Judicial
Tribunal ordena desocupar casa que era utilizada para “extraños negocios” no autorizados
El tribunal 4to. de lo Civil y mercantil de esta capital, ordenó a la Dra. Sandra Jeanette Valiente, desalojar una vivienda ubicada en ubicada sobre la 59 avenida sur, polígono A, #11, Residencial Pilarica, San Salvador, debido al incumplimiento en los cánones (pagos) establecidos en el contrato de arrendamiento con un atraso de varios meses y por utilizar la vivienda para fines comerciales sin autorización del dueño de la propiedad.
De acuerdo al propietario de la vivienda, Lic. Cristian Aparicio, la Dra. Sandra Jeanette Valiente junto a Flavio R. Valiente, rentaron la vivienda en mención para uso domiciliar, sin embargo, se realizaron actividades tan diversas como guardería infantil, venta de comida china, lavandería, distribuidora de sistemas de energía solar, entre otras actividades en la vivienda sin que ninguna de estas estuviera descrita o autorizada en el contrato firmado por la Dra. Valiente y el propietario.
Así mismo el propietario reclamó que durante un año los arrendatarios no pagaron ninguna cuota mensual.
Ante esta grave situación, el afectado realizó diferentes gestiones para cobrar las cuotas mensuales y al no lograr un acuerdo con los inquilinos, optó por acudir al tribunal civil.
Durante la mañana del miércoles 20 de marzo, se realizó la audiencia judicial y ante las pruebas presentadas por el demandante, el Honorable Juez del Tribunal 4to. de los civil y mercantil ordenó a la Dra. Valiente que desocupe de forma inmediata el inmueble en mención.
Diario Digital Cronio, conoció varias denuncias de personas que dicen haber sido afectados por los extraños negocios de dicha pareja de comerciantes, tal como lo presentamos en la nota titulada “Falsa guardería estafa a madre de bajos recursos”.
ATAQUE A PERIODISTAS
Un equipo de periodistas de TCS, Noticiero 4 Visión y Diario Digital Cronio, acudieron a la diligencia judicial del tribunal 4to. de lo Civil y mercantil para hacer la respectiva cobertura informativa. Cuando se abordó a uno de los inquilinos identificado como Flavio R. Valiente y al ser consultado por el proceso mostró una actitud violenta, evasiva y desafiante ante los profesionales que realizaban su labor periodística.
Cuando los periodistas le expresaron que estaban realizando su labor periodística sin embargo el sujeto continuó amenazando e intimidando a los equipos de prensa, lanzando insultos a todo el gremio periodísto salvadoreño, catalogándolos de “imbéciles” o “farsantes”. Sin duda, una actitud infundada y poco educada del sr. Valiente. El Caso de esta agresión ya está siendo revisado por Asociaciones de Periodistas de El Salvador para evaluar si se sigue un proceso legal contra el agresor.
En el siguiente video se muestra un poco de lo que ocurrió y que quedó grabado por los equipo de los medios y presenciado por la seguridad del mismo tribunal, que en todo momento acompañaron a la prensa para que no fueran víctimas de una agresión mayor:
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
