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VMT verifica cumplimiento de horarios de restricción al transporte de carga en El Salvador
Elementos del Viceministerio de Transporte (VMT) se han desplazado en diferentes puntos del territorio salvadoreño para verificar el cumplimiento de los horarios de restricción al transporte de carga, a fin de que se cumpla esta normativa de tránsito.
De igual forma, esta disposición se ha realizado para prevenir accidentes de tránsito provocados por vehículos de carga, como el registrado en horas del mediodía de ayer martes en el bulevar Los Próceres, el cual dejó más de 10 lesionados y dos fallecidos.
El accidente se produjo cuando una rastra perdió el control y embistió a varios vehículos, causando un accidente de tránsito múltiple el cual afectó a, al menos, 29 automóviles. En la escena falleció una persona, pero las autoridades confirmaron, horas después, la muerte de una persona más a causa de las heridas sufridas por el percance vial.
Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo en la escena del accidente al conductor de la rastra, identificado como Carlos Alberto Portillo Vásquez, quien se sometió a la prueba de alcotest dando resultado negativo.
Horas después, las autoridades policiales confirmaron la captura del representante legal de la empresa propietaria de la rastra que provocó un múltiple accidente en el bulevar Los Próceres, quien fue identificado como Álvaro Ibañez Ticas, representante legal de la empresa Andrade SA de CV, sociedad comercial que es dueña de la rastra implicada en el percance vial.
De igual forma, la Policía señaló que dicha rastra llevaba una sobrecarga de hasta 10 toneladas por encima de lo establecido en la ley, según los informes preliminares, razón que pudo provocar el desperfecto mecánico que derivó en el percance vial.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
