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TSE presentará a la FGR denuncia de concejal de Arena contra Muyshondt por alteración de listados al Concejo Municipal
Foto/cortesía
El Tribunal Supremo Electoral pedirá a la Fiscalía General de la República investigar la denuncia de una concejal de ARENA contra el alcalde capitalino Ernesto Muyshondt, quien a “último minuto” incluyó a personas cercanas para integrar su concejo municipal en las pasadas elecciones.
El magistrado del TSE, Noel Orellana, informó que recibieron una denuncia de cuatro personas “diciendo que ellos renunciaron porque los coaccionaron, los obligaron, los llevaron a una casa y que ahí los obligaron a renunciar y que, por consiguiente, se deje sin efecto la segunda lista; entonces, ahí tenemos dos situaciones», explicó.
“En todo caso, el responsable de todo esto es la Junta Electoral Departamental… esto es una investigación de índole penal, que tiene que realizar la Fiscalía para verificar si se tipificó efectivamente el delito de coacción al que ellos hacen alusión en su escrito presentado”, detalló Orellana.
El magistrado informó que la próxima semana acudirán a la Fiscalía para que determine “cuál es el delito que se adecúa a este acto de coacción”.
La concejala de ARENA, Arlyn Rivas, solicitó al TSE la anulación de la planilla B de concejos municipales de la capital, debido a que fueron incluidos a último minuto cuatro personas para integrar el Concejo, con la finalidad de mantener en la nueva administración, a personas de confianza y que tienen negocios con la municipalidad.
“(Se trata de) personas que no compitieron desde un principio ni hicieron el debido proceso en las internas, como manda el Código Electoral, y han sido incluidas. Estos son: Juan Carlos Montes, Francisco Romero, Alexander Suriano y María José Orellana”, reveló la concejal.
Según la denuncia, estas cuatro personas sustituyeron a finales de enero a otros miembros, empleados de la alcaldía, que estaban inscritos desde noviembre en las planillas A y B para concejos municipales.
Los candidatos fueron incluidos en las planillas como resultado de una reunión que sostuvo el asesor del alcalde Muyshondt con miembros que sí estaban inscritos, quienes fueron coaccionados para renunciar bajo el argumento de que así lo había decidido la dirigencia de Arena, como condición para continuar financiando la campaña.
De acuerdo a la concejala, no interpuso la denuncia antes, pues conocieron de la irregularidad luego del escrutinio final, al conocer el resultado de las actas y los nombres de las personas inscritas.
Un total de 43 jóvenes de San Miguel dieron un gran paso hacia su futuro profesional al graduarse en habilidades blandas (competencias sociales, emocionales y de comportamiento) para la empleabilidad.
El proceso formativo fue gracias al apoyo académico de la Universidad de Oriente (UNIVO) y al financiamiento del Proyecto LAMARR de Expertise France y la Unión Europa en El Salvador, informó World Vision El Salvador a través de sus redes sociales.
Esta formación forma parte del Portafolio de Proyectos Súper Pilas de World Vision El Salvador, incluido el proyecto RISE, que impulsa a jóvenes a desarrollar competencias claves como comunicación, trabajo en equipo, liderazgo y resolución de problemas, preparándolos para nuevas oportunidades laborales.
«Actualmente, 43 jóvenes migueleños están mejor preparados para construir un futuro lleno de posibilidades. ¡Felicitaciones a cada uno por su esfuerzo, disciplina y compromiso!», publicó en sus redes sociales World Vision El Salvador.
Para World Vision El Salvador, este logró significa un orgullo para la institución al profesionalizar a jóvenes que próximamente se van a enfrentar a un nuevo trabajo y aplicaran todo su conocimiento adquirido en la universidad.
La población salvadoreña expresó su opinión sobre el trabajo que realiza el presidente de la república, Nayib Bukele, otorgando una calificación de 8.39 a su desempeño durante 2025, según la última encuesta realizada a finales del año anterior por el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
De acuerdo con el estudio, denominado «Estabilidad, la seguridad versus fragilidad en la economía», dicha calificación incrementó en 26 décimas con respecto a la otorgada al trabajo presidencial en 2024, cuando fue de 8.13.
«Este resultado refleja una recuperación en el examen anterior», detalla el informe del Iudop-UCA, cuyos resultados fueron dados a conocer ayer, agregando que la evaluación «positiva» se debe a la «percepción de un bajo nivel delincuencial y la alta confianza en el presidente, su Gobierno y las instituciones de seguridad».
El estudio también indagó sobre la percepción de la población respecto al trabajo que realiza el Gobierno central en su conjunto, obteniendo que la población otorga una nota de 8.33.
Dicha puntuación también tiene un incremento, de 63 décimas, respecto al resultado de otro estudio similar del Iudop-UCA denominado «Situación del país al cierre de 2024», en el que la nota que la población brindó al Gobierno fue de 7.7.
El sondeo realizado entre el 2 y el 13 de diciembre de 2025, con 1,268 personas, también recogió los diversos niveles de confianza que los salvadoreños tienen en las instituciones y diferentes actores sociales del país.
Bukele encabeza la lista, con 77 %, que corresponde al mayor nivel de confianza expresado por la población consultada. Después del mandatario, las instituciones que obtienen los mejores porcentajes son el Gobierno central con 69.6 %, la Fuerza Armada con 69.1 % y la Policía Nacional Civil (PNC) con 68.2 %.
La población ubicó en un nivel intermedio de confianza a actores como la Iglesia católica, con 58.4 %; e instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR) con 56.9 %, y el sistema penitenciario, con 56.3 %.
Con los menores niveles de confianza expresados por los encuestados están el sector empresarial, con 42.6 %; partidos políticos, que obtuvieron un 31.4 %; y las alcaldías, con 40.6 %.
De acuerdo con la encuesta del Iudop-UCA, en el balance general la seguridad pesa más que las dificultades económicas; al cierre de 2025, el 61 % de la población opinó que la situación del país en ese año fue mejor que la del año anterior (2024).
También se consultó sobre lo mejor que está ocurriendo en el país, y la población destacó el ambiente de seguridad, con 62.7 % de respaldo.
Entre las medidas que el Gobierno implementa para garantizar el ambiente de paz y tranquilidad está el Plan Control Territorial (PCT), con la implementación de políticas de prevención y reconstrucción del tejido social, fortalecido con el régimen de excepción, logrando desarticular a las pandillas al capturar a más de 90,000 integrantes de estas estructuras.
De hecho, un 6.7 % señaló específicamente que el combate a las pandillas es lo mejor que ocurre en el país; el 2.5 % consideró que es el trabajo del Gobierno central; y un 2 % mencionó el programa presidencial Dos Escuelas por Día.
Respecto a los principales problemas al cierre del año pasado, el 44.9 % dijo que son los económicos; entre esos, 28.4 % mencionó la economía en términos generales, mientras que 8.4 % puntualizó que es el alto costo de la vida y un 8.1 % el desempleo.
El proceso que se sigue en instancias judiciales contra Norman Quijano, entregado el lunes anterior por Estados Unidos, demuestra que el partido ARENA actuó fuera de los marcos legales, consideró David Hernández, analista y máster en Ciencias Políticas.
Hernández explicó a «Diario El Salvador» que la reciente deportación de Quijano «implica un doble efecto legal», tanto en su actuar personal como por seguir lineamientos de su partido.
«Se trata de la captura de un prófugo de la justicia salvadoreña por hechos delictivos por los cuales fue desaforado, investigado y condenado a más de 13 años», señaló.
Agregó que la reunión, en marzo de 2014, de Quijano con integrantes de pandillas estuvo al margen de la ley, y que su participación queda «debidamente demostrada en negociaciones con grupos terroristas pandilleriles para socavar el orden constitucional del país, mediante el pago ilícito de grandes sumas de dinero, así como promesas de participación de las pandillas en un futuro gobierno presidido por ARENA y Norman Quijano».
Hernández afirmó que es evidente que el excandidato presidencial tricolor «actuó, al igual que el fallecido exalcalde de Ilopango Salvador Ruano y el exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, siguiendo instrucciones del Coena [Consejo Ejecutivo Nacional] de ARENA».
Reiteró que esto «demuestra la actuación fuera de todos los marcos legales de la república. Y abre la posibilidad de cancelación como partido político por el Tribunal Supremo Electoral».
Arturo Grandon, analista de inteligencia, seguridad y terrorismo, sostiene que no importa el grado de poder que alguien haya ostentado en el pasado, y que si transgredió la ley debe pagar.
«Puede ser presidente de la república, diputados, alcaldes, empresarios, jueces, fiscales, pero si transgredieron la ley y están en contra de lo establecido en la legislación salvadoreña, en la Constitución, van a ser perseguidos, encarcelados y van a pagar conforme a lo que dice la ley», señaló en la entrevista de Canal 10.
Grandon añadió que estas circunstancias se ajustan a lo que ocurre con el exdiputado de ARENA, por lo tanto, «a la gente no le debe de extrañar que Norman Quijano llevó siempre adelante un plan bastante maléfico para mantenerse en el poder, y eso debe tener claro la ciudadanía, que ya no se va a seguir aceptando».
Quijano fue condenado como reo ausente en abril de 2024 por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, que le impuso una pena de 13 años con cuatro meses de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude procesal.
Orlando Rivas, director fiscal contra la corrupción, expuso en esa ocasión que los magistrados validaron toda la evidencia presentada por la Fiscalía durante el juicio.
