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Judicial

Justicia libera a pandilleros acusados de desaparecer a repartidor de pizza

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El Juzgado Cuarto de Sentencia dejó en libertad a los cuatro imputados por los delitos de desaparición de personas y robo agravado, en contra de cuatro pandilleros acusados por este delito cometido en octubre de 2020 en la colonia San Antonio, en Soyapango, San Salvador.

“La prueba no ha sido suficiente para acreditar la participación de los procesados en el hecho, si bien, se puede acreditar que existe una persona de quien se desconoce a este momento su ubicación” expresó la jueza.

Luego procedió a dejar en libertad por el delito de desaparición de personas a los procesados Neri Vladimir Castillo Rivas, Héctor Vladimir Cruz Morales, Rafael Obdulio Hernández Ramos y José Ramírez Montoya, según la acusación fiscal todos integrantes de la padilla 18 Sureños.

La jueza agregó que tampoco se puede atribuir la participación de los acusados en el robo agravado, debido a que la Fiscalía únicamente hizo referencia a que la víctima se conducía en una motocicleta, pero no presentó ningún documento que acreditara la existencia de la misma. Es decir que no se presentó ningún documento que demostrara que la moto fuera de la familia o de la empresa donde laboraba.

El Estado le volvió a fallar a Dennis. La Policía Nacional Civil no fue capaz de auxiliarlo cuando un grupo de pandilleros lo raptaron el 6 de octubre de 2020 en la colonia San Antonio, en Soyapango y ayer la Fiscalía General no logró probar la participación de cuatro acusados en la desaparición del repartidor de pizzas.

Denis Alexander Menjívar Pineda fue privado de libertad y desaparecido hace más de un año cuando hacía la entrega de una pizza.

El joven de 23 años residía en Apopa y trabajaba para una pizzería de la zona. Un día antes de desaparecer fue trasladado a la sucursal de Soyapango.

Según la investigación fiscal cuando el repartidor realizaba una entrega fue interceptado por un grupo de pandilleros que lo despojaron de su teléfono celular, la moto, la mochila en que transportaba la pizza y todas sus pertenencias.

Denis logró escapar, corrió por unos pasajes hasta refugiarse en una casa desde donde llamó a sus familiares y a la Policía.

El trabajador también logró enviar su ubicación al gerente de la sucursal de la pizzería donde estaba asignado y realizó al menos tres llamadas al 911, pero no obtuvo respuesta.

La empresa envió dos servicios de Uber al lugar para tratar de sacar al joven, pero no lo encontraron.

Después de una hora de estar en la casa donde logró esconderse, los pandilleros llegaron armados a buscarlo, el dijo a las personas que le estaban ayudando que no quería meterlos en problemas y se saltó un muro en la parte de atrás de la propiedad para huir.

Luego residentes llamaron al sistema 911 para alertar que los pandilleros llevaban a un joven y lo iban golpeando; sin embargo, según consta en el relato, fue hasta las 8:00 de la noche, cuando las autoridades instalaron una mesa de crisis para atender la denuncia. Nunca más se supo de su paradero.

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Fiscalía destruye 1,362 kilos de cocaína valorados en más de $34 millones decomisados a ecuatorianos

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La Fiscalía General de la República (FGR) supervisó este miércoles la destrucción de 1,362 kilos de cocaína valorados en más de 34 millones de dólares en el mercado ilícito. La quema se realizó en Shangallo, distrito de Ilopango, San Salvador, luego de completar los procedimientos legales correspondientes sobre el cargamento decomisado.

La droga fue incautada el 17 de julio por miembros de la Fuerza Naval a 947 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en aguas del Pacífico. En el operativo fueron detenidos dos hombres de nacionalidad ecuatoriana, quienes ya enfrentan proceso judicial por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Con esta acción, las autoridades confirman el avance de las diligencias penales y refuerzan las operaciones antinarcóticos en el país, donde los decomisos de grandes cargamentos de cocaína en alta mar continúan siendo una prioridad en la lucha contra el narcotráfico.

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Juzgado decreta detención provisional a conductor de Corvette por muerte de repartidor en San Salvador

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El pasado 6 de agosto de 2026, Francisco Javier García Hernández departió y consumió bebidas alcohólicas en un restaurante ubicado en el bulevar El Hipódromo, en San Salvador. Posteriormente abordó su vehículo deportivo, un Chevrolet Corvette negro con placas P53-8EB.

Bajo los efectos del alcohol, según la Fiscalía, circuló en sentido contrario y a excesiva velocidad. Impactó de frente al motociclista Manuel de Jesús Murcia Arístides, quien se desempeñaba como repartidor de PedidosYa y también vendía productos lácteos para complementar sus ingresos.

Tras el golpe, la víctima fue arrastrada aproximadamente 16 metros sobre la vía. García Hernández abandonó la escena sin prestar auxilio, dejó el Corvette a unos 800 metros del lugar y se retiró en otro vehículo.

La Policía Nacional Civil inició la búsqueda del conductor. El 8 de agosto, García Hernández se presentó voluntariamente en una delegación policial y fue remitido por el delito de homicidio culposo. En redes sociales circularon rumores que lo vinculaban erróneamente con el entorno familiar del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien desmintió cualquier relación.

El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó este martes 18 de agosto de 2026 la instrucción formal con detención provisional contra Francisco Javier García Hernández, acusado de homicidio culposo y conducción peligrosa por la muerte del motociclista repartidor Manuel de Jesús Murcia Arístides. El hecho ocurrió la noche del 6 de agosto en el bulevar El Hipódromo, cuando el imputado, tras consumir alcohol, impactó con su Chevrolet Corvette al trabajador de una aplicación de comida, lo arrastró 16 metros y huyó del lugar.

Durante la audiencia inicial celebrada este martes, el juez consideró suficientes los indicios presentados por la Fiscalía. Entre las pruebas destacan un peritaje que confirma la velocidad excesiva del vehículo y videos que muestran al imputado consumiendo alcohol antes del accidente, así como el momento del impacto.

El juzgador determinó que existe riesgo de fuga o de obstaculización de la investigación, por lo que decretó la detención provisional mientras continúa el proceso penal. Además, ordenó la inmovilización de dos cuentas bancarias a nombre de García Hernández por un monto superior a los 80 mil dólares y aplicó medidas patrimoniales sobre otros bienes.

Manuel de Jesús Murcia Arístides era descrito por sus cercanos como un hombre trabajador y responsable, que se esforzaba por sostener a su familia con su labor de repartidor y la venta de productos lácteos. El caso ha generado amplio seguimiento en redes y medios locales desde el día del accidente.

El proceso penal sigue su curso con el imputado bajo detención provisional. Las autoridades judiciales continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer plenamente los hechos.

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Condenan a 20 años de prisión a maestro de Usulután por agredir y acosar sexualmente a dos alumnas de 9 y 12 años

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Melvin Javier Osegueda Claros, docente de un centro escolar del distrito de Santiago de María, en Usulután Norte, fue condenado a 20 años de cárcel por el Tribunal de Sentencia de Usulután. La pena se divide en 16 años por agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada y 4 años por acoso sexual.

Los hechos ocurrieron entre febrero y octubre de 2025 dentro de las instalaciones escolares. Las víctimas eran dos estudiantes de 9 y 12 años. El maestro se aprovechó de su cargo para cometer los delitos durante casi todo el año lectivo.

Fue detenido el 22 de octubre de 2025 luego de que familiares de las menores interpusieran la denuncia correspondiente. La Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que el tribunal valoró para determinar su responsabilidad penal.

El proceso se desarrolló bajo reserva para proteger la identidad y la intimidad de las víctimas. La sentencia busca enviar un mensaje claro contra quienes abusan de su posición de confianza en el sistema educativo.

Las autoridades judiciales y fiscales reiteraron su compromiso de perseguir con rigor este tipo de delitos que afectan a la niñez y adolescencia.

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