Política
Claudia Ortiz refuta a abogado constitucionalista en legalidad de reelección presidencial inmediata

La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, refutó la legalidad de la reelección presidencial argumentada por el abogado constitucionalista y redactor de la Constitución de la República de 1983, Arturo Méndez Azahar, en la entrevista de El Salvador Today del pasado jueves.
Méndez Azahar dijo que la reelección inmediata es una opción que está permitida en la Constitución de la República vigente como lo establece el texto constitucional de 1983 y que éste, es lo suficientemente claro en establecer la legalidad de la figura de la reelección presidencial inmediata, la cual estaba prohibida en las constituciones de 1972 y 1950.
Sin embargo, para la diputada de VAMOS este tema es inconstitucional y se presta para interpretaciones personales.
“La relección inmediata del presidente de la República, sea quien sea que esté ejerciendo la presidencia República, ya sea Tony Saca, Sánchez Cerén, Mauricio Funes, tiene prohibido exceder un mandato de cinco años y buscar una reelección de forma inmediata. Como dice alguien por ahí, pode ser presidente 80 veces, pero no inmediatamente”, dijo Claudia Ortiz.

La parlamentaria aseveró que “la constitución se reafirmó de esa manera y quien tenga el poder, ocupe ese poder para perpetuarse. La reelección está prohibida, no una vez sino, muchas veces en la constitución”, citó la invitada a la entrevista de El Salvador Today.
Para Ortiz el tema de la reelección presidencial inmediata “por donde lo veamos está prohibido. Ahora si como sociedad, como país estamos dispuestos a permitir que ciertos grupos pasen por encima de la constitución en esto que es tan claro y que ha sido unánime hasta el momento por qué si aplica hoy es porque aplicaba antes y por qué antes no se promovía y hoy sí”.
En palabras de Méndez Azahar al citar que “en 1983 cambiamos eso definitivamente, y el artículo 152 lo cambiamos, lo decimos en la exposición de motivos; y dice: “No podrán ser candidatos”, eso cambia estructuralmente, fundamentalmente, el dogma anterior y se planteó como una excepción al dogma de la alternabilidad y la no reelección. Para quienes se han quedado clavados y cerrados los ojos en la Constitución de 1962 y 1950, ya no pudieron dar ese paso de avance en el desarrollo Constitucional de nuestro país», explicó el abogado constitucionalista.
Pero para Claudia Ortiz dicho cambio solo amplia más la prohibición a la reelección presidencial inmediata en la constitución de 1983 en su cambio de Presidente por Candidato.

“La constitución del 83 cambia de presidente a candidato de manera de hacer aún más amplia la prohibición y poner un candado mayor porque se entiende que estaríamos en un sistema más democrático a superar las dictaduras militares como antes los presidentes se podían poner de cualquier otra manera diferente a alecciones. Candidatos significa que van haber elecciones democráticas, la prohibición es más amplia, no pueden ser presidentes sino candidatos, y ni siquiera proponerse a ese cargo, a eso se refiera la constitución”, argumentó la diputada de VAMOS.
Política
Encuestas reflejan respaldo ciudadano a la reelección

Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
Política
Asamblea Legislativa aprueba con 57 votos la creación de la Red Nacional de Hospitales

El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado

El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.