Judicial
Tribunal ordena desocupar casa que era utilizada para “extraños negocios” no autorizados
El tribunal 4to. de lo Civil y mercantil de esta capital, ordenó a la Dra. Sandra Jeanette Valiente, desalojar una vivienda ubicada en ubicada sobre la 59 avenida sur, polígono A, #11, Residencial Pilarica, San Salvador, debido al incumplimiento en los cánones (pagos) establecidos en el contrato de arrendamiento con un atraso de varios meses y por utilizar la vivienda para fines comerciales sin autorización del dueño de la propiedad.
De acuerdo al propietario de la vivienda, Lic. Cristian Aparicio, la Dra. Sandra Jeanette Valiente junto a Flavio R. Valiente, rentaron la vivienda en mención para uso domiciliar, sin embargo, se realizaron actividades tan diversas como guardería infantil, venta de comida china, lavandería, distribuidora de sistemas de energía solar, entre otras actividades en la vivienda sin que ninguna de estas estuviera descrita o autorizada en el contrato firmado por la Dra. Valiente y el propietario.
Así mismo el propietario reclamó que durante un año los arrendatarios no pagaron ninguna cuota mensual.
Ante esta grave situación, el afectado realizó diferentes gestiones para cobrar las cuotas mensuales y al no lograr un acuerdo con los inquilinos, optó por acudir al tribunal civil.
Durante la mañana del miércoles 20 de marzo, se realizó la audiencia judicial y ante las pruebas presentadas por el demandante, el Honorable Juez del Tribunal 4to. de los civil y mercantil ordenó a la Dra. Valiente que desocupe de forma inmediata el inmueble en mención.
Diario Digital Cronio, conoció varias denuncias de personas que dicen haber sido afectados por los extraños negocios de dicha pareja de comerciantes, tal como lo presentamos en la nota titulada “Falsa guardería estafa a madre de bajos recursos”.
ATAQUE A PERIODISTAS
Un equipo de periodistas de TCS, Noticiero 4 Visión y Diario Digital Cronio, acudieron a la diligencia judicial del tribunal 4to. de lo Civil y mercantil para hacer la respectiva cobertura informativa. Cuando se abordó a uno de los inquilinos identificado como Flavio R. Valiente y al ser consultado por el proceso mostró una actitud violenta, evasiva y desafiante ante los profesionales que realizaban su labor periodística.
Cuando los periodistas le expresaron que estaban realizando su labor periodística sin embargo el sujeto continuó amenazando e intimidando a los equipos de prensa, lanzando insultos a todo el gremio periodísto salvadoreño, catalogándolos de “imbéciles” o “farsantes”. Sin duda, una actitud infundada y poco educada del sr. Valiente. El Caso de esta agresión ya está siendo revisado por Asociaciones de Periodistas de El Salvador para evaluar si se sigue un proceso legal contra el agresor.
En el siguiente video se muestra un poco de lo que ocurrió y que quedó grabado por los equipo de los medios y presenciado por la seguridad del mismo tribunal, que en todo momento acompañaron a la prensa para que no fueran víctimas de una agresión mayor:
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
