La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), destruyó un total de 85,224.93 gramos de droga, valorados en $333,786.85, como parte de sus acciones contra el narcotráfico.

Según informaron las autoridades, la droga fue decomisada en distintos procedimientos realizados en Santa Ana, San Miguel y San Salvador.

Los casos corresponden a procesos en los que los responsables ya cumplen condenas en prisión, mientras que otros aún enfrentan procesos judiciales por el delito de tráfico ilícito.

Durante el procedimiento, la droga fue clasificada en 83,712.07 gramos de marihuana, 13 plantas de marihuana, 1,487.51 gramos de cocaína y 25.35 gramos de metanfetamina.

La reserva estratégica de bitcóin (BTC) de El Salvador sigue creciendo y ha alcanzado las 7,637 monedas, consolidando una tendencia de acumulación que se ha mantenido constante en el tiempo. De acuerdo con los datos más recientes, el portafolio soberano ha sumado 30 bitcoines en el último mes, como parte de la estrategia de compras periódicas impulsada por el Gobierno.

Con el precio del bitcóin superando los $76,000, el valor estimado de esta reserva asciende actualmente a $584 millones. Este crecimiento refleja no solo el aumento en la cantidad de BTC en posesión del país, sino también el impacto del comportamiento del mercado sobre el valor total del portafolio.

La acumulación ha sido posible gracias a una política de largo plazo basada, en gran medida, en la compra de un BTC por día. Esta estrategia se ha mantenido incluso en contextos de volatilidad, y ha sido complementada con adquisiciones de mayor volumen durante caídas del precio, lo que permite optimizar los puntos de entrada.

Entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de abril de 2026, El Salvador ha incorporado aproximadamente 1,633 bitcoines a su reserva nacional, lo que evidencia una aceleración en el ritmo de acumulación en los últimos meses. Este enfoque ha posicionado al país como uno de los mayores compradores soberanos de BTC a nivel global, destacando por realizar adquisiciones directas en el mercado, en contraste con otros Estados cuyas tenencias provienen principalmente de decomisos.

Desde la Oficina Nacional del Bitcoin se ha reiterado que esta política responde a una visión de largo plazo, orientada a posicionar a El Salvador dentro de la economía digital global. La estrategia no solo se centra en la acumulación del activo, sino también en el desarrollo de un ecosistema que incluye regulación, educación y atracción de inversión.

Con una reserva que supera los 7,600 bitcoines y un valor por encima de los $584 millones, El Salvador continúa consolidando su apuesta por el bitcóin como activo estratégico, en un contexto internacional donde crece el interés institucional y la competencia por liderar la adopción de tecnologías financieras emergentes.

Una estructura que delinquió como grupo de extermio en diferentes distritos de La Unión y parte de San Miguel, fue condenada a penas de hasta 204 años de prisión.
La resolución fue emitida durante la vista pública desarrollada en el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), el grupo integrado por 30 personas se autodenominada el diablo de cordoncillo, y delinquió entre 2018 y 2020, en los distritos de San Alejo, Yayantique, El Carmen; y San Antonio Silva, de San Miguel.

«Estos sujetos eran financiados por personas originarias de San Alejo y Yayantique que residían en los Estados Unidos y les pagaban para matar a pandilleros, colaboradores de pandillas y civiles», detalla el reporte de la Fiscalía.

De acuerdo con las investigaciones, esta estructura criminal asesinó a una persona y participó en la planeación de nueve homicidios en los distritos de San Alejo y Yayantique, ambos de La Unión.

Entre las personas condenadas están el cabecilla del grupo de exterminio, el segundo jefe al mando, un pagador, 14 ejecutores y 12 colaboradores.

El cabecilla del grupo identificado como Efraín Gutiérrez fue condenado a 204 años de prisión por un homicidio agravado, siete casos de proposición y conspiración para cometer homicidio agravado, tráfico ilícito, tenencia, portación y conducción ilegal de arma de fuego y organizaciones terroristas.

En tanto, Juan Diego Marchante Quintanilla y Érick Hernández fueron condenados a 87 años de cárcel por un homicidio agravado, proposición y conspiración para cometer homicidio agravado, tenencia, portación y conducción ilegal de arma de fuego, tráfico ilícito y organizaciones terroristas.

Por similares delitos fueron sentenciados Ramón Francisco Díaz Ayala, a 77 años de cárcel; Adrián Hernández Ortiz, a 72; y Jorge Luis Flores a 69.

El resto fueron condenados a penas menores y en el juicio estuvieron presentes 27 de los 30 imputados.