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Capturados por régimen de excepción deben ser indemnizados, dice GIPES
El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) plantea en su reciente informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los capturados bajo el régimen especial deben ser indemnizados.
Lo anterior, según GIPES, obedece a las demandas a favor de las «más de 89,000 personas capturadas arbitrariamente».
Dicho grupo, apoyado por organizaciones salvadoreñas que dicen defender los derechos humanos y por sectores de oposición, exige al Estado poner fin al régimen de excepción, medida constitucional vigente que ha permitido alcanzar niveles históricos de seguridad, garantizando la tranquilidad ciudadanía, llevando a El Salvador a ser considerado un modelo en seguridad pública, a escala internacional.
En el apartado de recomendaciones del informe, el GIPES señala que el Estado salvadoreño debería brindar una «reparación integral» de los detenidos.
«Diseñar e implementar un programa nacional de reparación integral, que incluya indemnización, rehabilitación física y psicológica, medidas de satisfacción, y garantías de no repetición», establece.
El grupo, además, argumenta que la cotidianidad de El Salvador comprende un proceso de militarización del territorio donde «el despliegue masivo ha facilitado la detención de decenas de miles de personas, sin supervisión judicial ni rendición de cuentas».
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, se refirió ayer al informe por GIPES ante la CIDH. Manifestó que este grupo busca que se ponga fin a la medida que ha sido prorrogada 48 veces por el congreso.
«Estos expertos dicen que no están de acuerdo con el régimen de excepción, y que debemos de quitarlo. Dicen que de los 89,000 pandilleros que están en la cárcel, ellos no están de acuerdo con el proceso que se les ha hecho, por lo cual deben de salir», expresó Castro durante una reunión con habitantes del reparto La Campanera, en el distrito de Soyapango, San Salvador Este.
La Campanera fue reconocida como una zona de alta peligrosidad por el accionar de las pandillas.
Por su parte, Carlos Araujo, exasesor del partido ARENA, afirmó ayer que en ningún momento en el informe se pide que los pandilleros sean liberados. Reiteró que existe una «falacia» del gobierno al decir que se exige la liberación de pandilleros.
«En ninguna línea del documento de 289 páginas dice que estén pidiendo liberar a estas personas. Es la primera falacia, mentira y manipulación de parte del gobierno», afirmó Araujo durante la entrevista Encuentro TV.
Valoró que muchas de las detenciones durante la vigencia del régimen de excepción son consideradas arbitrarias por varias razones.
«Si te vas a la parte muy técnica, toda captura que se realiza por parte del Estado, donde no te leen tus derechos ni te dicen por qué te están deteniendo, no te dan el derecho de defensa; entonces, eso se vuelve una captura arbitraria en cualquier parte del mundo», enfatizó el exasesor de ARENA.
Al respecto, el presidente Nayib Bukele se refirió el fin de semana anterior, indicando que «si se acepta que el 100 % de las detenciones son arbitrarias, todo Estado estaría obligado automáticamente a liberar al 100 % de detenidos. Nadie, y menos alguien que dice ser defensor de derechos humanos, puede argumentar que es legal mantener en prisión a una persona detenida arbitrariamente».
Manuel Flores, secretario general del FMLN, también se refirió ayer al informe que el grupo de «expertos» internacionales presentó ante la CIDH.
«Están los organismos respectivos que han puesto las demandas donde se deben de presentar las pruebas; es importante que sepamos interpretar lo que está ocurriendo en nuestro país», comentó.
Agregó que el país es suscriptor de tratados internacionales, como el Estatuto de Roma, que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos.
«Cada quien va a dar sus puntos de vista, y que se juzgue lo que se tenga que juzgar. No quiero dar una opinión porque cada quien va a resolver sus conflictos, pero en este caso es importante destacar la opinión de muchos organismos internacionales sobre la violación a los derechos humanos en El Salvador», expresó.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
El Ministerio de Obras Públicas informó que los trabajos de estabilización de dos taludes en residencial Palo Alto, Zaragoza, continúan. Estos trabajos forman parte del Plan Nacional de Mitigación 2026.
«Nos encontramos en Palo Alto donde estamos haciendo una obra más como parte del Plan Nacional de Mitigación. Se intervendrán dos taludes de grandes proporciones, uno es este que empezamos con varias actividades», dijo el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
De acuerdo con las autoridades, ya se realizó el chapeo y perfilado del talud como parte de las primeras fases del proyecto de estabilización, por lo que continuarán con la construcción de muro soil nailing, drenajes profundos, aplicación de shotcrete, canaletas, aceras y revegetación del área.
«Por el tipo de suelo que tiene el talud si solo se hace lanzado fácilmente se puede venir el talud; por eso hay que hacer otro tipo de obras. Se realizaron estudios de suelo y por eso se están haciendo perforaciones para poderlo anclar, esta ronda los 5 mil metros cuadrados», añadió Rodríguez.
El segundo talud que también se intervendrá mide 6 mil metros cuadrados.
Durante una entrevista en el programa de radio La Tribu FM, el titular de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, detalló esta mañana que el programa Proceso Formativo continúa creciendo y ya beneficia a miles de estudiantes salvadoreños con oportunidades de formación universitaria y técnica.
Según explicó, en la actualidad alrededor de 17 mil jóvenes cursan estudios en 37 universidades y escuelas técnicas, mientras que para el próximo año se prevé incorporar a otros 20 mil estudiantes.
Además, señaló que 49 mil alumnos que se encuentran en su último año de bachillerato iniciarán el proceso para ingresar a la educación superior.
Gutman indicó que prácticamente todas las universidades del país participan en el programa, el cual busca incentivar la continuidad académica entre los jóvenes.
«Yo le quiero agradecer a don Alejandro porque este esfuerzo ningún funcionario de antes pudo haberlo hecho mejor que usted…Le insto muchísimo a los jóvenes que estas oportunidades deben aprovecharse porque solo son una vez en la vida», dijo uno de los oyentes durante la entrevista radial, que también es beneficiario de la Dirección de Integración.
El funcionario enfatizó que este esfuerzo forma parte de un cambio estructural impulsado en 2025, orientado a superar las limitaciones históricas que restringían el acceso a la educación superior para la mayoría de bachilleres.
