Judicial
Desafuero del diputado Erick García se define este miércoles
La Asamblea Legislativa decidirá hoy en la sesión plenaria especial si retira el fuero constitucional del exdiputado de Nuevas Ideas, Érick García, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) del delito de falsedad Ideológica.
La plenaria está programada para las 1:00 de la tarde y el desafuero será el único punto a tratar. En el espacio donde se instala el podio serán colocadas dos mesas: una para el legislador y sus abogados, y la otra para la parte fiscal (ejercida por legisladores cian). Ambas partes presentarán sus argumentos y contrargumentos y posteriormente se procederá a la votación del pleno. Para lograr el desafuero se requerirá de la mayoría calificada, es decir, 56 votos. Los diputados del grupo parlamentario cian tienen esa cantidad de votos, pero también tienen el respaldo de GANA, PCN y PDC, qué suman ocho votos más.
La oposición política (ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo) se han mantenido al margen de este tema y no han adelantado si votarán en el pleno para desaforar a García, quien la semana pasada también fue expulsado del grupo parlamanterio cyan.
En esa misma semana, el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, presentó en la Asamblea Legislativa la solicitud de antejucio y el pleno legislativo procedió a la conformación de la comisión especial que estudió las pruebas presentadas en contra del legislador, en la cual supuestamente modificó la fecha de un documento de un crédito que obtuvo.
En esa comisión especial, que sesionó la semana pasada y emitió el dictamen favorable para el desafuero, le garantizó a Érick García el derecho de defensa al permitirle que nombrara a sus abogados defensores.
Según la postura del grupo parlamentario de Nuevas Ideas el retiro del fuero del legislador será una muestra fehaciente de que no tolerarán actos de corrupción entre sus miembros y que no protegerán a nadie, tal como ARENA y FMLN hicieron en el pasado.
No es la primera vez que la bancada cyan retira el fuero a sus diputados. En febrero del año pasado eliminó esa protección constitucional a José Ilofio García Torres y Gerardo Balmore Aguilar Soriano, acusados por la FGR de cohecho impropio (recibir sobornos) a cambio de dividir al grupo parlamentario de Nuevas Ideas.
Recordemos que recientemente, el diputado presidente de este Órgano de Estado, Ernesto Castro, afirmó que “Los diputados y el pueblo salvadoreño estamos pidiendo llegar a la verdad de este tema. El fuero ya no será el pretexto para cometer actos de corrupción. La justicia no tiene ideología o banderas políticas y eso es lo que como legisladores estamos tratando de arreglar”.
“La Asamblea Legislativa siempre estará dispuesta a cooperar con la FGR cuando solicite desaforar a otro funcionario”, agregó.
Por su parte, el parlamentario Christian Guevara informó en sus redes sociales: “Antes de la plenaria de desafuero, pasé por los tribunales. Los $50,000 de la demanda por difamación irán para el Bloom, así le devolverán algo de lo que por generaciones se han lucrado de los salvadoreños”.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
