Sucesos
Pandillas despiadadas definen las fronteras invisibles de El Salvador: El exilio es la única salida de las familias
Casas abandonadas, jóvenes y viejos confinados en tugurios… las pandillas o «maras» siembran terror en El Salvador, se disputan los barrios a sangre y fuego y amenazan a familias enteras cuya única escapatoria es el exilio.
El callejón del diablo, camino en apariencia bucólico con el majestuoso volcán Chinchontepec al fondo, no es más que maleza y casas en ruinas devoradas por la vegetación tropical.
Los pandilleros de la mara que reina en este sector de Soyapango, en los suburbios de San Salvador, vaciaron el lugar. Forzados a desplazarse, sus habitantes ahora viven amontonados en casuchas de zinc y madera.
«No les conviene que la gente les vea. Los acosaron, hasta que se vayan», explica a la AFP uno de los dos policías, fuertemente armados, que patrullan la zona con miedo.
Surgidas en los años ochenta y noventa y con tentáculos en la región y Europa, la Mara Salvatrucha (MS) y la Barrio 18 cuentan con cerca de 70.000 pandilleros en El Salvador, que se concentran por cientos en algunos barrios, según estimaciones oficiales.
Cada banda tiene sus propios territorios. Los maras son «una autoridad local, que ejerce control por medio de la amenaza», explica Noah Bullock, director de Cristosal.
Según esta ONG defensora de derechos humanos, los desplazamientos forzados por la inseguridad afectan a «aproximadamente 230.000 personas» en este pequeño país de 6,2 millones de habitantes, de los cuales el 33% son pobres.
Accesos cerrados, calles desiertas
A lo largo del callejón del diablo, los muros verdosos por la humedad están cubiertos de grafitis: la 18 es la que manda aquí. Sus hombres también emplean el estrecho paso para escabullirse de la persecución.
Las recientes pinturas en honor a «Chicky» o «Kiko», abatidos por la policía, disuaden a quien quiera adentrarse en él.
Otros barrios de Soyapango sobreviven bajo el yugo de la MS. Es el caso de Las Margaritas, el más poblado, con cerca de 80.000 habitantes.
Una barrera de color amarillo encendido limita su entrada: con las pupilas dilatadas por la marihuana, un pandillero la levanta tras obtener luz verde de su jefe por celular.
A pesar de ser época de vacaciones escolares, el estadio de fútbol de Las Margaritas está desierto. Cortinas opacas tapan las ventanas del lugar. De vez en cuando afloran miradas desconfiadas. Los adultos hablan de la pandilla a regañadientes, sin siquiera pronunciar su nombre ni las siglas, la identifican simplemente como «las letras».
Enumeran un rosario de dificultades: falta de centros médicos, de recolección de basura, calles destruidas y, sobre todo, dificultades en la movilidad hacia sectores controlados por otros maras.
«Solo el hecho de venir de una colonia u otra (…) de salir a buscar trabajo es un delito», se queja José Martín Alas de 55 años, en silla de ruedas desde que cayó de un techo hace cerca de 20 años.
Sus tres hijas de 35, 29 y 27 años migraron a Estados Unidos, donde sobreviven «limpiando casas, lavando baños, lavando trastes». Sus seis nietos están allá. «No están viviendo bien, pero están seguros», estima Alas.
Partir, la única salvación
«Entre las colonias, hay como fronteras invisibles», precisa un estudiante de antropología de 23 años, quien calla su nombre. Los pandilleros «reclutan a la fuerza o te insultan, te golpean, te roban y hasta peor, solo por venir de otro barrio», agrega su amigo desempleado.
«Para quedar con vida, hay que salir de este gueto. Para siempre», murmura.
Los habitantes de Las Margaritas ni siquiera se atreven a aventurarse hasta el hospital situado a menos de dos kilómetros, en un barrio controlado por la 18. Entonces, una vez por semana, esperan a la brigada de Médicos Sin Fronteras (MSF), en un modesto complejo deportivo.
La ONG organiza consultas semanales en estos barrios donde «el acceso a la salud no siempre está garantizado», debido a la «conflictividad social», explica Marça Roca, coordinador del programa «Fronteras invisibles» de MSF.
La brigada dispone de ambulancias para ir a buscar enfermos, heridos y embarazadas en sectores donde los taxistas no se arriesgan.
Sus sicólogos tratan la depresión, recurrente debido a las amenazas de las pandillas. Hay «en los más pequeños, una tendencia a relacionarse, a expresarse con violencia», agrega Roca.
Extorsión, homicidios y desapariciones
Brazo armado del crimen organizado y reyes de todo tipo de tráfico, los maras se financian también con la extorsión. Pocos comercios y servicios se libran de pagar, ni siquiera los conductores de bus o los distribuidores de garrafones de agua. El botín anual se estima en cientos de millones de dólares.
Si antes los pandilleros se distinguían por sus espectaculares tatuajes y mudas amplias, «han ido mutando, han ido cambiando. Es una estrategia para infiltrarse» por todas partes y lavar su dinero por medio de empresas fantasmas, precisa Vladimir Cáceres, vocero de la policía.
Desde enero se han registrado 2.926 homicidios, 15% menos que en el mismo periodo de 2017.
«El muertómetro sube y baja (…) pero la tasa de homicidios sigue siendo alta», lamenta Benjamín Cuéllar, del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES) sobre la impunidad.
La tasa de homicidios es una de las más altas del mundo: 45,5 por cada 100.000 habitantes, un promedio de 9,2 casos por día, según las más recientes datos de la policía.
A esto también se suman las desapariciones de testigos incómodos o de quienes se atreven a denunciar. «Hay entre 1.000 y 1.500 personas desaparecidas año por año», precisa Bullock.
En la deteriorada comisaría de Ilopango, otra zona «roja» limítrofe de Soyapango, solo los maras más viejos llevan todavía las letras MS grabadas en la piel.
Encerrados en grupos de a 12 en una suerte de jaula de 5m2 que sirve de celda, durmiendo en el piso de cemento, esperan a ser juzgados. La mirada cruel o aturdida por el aburrimiento, algunos están allí desde hace un año, a falta de espacio en las cárceles del Salvador.
Por: El Salvador Times.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
