Judicial
Tribunal ordena desocupar casa que era utilizada para “extraños negocios” no autorizados
El tribunal 4to. de lo Civil y mercantil de esta capital, ordenó a la Dra. Sandra Jeanette Valiente, desalojar una vivienda ubicada en ubicada sobre la 59 avenida sur, polígono A, #11, Residencial Pilarica, San Salvador, debido al incumplimiento en los cánones (pagos) establecidos en el contrato de arrendamiento con un atraso de varios meses y por utilizar la vivienda para fines comerciales sin autorización del dueño de la propiedad.
De acuerdo al propietario de la vivienda, Lic. Cristian Aparicio, la Dra. Sandra Jeanette Valiente junto a Flavio R. Valiente, rentaron la vivienda en mención para uso domiciliar, sin embargo, se realizaron actividades tan diversas como guardería infantil, venta de comida china, lavandería, distribuidora de sistemas de energía solar, entre otras actividades en la vivienda sin que ninguna de estas estuviera descrita o autorizada en el contrato firmado por la Dra. Valiente y el propietario.
Así mismo el propietario reclamó que durante un año los arrendatarios no pagaron ninguna cuota mensual.
Ante esta grave situación, el afectado realizó diferentes gestiones para cobrar las cuotas mensuales y al no lograr un acuerdo con los inquilinos, optó por acudir al tribunal civil.
Durante la mañana del miércoles 20 de marzo, se realizó la audiencia judicial y ante las pruebas presentadas por el demandante, el Honorable Juez del Tribunal 4to. de los civil y mercantil ordenó a la Dra. Valiente que desocupe de forma inmediata el inmueble en mención.
Diario Digital Cronio, conoció varias denuncias de personas que dicen haber sido afectados por los extraños negocios de dicha pareja de comerciantes, tal como lo presentamos en la nota titulada “Falsa guardería estafa a madre de bajos recursos”.
ATAQUE A PERIODISTAS
Un equipo de periodistas de TCS, Noticiero 4 Visión y Diario Digital Cronio, acudieron a la diligencia judicial del tribunal 4to. de lo Civil y mercantil para hacer la respectiva cobertura informativa. Cuando se abordó a uno de los inquilinos identificado como Flavio R. Valiente y al ser consultado por el proceso mostró una actitud violenta, evasiva y desafiante ante los profesionales que realizaban su labor periodística.
Cuando los periodistas le expresaron que estaban realizando su labor periodística sin embargo el sujeto continuó amenazando e intimidando a los equipos de prensa, lanzando insultos a todo el gremio periodísto salvadoreño, catalogándolos de “imbéciles” o “farsantes”. Sin duda, una actitud infundada y poco educada del sr. Valiente. El Caso de esta agresión ya está siendo revisado por Asociaciones de Periodistas de El Salvador para evaluar si se sigue un proceso legal contra el agresor.
En el siguiente video se muestra un poco de lo que ocurrió y que quedó grabado por los equipo de los medios y presenciado por la seguridad del mismo tribunal, que en todo momento acompañaron a la prensa para que no fueran víctimas de una agresión mayor:
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
