Judicial
Tribunal ordena desocupar casa que era utilizada para “extraños negocios” no autorizados
El tribunal 4to. de lo Civil y mercantil de esta capital, ordenó a la Dra. Sandra Jeanette Valiente, desalojar una vivienda ubicada en ubicada sobre la 59 avenida sur, polígono A, #11, Residencial Pilarica, San Salvador, debido al incumplimiento en los cánones (pagos) establecidos en el contrato de arrendamiento con un atraso de varios meses y por utilizar la vivienda para fines comerciales sin autorización del dueño de la propiedad.
De acuerdo al propietario de la vivienda, Lic. Cristian Aparicio, la Dra. Sandra Jeanette Valiente junto a Flavio R. Valiente, rentaron la vivienda en mención para uso domiciliar, sin embargo, se realizaron actividades tan diversas como guardería infantil, venta de comida china, lavandería, distribuidora de sistemas de energía solar, entre otras actividades en la vivienda sin que ninguna de estas estuviera descrita o autorizada en el contrato firmado por la Dra. Valiente y el propietario.
Así mismo el propietario reclamó que durante un año los arrendatarios no pagaron ninguna cuota mensual.
Ante esta grave situación, el afectado realizó diferentes gestiones para cobrar las cuotas mensuales y al no lograr un acuerdo con los inquilinos, optó por acudir al tribunal civil.
Durante la mañana del miércoles 20 de marzo, se realizó la audiencia judicial y ante las pruebas presentadas por el demandante, el Honorable Juez del Tribunal 4to. de los civil y mercantil ordenó a la Dra. Valiente que desocupe de forma inmediata el inmueble en mención.
Diario Digital Cronio, conoció varias denuncias de personas que dicen haber sido afectados por los extraños negocios de dicha pareja de comerciantes, tal como lo presentamos en la nota titulada “Falsa guardería estafa a madre de bajos recursos”.
ATAQUE A PERIODISTAS
Un equipo de periodistas de TCS, Noticiero 4 Visión y Diario Digital Cronio, acudieron a la diligencia judicial del tribunal 4to. de lo Civil y mercantil para hacer la respectiva cobertura informativa. Cuando se abordó a uno de los inquilinos identificado como Flavio R. Valiente y al ser consultado por el proceso mostró una actitud violenta, evasiva y desafiante ante los profesionales que realizaban su labor periodística.
Cuando los periodistas le expresaron que estaban realizando su labor periodística sin embargo el sujeto continuó amenazando e intimidando a los equipos de prensa, lanzando insultos a todo el gremio periodísto salvadoreño, catalogándolos de “imbéciles” o “farsantes”. Sin duda, una actitud infundada y poco educada del sr. Valiente. El Caso de esta agresión ya está siendo revisado por Asociaciones de Periodistas de El Salvador para evaluar si se sigue un proceso legal contra el agresor.
En el siguiente video se muestra un poco de lo que ocurrió y que quedó grabado por los equipo de los medios y presenciado por la seguridad del mismo tribunal, que en todo momento acompañaron a la prensa para que no fueran víctimas de una agresión mayor:
Judicial
Procesarán en libertad a conductor y propietario de volqueta por tragedia en el redondel Integración que dejó dos muertos
El Juzgado de Paz de Apopa ordenó que Rudis Joel R. H., de 31 años, y Marvin Alexis H. R., de 27, continúen el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención por el accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en las inmediaciones del redondel Integración, en el distrito de Apopa. El siniestro dejó dos personas fallecidas y diez lesionadas.
Según la investigación fiscal, el conductor circulaba a 86.4 kilómetros por hora en una volqueta que excedía en 11.3 toneladas el límite de carga y presentaba deficiencias en el sistema de frenos. En esas condiciones, la unidad impactó contra varios vehículos que esperaban ingresar al redondel, provocando una cadena de colisiones. El juez sobreseyó definitivamente al conductor por el delito de conducción peligrosa, pero mantuvo el proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.

Marvin Alexis H. R., propietario de la empresa dueña de la volqueta, es procesado por comisión por omisión en los mismos delitos. Se le atribuye no haber mantenido la unidad en condiciones adecuadas y haber registrado el vehículo de forma irregular, sin las autorizaciones correspondientes. Ambos imputados deberán pagar cauciones económicas: 5,000 dólares el conductor y 60,000 dólares el propietario.
Además de las fianzas, se les impuso restricción migratoria, la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas y sus familiares. El caso continúa en etapa de instrucción.


Judicial
Condenan hasta 45 años de prisión a 74 pandilleros del Barrio 18 que operaban en La Libertad
La Fiscalía General de la República (FGR) logró condenas de entre 25 y 45 años de prisión contra 74 integrantes de la pandilla Barrio 18. Los sentenciados operaban en los distritos de Lourdes y Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, y fueron capturados durante el régimen de excepción.
Las penas fueron impuestas por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, tras presentar pruebas que demostraron su pertenencia a la estructura criminal y su participación en diferentes hechos delictivos. Durante el juicio se establecieron las vinculaciones de los acusados con la organización.
Los ahora condenados todavía deberán enfrentar otros procesos judiciales por delitos adicionales, por los cuales podrían recibir nuevas condenas. Esta resolución se suma a una serie de fallos recientes contra estructuras del Barrio 18 en distintas zonas del país.
Judicial
Condenan a 20 años de prisión a pandillero que fungía como poste en El Congo, Santa Ana
La Fiscalía General de la República logró una condena de 20 años de prisión contra Reynaldo Antonio Pérez Rosales, identificado como homeboy, por el delito de agrupaciones ilícitas. El sentenciado operaba desde 2017 en el municipio de El Congo, departamento de Santa Ana.
Según la investigación, sus funciones dentro de la estructura criminal consistían en vigilar la zona y alertar a los demás pandilleros sobre la presencia de patrullajes policiales y militares. Además, se le atribuye el cobro de extorsiones a diferentes comercios turísticos del sector, lo que formaba parte de las actividades con las que la organización mantenía control e intimidación en la zona.
La sentencia fue dictada en el marco de los procesos judiciales que avanzan contra integrantes de estructuras pandilleriles en el occidente del país. La Fiscalía detalló que Pérez Rosales también enfrenta procesos por otros delitos, por los cuales recibirá condenas adicionales que se acumularán a la ya impuesta.
Casos como este forman parte de las acciones de investigación y judicialización orientadas a desarticular las redes de vigilancia, cobro de extorsión y control territorial que ejercían las pandillas. Las autoridades continúan presentando pruebas sobre las funciones específicas de cada integrante dentro de las estructuras criminales.







