 de mayo de 2025, cuando ingresó al Hospital Médico Quirúrgico, en San Salvador. Al llegar al área de Neumología, esperó a que ocurriera una emergencia para hurtar una tablet propiedad del ISSS.
La sentencia condenatoria fue dictada durante un juicio sumario por el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador. Este procedimiento permitió agilizar el desarrollo del juicio.
