Política
Claudia Ortiz refuta a abogado constitucionalista en legalidad de reelección presidencial inmediata
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, refutó la legalidad de la reelección presidencial argumentada por el abogado constitucionalista y redactor de la Constitución de la República de 1983, Arturo Méndez Azahar, en la entrevista de El Salvador Today del pasado jueves.
Méndez Azahar dijo que la reelección inmediata es una opción que está permitida en la Constitución de la República vigente como lo establece el texto constitucional de 1983 y que éste, es lo suficientemente claro en establecer la legalidad de la figura de la reelección presidencial inmediata, la cual estaba prohibida en las constituciones de 1972 y 1950.
Sin embargo, para la diputada de VAMOS este tema es inconstitucional y se presta para interpretaciones personales.
“La relección inmediata del presidente de la República, sea quien sea que esté ejerciendo la presidencia República, ya sea Tony Saca, Sánchez Cerén, Mauricio Funes, tiene prohibido exceder un mandato de cinco años y buscar una reelección de forma inmediata. Como dice alguien por ahí, pode ser presidente 80 veces, pero no inmediatamente”, dijo Claudia Ortiz.
La parlamentaria aseveró que “la constitución se reafirmó de esa manera y quien tenga el poder, ocupe ese poder para perpetuarse. La reelección está prohibida, no una vez sino, muchas veces en la constitución”, citó la invitada a la entrevista de El Salvador Today.
Para Ortiz el tema de la reelección presidencial inmediata “por donde lo veamos está prohibido. Ahora si como sociedad, como país estamos dispuestos a permitir que ciertos grupos pasen por encima de la constitución en esto que es tan claro y que ha sido unánime hasta el momento por qué si aplica hoy es porque aplicaba antes y por qué antes no se promovía y hoy sí”.
En palabras de Méndez Azahar al citar que “en 1983 cambiamos eso definitivamente, y el artículo 152 lo cambiamos, lo decimos en la exposición de motivos; y dice: “No podrán ser candidatos”, eso cambia estructuralmente, fundamentalmente, el dogma anterior y se planteó como una excepción al dogma de la alternabilidad y la no reelección. Para quienes se han quedado clavados y cerrados los ojos en la Constitución de 1962 y 1950, ya no pudieron dar ese paso de avance en el desarrollo Constitucional de nuestro país», explicó el abogado constitucionalista.
Pero para Claudia Ortiz dicho cambio solo amplia más la prohibición a la reelección presidencial inmediata en la constitución de 1983 en su cambio de Presidente por Candidato.
“La constitución del 83 cambia de presidente a candidato de manera de hacer aún más amplia la prohibición y poner un candado mayor porque se entiende que estaríamos en un sistema más democrático a superar las dictaduras militares como antes los presidentes se podían poner de cualquier otra manera diferente a alecciones. Candidatos significa que van haber elecciones democráticas, la prohibición es más amplia, no pueden ser presidentes sino candidatos, y ni siquiera proponerse a ese cargo, a eso se refiera la constitución”, argumentó la diputada de VAMOS.
Foto: Cortesía
El concejo municipal de San Miguel Centro aprobó un incremento en los salarios de sus miembros y de cinco de los seis jefes de los distritos que lo conforman, a partir de 2025, según confirmó la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la alcaldía.
El alcalde Alex Torres, del partido PDC, ha visto un aumento de su salario de $4,200 a $6,000, lo que representa un incremento de $1,800. Sin embargo, en una publicación de Facebook del 3 de mayo de 2024, Torres había prometido que no habría aumentos salariales para él, el síndico ni los concejales, afirmando que era necesario actuar con responsabilidad y coherencia. “Ese fue un acuerdo que tomé junto a mis concejales y mi equipo técnico desde la campaña”, declaró en ese momento.
El síndico también experimentó un aumento significativo, pasando de $2,500 a $4,000, un incremento de $1,500. Por su parte, los concejales, que recibían $328.57 por reunión, ahora obtendrán $500, pasando de $1,314.29 a $2,000 mensuales, con un máximo de cuatro sesiones al mes.
En cuanto a los salarios de los directores de distrito, el director de Chirilagua pasó de $1,200 a $1,700, mientras que el de Moncagua aumentó de $1,200 a $1,600. Los directores de Comacarán y Uluazapa, que recibían $900, ahora ganan $1,000, y el de Quelepa pasó a $1,300. Cabe destacar que el director del distrito de San Miguel no recibió aumento, manteniendo un salario de $2,000.
La administración municipal emitió un comunicado de prensa el 14 de marzo de 2025, donde se justificó el aumento salarial con la promesa de reducir gastos del concejo anterior para destinar esos fondos a obras y proyectos comunitarios. Se mencionó que el concejo anterior gastaba $28,000 anuales en alimentación y otros costos asociados, mientras que la nueva administración ha eliminado estos gastos, así como el uso de vehículos y combustibles municipales por parte de los funcionarios.
La polémica sobre los aumentos salariales en el concejo municipal de San Miguel Centro continúa generando reacciones entre la ciudadanía y los partidos políticos.
El Consejo Nacional del Partido Político Nuevas Ideas ha decidido expulsar de forma inmediata al alcalde José María Chicas, medida respaldada por su Comité de Ética. La decisión responde a la mala administración del edil y a su inacción frente a problemas urgentes en el municipio, destacando la insatisfactoria gestión del refugio en Ilopango, calificada como inaceptable.
A raíz de esta situación, el partido solicita urgentemente al Concejo Municipal de la Alcaldía de San Salvador Este la destitución inmediata de Chicas de su cargo. Nuevas Ideas reitera su compromiso con la transformación de las comunidades y el bienestar de la ciudadanía, subrayando que continuará supervisando que los funcionarios públicos cumplan con sus responsabilidades de manera eficiente y transparente.
Nacionales -deportes
Ley para prevenir dopaje en el deporte garantizará competiciones en igualdad de condiciones
La salud de los deportistas y las prácticas éticas en las distintas disciplinas son un tema prioritario para el Órgano Legislativo.
Por esa razón, los legisladores aprobaron la creación de la Ley de Protección de la Salud en el Deporte y Lucha contra el Dopaje, cuyo objetivo es establecer el marco legal para la prevención y lucha contra el dopaje en el deporte nacional.
La normativa está ligada a los compromisos internacionales asumidos por El Salvador para garantizar el desarrollo de competiciones deportivas en condiciones de igualdad y adaptación a las capacidades naturales de los participantes, evitando su adulteración mediante el uso de sustancias o métodos prohibidos.
Las disposiciones plasmadas en la normativa se interpretarán de acuerdo con la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, el Código Mundial Antidopaje, los estándares internacionales aprobados por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), así como cualquier otro reglamento internacional, aplicable en esta materia.
“Estamos aquí para respaldar este esfuerzo con leyes que protejan a nuestros deportistas y promuevan un ambiente de sana competencia. Tener una Ley de Protección de la Salud en el Deporte y Lucha contra el Dopaje es crucial para garantizar que nuestros atletas puedan competir de una manera justa, saludable y en igualdad de condiciones”, afirmó la diputada Sharon Salazar.
Agregó que valores como la ética deportiva, la igualdad de condiciones de los atletas y su integridad rigen esta normativa.
Por su parte, el parlamentario Raúl Chamagua destacó la importancia de contar con esta ley, porque El Salvador no tenía regulado el tema del dopaje deportivo, pese a que el país se encuentra suscrito a acuerdos internacionales en este tema y corría el riesgo de ser sancionado.
El legislador señaló que con la nueva ley se protegerá la salud de los atletas, se reafirmará la posición del país en contra de cualquier acción que atente contra la esencia del deporte, se envía un mensaje de cambio y compromiso y sobre todo se fomenta una cultura de prevención.
Organización Nacional Antidopaje de El Salvador
La nueva ley contempla la creación de la Organización Nacional Antidopaje de El Salvador (ONAD-ESA) como el máximo órgano técnico nacional con competencias en la prevención, control y sanción del dopaje en el deporte nacional.
La ONAD-ESA estará compuesta por un Comité Supervisor; un gerente general; un Panel Independiente de Audiencia de Primera Instancia, responsable de conocer los procedimientos sobre el cometimiento de las infracciones a las normas antidopaje y garantizar el debido proceso, así como por una Comisión de Atletas que colaborará en la formulación de políticas de prevención y antidopaje en el deporte.
Esta será una entidad desconcentrada del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), con independencia técnica, administrativa y operativa, con el propósito de promover acciones destinadas a garantizar el cumplimiento del principio de juego limpio, el respeto a las normas que rigen el deporte, a los demás competidores y la protección de la salud de quienes participan directa o indirectamente en torneos o eventos deportivos.
Entre sus principales funciones se encuentran las de prevenir, controlar y sancionar el dopaje a escala nacional, además de emitir los reglamentos internos que considere necesarios para garantizar su correcto funcionamiento; promover la investigación antidopaje y la implementación de programas educativos y campañas de divulgación sobre los peligros de esta práctica negativa que atenta la salud y los valores éticos y morales del deporte.
Violaciones de las normas antidopaje
Entre las violaciones a las normas antidopaje se encuentran la presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un deportista; el uso o intento de uso de una sustancia o método prohibido; así como el evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a la toma de muestras.
También se considerará una falta la manipulación de cualquier parte del proceso de control de dopaje que haga un deportista u otra persona; además de la posesión de una sustancia o método prohibido del deportista o de su personal de apoyo.
Entre otras de las faltas se incluyen el tráfico o intento de tráfico de cualquier sustancia o método prohibido; la administración, o intento de esto, a un deportista durante o fuera de una competición y cualquier tipo de complicidad o intento de esta.
