Política
Diputados aprueban reorientación de fondos para instituciones con énfasis en subsidio y seguridad pública
Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 62 votos, la iniciativa de la Presidencia de la República para reformar la Ley de Presupuesto vigente de diversas Instituciones Públicas, incorporando recursos por el monto de $25,945.000 que se destinarán a diversos programas sociales.
Una de las instituciones beneficiadas es el Ministerio de Economía, quien recibirá $10 millones para el pago del subsidio al gas licuado. Con esta asignación el Gobierno garantiza que 1.6 millones de hogares salvadoreños que compran cilindros de gas en sus diferentes presentaciones sigan recibiendo el beneficio.
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública recibirá $10 millones que servirán para dotar a la Policía Nacional Civil (PNC) de equipo tecnológico, como parte de la fase IV de Plan Control Territorial.
La incorporación de los recursos son parte de excedentes en la recaudación de impuestos y combate a la evasión fiscal.
«Gracias a la eficiente recaudación de impuestos y el combate a la evasión fiscal que ha realizado el Ministerio de Hacienda, hay excedentes de fondos que serán reasignados a diferentes instituciones nacionales, destacando el área de justicia y seguridad, quienes invertirán el dinero en continuar dotando a la PNC con equipo tecnológico moderno», dijo el diputado de Nuevas Ideas Walter Alemán.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología recibirá $2.5 millones para pago de remuneraciones de docentes, quienes han desarrollado su labor didáctica de forma incansable a pesar de la pandemia de la COVID-19.
Asimismo, el ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tendrá un refuerzo de $400 mil, que serán transferidos al Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (SRI) para darle cobertura a una compensación económica a los empleados.
Las reasignaciones presupuestarias se complementan con $1.8 millones para el Ministerio de Agricultura y Ganadería y $345 mil para el Ministerio de Turismo.
El diputado Samuel Martínez aseguró que con la incorporación de los $25 millones al presupuesto de esas instituciones se está beneficiando a los salvadoreños, ya que se están reforzando con nuevos fondos a diferentes entidades del Gobierno que desarrollan importantes proyectos y programas sociales.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
Política
Diputada propone reforma constitucional para ampliar período presidencial y eliminar segunda vuelta
La diputada Ana Figueroa, del partido Nuevas Ideas, presentó este jueves una propuesta para reformar seis artículos de la Constitución de la República, con el fin de introducir cambios profundos en el sistema presidencial de El Salvador. La iniciativa contempla modificar los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 del texto constitucional.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la ampliación del período presidencial de cinco a seis años, así como la eliminación de la segunda vuelta electoral. Según la legisladora, estas reformas permitirían reducir costos electorales, fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversión extranjera, al dar mayor estabilidad al país.
Otro de los ejes principales de la propuesta es permitir la reelección presidencial indefinida, dejando en manos del electorado la decisión sobre la continuidad de un mandatario. “Queremos que sea el pueblo quien decida hasta cuándo apoyar a un presidente”, afirmó Figueroa durante la presentación del documento.
Asimismo, la propuesta contempla una disposición transitoria para acortar el actual período presidencial en dos años, de modo que finalice en 2027. Con esto, se pretende unificar en una sola fecha las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, buscando así mayor eficiencia en el calendario electoral.
La eliminación de la segunda vuelta presidencial también forma parte del planteamiento, estableciendo que será elegido presidente el candidato que obtenga la mayoría simple de votos, sin necesidad de alcanzar el 50 %.
La iniciativa cuenta con el respaldo de 57 diputados y fue presentada con dispensa de trámite, lo que permitirá su pronta discusión en el pleno legislativo. De ser aprobadas, estas reformas marcarían una reconfiguración del sistema democrático salvadoreño.
