Judicial
Justicia libera a pandilleros acusados de desaparecer a repartidor de pizza
El Juzgado Cuarto de Sentencia dejó en libertad a los cuatro imputados por los delitos de desaparición de personas y robo agravado, en contra de cuatro pandilleros acusados por este delito cometido en octubre de 2020 en la colonia San Antonio, en Soyapango, San Salvador.
“La prueba no ha sido suficiente para acreditar la participación de los procesados en el hecho, si bien, se puede acreditar que existe una persona de quien se desconoce a este momento su ubicación” expresó la jueza.
Luego procedió a dejar en libertad por el delito de desaparición de personas a los procesados Neri Vladimir Castillo Rivas, Héctor Vladimir Cruz Morales, Rafael Obdulio Hernández Ramos y José Ramírez Montoya, según la acusación fiscal todos integrantes de la padilla 18 Sureños.
La jueza agregó que tampoco se puede atribuir la participación de los acusados en el robo agravado, debido a que la Fiscalía únicamente hizo referencia a que la víctima se conducía en una motocicleta, pero no presentó ningún documento que acreditara la existencia de la misma. Es decir que no se presentó ningún documento que demostrara que la moto fuera de la familia o de la empresa donde laboraba.
El Estado le volvió a fallar a Dennis. La Policía Nacional Civil no fue capaz de auxiliarlo cuando un grupo de pandilleros lo raptaron el 6 de octubre de 2020 en la colonia San Antonio, en Soyapango y ayer la Fiscalía General no logró probar la participación de cuatro acusados en la desaparición del repartidor de pizzas.
Denis Alexander Menjívar Pineda fue privado de libertad y desaparecido hace más de un año cuando hacía la entrega de una pizza.
El joven de 23 años residía en Apopa y trabajaba para una pizzería de la zona. Un día antes de desaparecer fue trasladado a la sucursal de Soyapango.
Según la investigación fiscal cuando el repartidor realizaba una entrega fue interceptado por un grupo de pandilleros que lo despojaron de su teléfono celular, la moto, la mochila en que transportaba la pizza y todas sus pertenencias.
Denis logró escapar, corrió por unos pasajes hasta refugiarse en una casa desde donde llamó a sus familiares y a la Policía.
El trabajador también logró enviar su ubicación al gerente de la sucursal de la pizzería donde estaba asignado y realizó al menos tres llamadas al 911, pero no obtuvo respuesta.
La empresa envió dos servicios de Uber al lugar para tratar de sacar al joven, pero no lo encontraron.
Después de una hora de estar en la casa donde logró esconderse, los pandilleros llegaron armados a buscarlo, el dijo a las personas que le estaban ayudando que no quería meterlos en problemas y se saltó un muro en la parte de atrás de la propiedad para huir.
Luego residentes llamaron al sistema 911 para alertar que los pandilleros llevaban a un joven y lo iban golpeando; sin embargo, según consta en el relato, fue hasta las 8:00 de la noche, cuando las autoridades instalaron una mesa de crisis para atender la denuncia. Nunca más se supo de su paradero.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
