Política
Asamblea Legislativa aprueba con 44 votos ley de Reconciliación Nacional
Luego de la convocatoria a sesión plenaria extraordinaria, por el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, los diputados aprobaron, con 44 votos, la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, a solo horas de que se venciera el plazo fijado por la Sala de lo Contitucional.
Los diputados fueron convocados la noche del pasado miércoles y contó con los votos de las dos fracciones mayoritarias, ARENA y FMLN, los grandes protagonistas de la firma de los Acuerdos de Paz, así como con el voto del PDC.
Pleno Legislativo aprueba con 44 votos a favor la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. pic.twitter.com/hh4MoYtNjQ
— Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) February 27, 2020
Antes de iniciar la sesión extraordinaria, el presidente del parlamento Mario Ponce, señaló que “el documento ha sido revisado y se han incluido recomendaciones de propuestas de Naciones Unidas, de organizaciones sociales, y las observaciones planteadas por los padres jesuitas de la UCA”.
La ley tiene por objeto regular la aplicación de la justicia en actos delictivos ocurridos durante o con motivo del conflicto interno que vivió el país entre 1980 y 1992 que configuraron crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
La @FGR_SV será la encargada de investigar los delitos antes mencionados en el proyecto ley en lectura. #LeyReconciliación pic.twitter.com/lhZM8wuABw
— Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) February 27, 2020
Según el presidente del parlamento, la ley fue socializada con organizaciones de derechos humanos, víctimas del conflicto armado, familiares de víctimas, universidades y constitucionalistas, entre otros.
El documento final consta de 75 artículos y contempla la creación de un Consejo Nacional de Reparación, un registro nacional de víctimas, centro de documentación de la memoria histórica, fondo de reparaciones integrales y medidas de reparación económica.
Además, consigna el derecho de las víctimas a participar en todas las etapas del proceso, y podrán constituirse como querellantes; la Fiscalía General de la República asegurará las medidas de protección para las víctimas y testigos, entre otros apartados.
Ponce afirmó que la ley cumple con los parámetros de la Sala de lo Constitucional: verdad, justicia, reparación y no repetición de los hechos, aunque aclaró que “no existen leyes perfectas”.
El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
