Judicial
Juicio para exministro de Seguridad y 18 más por casos de tiendas penitenciarias
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador decretó este viernes enviar a juicio al exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez, y 18 personas más, acusados por los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad, cometidos en las tiendas penitenciarias bajo el nombre de la Asociación Yo Cambio (Asocambio).
“Existe suficiente prueba, tanto de la Fiscalía y la defensa como para que sea valorada en sentencia, en la siguiente fase…ese sería la resolución de esta audiencia”, afirmó la jueza instructora. Mientras manifestó que aceptó toda la prueba ofertada por las partes procesales para que un tribunal las valore.
En cuanto a las medidas, la jueza ordenó mantener las medidas sustitutivas a la detención, ya que, consideró que mostraron la voluntad de someterse al proceso penal. En el caso del exministro, Mauricio Ramírez Landaverde y Ramón Fernando Roque Mártir, exinspector general de Centros Penales, únicos detenidos por el caso, decidió mantener la detención provisional.
“No dieron una resolución individualizando los hechos, pero ni eso, bueno, lógicamente nos vamos a ir al tribunal de sentencia, ojalá que nos manden a un tribunal que valga la pena, porque yo tengo la certeza que en mi cliente ni había nada mas que el hecho de haber firmado la escritura de constitución de Asocambio; ni modo, vamos a vista pública y allá nos vamos a tener que ver las caras”, aseguró Eduardo Cardoza, abogado del exdirector de ejecutivo de la Dirección de Centros Penales, Luis Alonso Barrera.
Diario El Mundo preguntó al exviceministro de Seguridad, Raúl Antonio López, sobre la decisión de la jueza de enviarlo a juicio y únicamente dijo: “Creo que es una resolución poco escueta, pero vamos a esperar la administración de justicia”.
El resto de procesados que fueron enviados a juicio son:
El exdirector general de Centros Penales, Marco Tulio Lima;
El exdirector jurídico del Ministerio de Justicia y Seguridad, José Roberto Nochez;
La empleada de la Dirección de Centros Penales, Flor de María Hernández Alfaro;
El director de ejecutivo de Centros Penales, Luis Alonso Barrera, y
El exsubdirector de penales, Orlando Elias Molina Ríos, a todos se les imputa el delito de actos arbitrarios.
Más de una docena de exempleados de ANDA son procesados, y exfuncionarios de Centros Penales./ Lisbeth Ayala
Más de una docena de exempleados de ANDA son procesados, y exfuncionarios de Centros Penales./ Lisbeth Ayala
En el caso de Ramírez Landaverde también le imputan peculado. Además, otras 13 exempleados de la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) son imputados de cohecho impropio.
La acusación.
Las 19 personas son acusadas de los delitos de actos arbitrarios, en la conformación de la Asociación Yo Cambio ( Asocambio), entidad donde se captaron y administraron fondos que familiares de reos, depositaban para alimentación.
La acusación establece que crearon 21 cuentas bancarias, una cuenta por penal, y por medio de esas cuentas trasladaron los fondos y se empezaron a administrar. La pericia financiera contable realizada en el caso indica que la Asociación Yo Cambio (Asocambio) administró $510,000 y no $14 millones como acusó públicamente la Fiscalía General de la República en septiembre de 2021.
La Fiscal aseguró que en esas cuentas, el dinero fue sacado entre octubre del 2018 a abril del 2019, y fue trasladado a Asocambio para comprar vehículos y bienes inmuebles, entre octubre del 2018 a abril del 2019.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 61 años de cárcel para Carlos Fredy Rosa Meléndez, quien es acusado de abusar sexualmente de varios menores de edad y documentar en videos los hechos.
Consta en el proceso judicial que el sujeto se aprovechó de los menores de edad entre los años 2020 y el 2022.
La FGR lo acusó por violación en menor e incapaz en su modalidad continuada, agresión sexual en menor e incapaz en su modalidad continuada en perjuicio de 2 víctimas, utilización de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad en pornografía a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación y por adquisición o posesión de material pornografía de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación.
Durante la Audiencia Preliminar en el Caso SITRAMSS, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que los procesados sean enviados a juicio, en este sentido, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, emitió orden de captura para Nelson Napoleón García, exviceministro de transporte en uno de los gobiernos del FMLN.
En la investigación García es acusado por dos cargos de extorsión agravada, debido a que realizó actos de intimidación y coacción en contra de transportistas que prestaban servicio en la terminal y la vía que era utilizada por el Sitramss, a quienes les exigía que entregaran sus líneas de transporte.
Además, las pruebas presentadas en el caso también demostraron que los procesados presentes: Edwin Flores, exdirector de Tránsito del VMT, concedió de manera irregular el proyecto de transporte público a SIPAGO, empresa privada de Miguel Ángel Castaneda, acción que no contó con la aprobación legal de la Asamblea Legislativa.
Por otra parte, Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas, fue separado del proceso por el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla.
#AJuicio | La @FGR_SV logró que los procesados en el #CasoSITRAMSS sean enviados a juicio.
Las pruebas presentadas durante la Audiencia Preliminar han demostrado que, en el 2015, Flores concedió de manera irregular el proyecto de transporte público a la empresa privada de… pic.twitter.com/T4wshdHcdT
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 25, 2024
En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.
Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.
García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.
Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.
Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.
