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«Vaya locos si quieren pertenecer a la pandilla demuéstrenlo» Mareros fueron condenados por asesinato de dos jóvenes en ritual de iniciación
«Vaya locos si quieren pertenecer a la pandilla demuéstrenlo» es parte de lo que indicó Carlos Bonerges Castaneda García a otros sujetos para acabar con la vida de dos jóvenes.
Este crimen quedó comprobado ante el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán, el cual desarrolló vista pública contra Castaneda y 4 pandilleros más.
Todos fueron condenados a pasar sus próximos 32 años en prisión. Los demás imputados son: Mario Leonel Contreras, Mario René García, Misae Enrique Fabián y Josué Jeremías Castro.
Un informe de Centros Judiciales sostiene que el hecho de sangre ocurrió en la finca Los Ángeles, cantón Cuayzausul de Ahuachapán.
Las víctimas fueron identificadas como Elvis Neftaly Contreras Soriano y Kevin Eduardo Lima Zelaya.
«Los inculpados llevaron a las víctimas a un cafetal y Carlos Bonerges tenía un arma de fuego y un corvo en sus manos, se acerca a Kevin y le hace un disparo» relata la fuente.
Otro de los pandilleros dispara a la segunda víctima y comienza un ritual de iniciación, donde tres tipos estarían siendo integrados a la mara.
En el momento en que ambos estaban en el suelo, Carlos Bonerges indica a los tres novatos a darle «un filazo» a las víctimas.
«La Fiscalía presentó las pruebas documental, pericial y testimonial del testigo con régimen de protección» detalla la fuente, con lo que el juez dictó la misma pena para los criminales.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
