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Varios pandilleros son capturados en operativo efectuado en seis municipios de Santa Ana
Un operativo policial y fiscal desarrollado la madrugada de este jueves permitió la captura de más de 65 criminales vinculados con la Mara Salvatrucha y la pandilla 18 Sureños, así como delincuentes comunes, que mantenían su accionar delictivo en seis municipios situados en el departamento de Santa Ana.
Por medio de la operación denominada «Ucrania», las autoridades procedieron a hacer efectivos el arresto de los delincuentes de un total de 214 órdenes de capturas giradas por la Fiscalía General de la República (FGR). En ese sentido, hubo registros y allanamientos en los municipios de El Congo, Chalchuapa, Candelaria de La Frontera, Coatepeque, Metapán y Santa Ana.
Los criminales serán procesados en los tribunales contra el crimen organizado donde serán acusados por los siguientes delitos: homicidio agravado, robo agravado, extorsión e intento de feminicidio, desaparición de personas, agrupaciones ilícitas y delitos sexuales.
#CRONIO 214 órdenes de captura fueron giradas esta madruga a través de un operativo ejecutado por la @FGR_SV, @PNCSV y la @FUERZARMADASV en diferentes municipios de Santa Ana, para arrestar a terroristas del barrio 18 y la MS13.
Con estas detenciones se estarían resolviendo… https://t.co/1zurnMha9O
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 30, 2023
Las autoridades informaron que 45 de los pandilleros sobre los cuales fue emitida una orden de detención ya se encuentran bajo arresto en diferentes centros penitenciarios, pues han sido intervenidos en el marco del régimen de excepción, por lo que será en las cárceles donde se les informe de los nuevos delitos que les imputan.
«Gracias a la operación se resolverán 40 casos de diversos delitos, llevando justicia a las víctimas de estos criminales», comunicó la FGR.
Fuentes oficiales indicaron que para hacer efectivas las detenciones participaron en este procedimiento 160 agentes policiales que fueron apoyados por 100 soldados.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
