Política
Diputados cobraron $182,627.15 en concepto de bono de medio año tras medidas de austeridad en la Asamblea Legislativa
Una de las promesas de Norman Quijano al ser juramentado como presidente de la Asamblea Legislativa fue implementar medidas de austeridad para reducir los gastos, a pesar de las medidas impuestas, este mes de junio 43 diputados se agenciaron $182,627.15 de bono de medio año y de hecho, Quijano obtuvo recibió la cifra más alta con $5,700.
El bono es una prestación que tienen todos los empleados legislativos, incluidos asesores y diputados. Se da dos veces al año, una en junio y una en diciembre, y equivale al 100% del salario.
Sin embargo, desde que los discursos de austeridad se tomaron la Asamblea, los legisladores han comenzado a renunciar a esta prestación.
Esta es la primera vez, de hecho, que un número tan grande de diputados renuncia al bono. Según un documento entregado por la Unidad de Acceso a la Información Pública, en poder de este medio, son 41 legisladores que renunciaron a este toda la bancada del FMLN, PDC, CD y el diputado independiente; así como tres diputados del PCN y 10 de ARENA.
Dentro de los 27 diputados de ARENA que sí cobraron la prestación, el que recibió una cifra mayor fue Quijano, esto pese a su discurso de austeridad, pero no renunció a la jugosa bonificación.
Las políticas de austeridad de Quijano no solo han incluido la no utilización de vehículos institucionales, reducción de gastos en combustible e incluso se han hecho despidos de personal en las departamentales de la Asamblea. Sin embargo, más del 50% de diputados cobraron el bono, incluido Quijano.
De los $5,700 que recibió el presidente, se puede hacer un cálculo y se deriva que tan solo en ese bono recibió o equivalente a 19 salarios mínimos del sector comercio ($300), es decir, lo que gana un empleado en un año y siete meses.
Según el documento en poder de El Salvador Times, estos son los nombres de los 43 diputados que cobraron el bono:
ARENA: Norman Quijano $5,781.72; Alberto Romero $5,225.15; Paty Valdivieso, Mario Marroquín y Carlos Reyes $4,854.30; Margarita Escobar, Bonner Jiménez, David Reyes, Donato Vaquerano, Edgar Escolán Batarse, José Javier Palomo, Julio Fabián, Karla Hernández, Lucy de León, Manuel Cabrera Candray, Marta Batres, Mauricio Vargas, Mauricio Linares, Maytee Iraheta, René Portillo Cuadra, René Escalante, Ricardo Velásquez Parker, Ricardo Godoy, Rodrigo Ávila, Alejandrina Castro, Silvia Ostorga, todos ellos cobraron $4,025.72 y Josué Godoy $3,025.82.
GANA: Guillermo Gallegos $5,225.15, Numan Salgado y Guadalupe Vásquez $4,854.30; Francis Zablah, Juan Carlos Mendoza, Lorenzo Rivas, Rigoberto Soto, Mario Tenorio, Osiris Luna, Adelmo Rivas todos ellos $4,025.72.
PCN: Serafín Orantes $5,225.15, Francisco Merino y José Antonio Almendáriz $4,854.30; Mario Ponce y Reynaldo Cardoza $4,025.72 y Roberto Angulo $3,025.82.
Los 8 diputados de Junta Directiva cobraron $40,874.37
De los once diputados que conforman la junta directiva, ocho de ellos cobraron el bono, con valor de $40,874.37 en conjunto. Lo que equivale un poco más de 136 salarios mínimos siempre del sector comercio y servicios.
Las cuatro vicepresidencias de la Asamblea las ostentan Serafín Orantes, del PCN; Guillermo Gallegos, de GANA; Yanci Urbina, del FMLN, y Alberto Romero, de ARENA. Sin embargo, Urbina del FMLN no cobró.
Francisco Merino, PCN, Rodolfo Parker, PDC, Cristina Cornejo, FMLN, Numan Salgado, GANA, Paty Valdivieso y Mario Marroquín, de ARENA ostentan las seis secretarías. Ni el pedecista Parker ni la oficialista Cornejo cobraron el bono.
ARENA $141,216.91, GANA $39,088.07 y PCN $26,011.01
Por cada fracción legislativa, ARENA agenció la mayor cantidad de dinero, ya que es el partido que mayor número de diputados posee en el órganos legislativo, solo para los tricolor se destinó $141,216.91. Los 27 diputados de ese grupo parlamentario cobraron lo equivalente a 470 salarios mínimos.
Por parte de los naranja, la segunda fracción que más dinero recibió, es un total de $39,088.07, repartido en sus 10 legisladores, lo que equivale a 130 salarios mínimos. Contrario a las demás fracciones, todos los diputados cobraron.
Finalmente, los legisladores del PCN cobraron un total de $26,011.01, solo seis diputados cobraron el bono. La cantidad equivale a 86 salarios mínimos.
Estos son los diputados que renunciaron al bono:
FMLN: Lucía Baires, Guadalupe López, Carlos Ruiz, Catalino Castillo, Damián Alegría, Daniel Reyes, Dina Argueta, Margarita López, Jaime Sandoval, Javier Valdéz, Schafik Handal, Manuel Flores, Karina Sosa, María Gómez, Milton Ramírez, Nidia Díaz, Cristina Cornejo, Norma Herrera, Rina Araujo, Rodolfo Martínez, Rosa Cruz, Yanci Urbina y Anabel Belloso.
PDC: Reinaldo Carballo, Jorge Mazariego, Rodolfo Parker.
CD: Juan José Martel
Independiente: Leonardo Bonilla
ARENA: Emilio Corea, Rosa Romero, Mario Martínez, Mariano Blanco, Marcela Villatoro, José Andrés Hernández, Jorge Rosales, Felissa Cristales, Milena Mayorga.
PCN: Eeileen Romero, José Luis Urías, Raúl Beltrán Bonilla.
Por: El Salvador Times.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
