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Cuñado de presidenta de Honduras admite reunión con narco
El secretario del Congreso de Honduras, Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, afirmó este sábado que renunciará a su cargo para ser investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico.
«Voy a presentar mi renuncia al Congreso Nacional como diputado y como secretario del Congreso para despojarme de cualquier tipo de blindaje que pueda tener y se me investigue», declaró a periodistas el diputado, hermano del expresidente Manuel Zelaya, derrocado en 2009 en un golpe de Estado.
Tras rendir declaraciones en la Fiscalía, Carlos Zelaya dijo haber caído «en una trampa» al reconocer que participó en 2013 en una reunión donde estuvo un conocido narcotraficante hondureño y se ofreció «una aportación para la campaña» electoral del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre).
«Esa reunión nunca tuvo el aval del presidente Zelaya, nunca tuvo ni el aval ni el acompañamiento, mucho menos conocimiento de esa reunión, ni la presidenta Castro, fue una reunión unilateral de mi parte», aseveró en las afueras de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, en Comayagüela.
Minutos después de las declaraciones de Carlos Zelaya, su hijo, el ministro de Defensa de Honduras, José Manuel Zelaya, anunció su renuncia.
«Para que se investigue con toda libertad, he presentado mi renuncia como Ministro de Defensa ante la Presidenta @XiomaraCastroZ resaltando la integridad y el honor de mi Padre @CarlosZelayaR», escribió el ministro en la red social X.
La declaración de Carlos Zelaya ante la Fiscalía y la prensa se dio tres días después de que la presidenta izquierdista anunciara su decisión de cancelar el tratado de extradición con Estados Unidos, que permitió extraditar y encarcelar a 50 hondureños ligados al narcotráfico, entre ellos poderosos políticos.
Tratado de extradición
Al día siguiente afirmó que lo hizo para evitar que Estados Unidos lo usara contra militares que le son leales y facilite un intento de golpe de Estado.
«Se está fraguando un plan en contra de mi Gobierno», afirmó la mandataria el jueves 29 de agosto al referirse implícitamente a Estados Unidos.
Castro tomó su decisión en respuesta a la, según ella, «injerencia» de la embajadora de Washington en Tegucigalpa, Laura Dogu, quien criticó una reunión del ministro de Defensa, Jose Manuel Zelaya, y el jefe de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, con el ministro de Defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino López.
«Estoy sorprendida al verlos sentados al lado de un narcotraficante en Venezuela», criticó Dogu.
Carlos Zelaya es padre del ministro de Defensa hondureño y fue mencionado en marzo pasado en el juicio en el que fue condenado en Nueva York a 45 años el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández por narcotráfico.
«Si mañana mismo el Gobierno de los Estados Unidos cree que tiene los suficientes datos o pruebas para entablar un juicio, mañana mismo puedo presentarme a la justicia estadounidense», agregó el diputado Zelaya.
El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, que asumió en noviembre de 2023, mandó un equipo a escuchar las audiencias en el juicio contra Hernández en Nueva York e investigar a los hondureños que fueran mencionados.
«Continuaremos con nuestras investigaciones, no descansaremos hasta que la verdad prevalezca en Honduras y se le dé justicia al Pueblo hondureño. ¡Sea quien sea!», aseguró el fiscal general luego de la declaración del diputado Zelaya.
En agosto pasado el fiscal anunció que llamaría a declarar a unas 36 personas que fueron mencionadas en el juicio y uno de ellos fue Carlos Zelaya.
La aerolínea Air Canada suspendió el lunes sus vuelos a Cuba debido a una escasez de combustible en la isla, que enfrenta un estrangulamiento energético impuesto por Estados Unidos.
«En los próximos días, la aerolínea realizará vuelos sin pasajeros para recoger a unos 3.000 clientes que ya se encuentran en destino y llevarlos de regreso a sus hogares», precisó Air Canada en un comunicado.
Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país que a partir de este lunes a la medianoche el suministro de combustible quedará suspendido durante un mes debido a la crisis energética.
Las autoridades de Chile detuvo a 34 presuntos miembros de la organización criminal peruana Los Pulpos y logró prácticamente erradicarla en el país, tras una serie de operativos policiales en enero de 2026, informó el lunes la policía chilena.
La banda criminal, surgida en la ciudad de Trujillo, en el norte de Perú, está vinculada a delitos de extorsión con pedidos de pago de hasta 14,000 dólares, según denuncias registradas en ese país.
Tras una serie de operativos, se logró «la detención en enero de 34 personas integrantes de esta organización criminal, pudiendo detener a sus líderes, a sus brazos operativos y a sus testaferros», anunció el subprefecto Cristián Sepúlveda en una conferencia realizada en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI).
Esta célula que operaba en la zona centro-norte de Santiago «termina prácticamente desbaratada», celebró Luis Cordero, ministro de Seguridad de Chile.
De los detenidos, 32 son ciudadanos peruanos, uno es chileno y otro de una nacionalidad no especificada.
La policía chilena detectó la presencia de la banda criminal en la capital en 2021. Desde entonces detuvo en total a 50 personas asociadas a la organización, indicó a la AFP el equipo de prensa de la PDI.
El golpe a Los Pulpos forman parte de otros grandes operativos de Chile contra el crimen organizado.
Aunque Chile es uno de los países más seguros del continente, los delitos violentos han aumentado en la última década y la inseguridad se transformó en la principal preocupación del país, según encuestas.
La fiscalía chilena reportó 868 secuestros en 2024, un 76 % más respecto a 2021. Los homicidios se han estabilizado en los últimos años, pero aumentaron un 140% en una década: de una tasa de 2,5 casos por cada 100.000 habitantes pasó a 6 en 2024, según el gobierno.
Guatemala presentó nuevas instalaciones carcelarias construidas con contenedores adaptados como celdas de máxima seguridad, destinadas a recluir a líderes de estructuras delincuenciales, como parte del endurecimiento de su régimen penitenciario, informaron autoridades del país.
El nuevo modelo penitenciario busca reforzar el control interno y reducir los privilegios dentro de los centros de detención, mediante espacios individuales diseñados para limitar la comunicación no autorizada y fortalecer la supervisión permanente. Las autoridades señalaron que estas instalaciones cumplen estándares de seguridad reforzada y están orientadas a un control más estricto de personas consideradas de alta peligrosidad.
De acuerdo con el anuncio oficial, la medida forma parte de una estrategia integral de seguridad que incluye la reestructuración del sistema penitenciario, el fortalecimiento de la disciplina interna y la reducción de prácticas que históricamente han facilitado el control informal dentro de las cárceles.
El uso de contenedores adaptados permite una implementación más rápida de infraestructura especializada, con diseños que priorizan la vigilancia, el aislamiento y la eficiencia operativa. Las autoridades indicaron que este esquema busca prevenir la coordinación de actividades ilícitas desde el interior de los centros penales.
Las nuevas disposiciones marcan un giro en la política de seguridad de Guatemala, en un contexto de mayor presión gubernamental para recuperar el control del sistema penitenciario y reforzar las acciones contra estructuras criminales, bajo un enfoque de orden institucional y cumplimiento de la ley.
«Querían cama king size, aire acondicionado, comida de restaurante e internet. Pero se toparon con un gobierno que no cede. Bienvenidos a sus nuevas celdas. Se acabaron los privilegios.» señalo en sus redes sociales el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo
