Sucesos
Pandillas despiadadas definen las fronteras invisibles de El Salvador: El exilio es la única salida de las familias
Casas abandonadas, jóvenes y viejos confinados en tugurios… las pandillas o «maras» siembran terror en El Salvador, se disputan los barrios a sangre y fuego y amenazan a familias enteras cuya única escapatoria es el exilio.
El callejón del diablo, camino en apariencia bucólico con el majestuoso volcán Chinchontepec al fondo, no es más que maleza y casas en ruinas devoradas por la vegetación tropical.
Los pandilleros de la mara que reina en este sector de Soyapango, en los suburbios de San Salvador, vaciaron el lugar. Forzados a desplazarse, sus habitantes ahora viven amontonados en casuchas de zinc y madera.
«No les conviene que la gente les vea. Los acosaron, hasta que se vayan», explica a la AFP uno de los dos policías, fuertemente armados, que patrullan la zona con miedo.
Surgidas en los años ochenta y noventa y con tentáculos en la región y Europa, la Mara Salvatrucha (MS) y la Barrio 18 cuentan con cerca de 70.000 pandilleros en El Salvador, que se concentran por cientos en algunos barrios, según estimaciones oficiales.
Cada banda tiene sus propios territorios. Los maras son «una autoridad local, que ejerce control por medio de la amenaza», explica Noah Bullock, director de Cristosal.
Según esta ONG defensora de derechos humanos, los desplazamientos forzados por la inseguridad afectan a «aproximadamente 230.000 personas» en este pequeño país de 6,2 millones de habitantes, de los cuales el 33% son pobres.
Accesos cerrados, calles desiertas
A lo largo del callejón del diablo, los muros verdosos por la humedad están cubiertos de grafitis: la 18 es la que manda aquí. Sus hombres también emplean el estrecho paso para escabullirse de la persecución.
Las recientes pinturas en honor a «Chicky» o «Kiko», abatidos por la policía, disuaden a quien quiera adentrarse en él.
Otros barrios de Soyapango sobreviven bajo el yugo de la MS. Es el caso de Las Margaritas, el más poblado, con cerca de 80.000 habitantes.
Una barrera de color amarillo encendido limita su entrada: con las pupilas dilatadas por la marihuana, un pandillero la levanta tras obtener luz verde de su jefe por celular.
A pesar de ser época de vacaciones escolares, el estadio de fútbol de Las Margaritas está desierto. Cortinas opacas tapan las ventanas del lugar. De vez en cuando afloran miradas desconfiadas. Los adultos hablan de la pandilla a regañadientes, sin siquiera pronunciar su nombre ni las siglas, la identifican simplemente como «las letras».
Enumeran un rosario de dificultades: falta de centros médicos, de recolección de basura, calles destruidas y, sobre todo, dificultades en la movilidad hacia sectores controlados por otros maras.
«Solo el hecho de venir de una colonia u otra (…) de salir a buscar trabajo es un delito», se queja José Martín Alas de 55 años, en silla de ruedas desde que cayó de un techo hace cerca de 20 años.
Sus tres hijas de 35, 29 y 27 años migraron a Estados Unidos, donde sobreviven «limpiando casas, lavando baños, lavando trastes». Sus seis nietos están allá. «No están viviendo bien, pero están seguros», estima Alas.
Partir, la única salvación
«Entre las colonias, hay como fronteras invisibles», precisa un estudiante de antropología de 23 años, quien calla su nombre. Los pandilleros «reclutan a la fuerza o te insultan, te golpean, te roban y hasta peor, solo por venir de otro barrio», agrega su amigo desempleado.
«Para quedar con vida, hay que salir de este gueto. Para siempre», murmura.
Los habitantes de Las Margaritas ni siquiera se atreven a aventurarse hasta el hospital situado a menos de dos kilómetros, en un barrio controlado por la 18. Entonces, una vez por semana, esperan a la brigada de Médicos Sin Fronteras (MSF), en un modesto complejo deportivo.
La ONG organiza consultas semanales en estos barrios donde «el acceso a la salud no siempre está garantizado», debido a la «conflictividad social», explica Marça Roca, coordinador del programa «Fronteras invisibles» de MSF.
La brigada dispone de ambulancias para ir a buscar enfermos, heridos y embarazadas en sectores donde los taxistas no se arriesgan.
Sus sicólogos tratan la depresión, recurrente debido a las amenazas de las pandillas. Hay «en los más pequeños, una tendencia a relacionarse, a expresarse con violencia», agrega Roca.
Extorsión, homicidios y desapariciones
Brazo armado del crimen organizado y reyes de todo tipo de tráfico, los maras se financian también con la extorsión. Pocos comercios y servicios se libran de pagar, ni siquiera los conductores de bus o los distribuidores de garrafones de agua. El botín anual se estima en cientos de millones de dólares.
Si antes los pandilleros se distinguían por sus espectaculares tatuajes y mudas amplias, «han ido mutando, han ido cambiando. Es una estrategia para infiltrarse» por todas partes y lavar su dinero por medio de empresas fantasmas, precisa Vladimir Cáceres, vocero de la policía.
Desde enero se han registrado 2.926 homicidios, 15% menos que en el mismo periodo de 2017.
«El muertómetro sube y baja (…) pero la tasa de homicidios sigue siendo alta», lamenta Benjamín Cuéllar, del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES) sobre la impunidad.
La tasa de homicidios es una de las más altas del mundo: 45,5 por cada 100.000 habitantes, un promedio de 9,2 casos por día, según las más recientes datos de la policía.
A esto también se suman las desapariciones de testigos incómodos o de quienes se atreven a denunciar. «Hay entre 1.000 y 1.500 personas desaparecidas año por año», precisa Bullock.
En la deteriorada comisaría de Ilopango, otra zona «roja» limítrofe de Soyapango, solo los maras más viejos llevan todavía las letras MS grabadas en la piel.
Encerrados en grupos de a 12 en una suerte de jaula de 5m2 que sirve de celda, durmiendo en el piso de cemento, esperan a ser juzgados. La mirada cruel o aturdida por el aburrimiento, algunos están allí desde hace un año, a falta de espacio en las cárceles del Salvador.
Por: El Salvador Times.
El director del Hospital Veterinario Chivo Pets, Melvyn Rogel, señaló que reforzar la vacunación de los gatos es la principal medida de prevención contra la panleucopenia felina, una enfermedad viral que puede ser controlada si se actúa de manera oportuna.
Rogel enfatizó que la prevención comienza con el cumplimiento del esquema de vacunación. «Hay que hacer un esquema de vacunación completo a cada felino, poner los refuerzos en los tiempos establecidos y evitar que estén propensos a adquirir enfermedades», señaló en la entrevista que brindó a canal 10.
Rogel explicó que el hospital cuenta con las dosis necesarias para proteger a los gatos contra esta enfermedad.
«El hospital cuenta con la vacuna triple felina que es la que necesita el gato para prevenir la panleucopenia», apuntó Rogel. «También tenemos la quíntuple felina que incluye la vacuna de leucemia», añadió.
De acuerdo con el profesional, la panleucopenia es una enfermedad que requiere atención veterinaria inmediata en caso de contagio, aunque subrayó que puede ser controlada si se detecta a tiempo.
Asimismo, detalló que el período de incubación del virus es de entre 10 y 15 días y que los síntomas más comunes en los felinos incluyen falta de apetito, fiebre y diarrea.
«La panleucopenia afecta principalmente a los gatos de 0 a 6 meses, ya que son los que tienen menos defensas y no han sido vacunados», explicó.
Esta enfermedad se transmite por medio de las heces. El contagio ocurre cuando otro gato entra en contacto o ingiere pequeñas partículas contaminadas, lo que puede provocarle la enfermedad.
Rogel informó que recientemente se ha detectado un brote de panleucopenia en el país, el primero reportado en El Salvador, lo que ha llevado a un aumento en la atención de casos en el hospital.
«Empezamos a observar felinos con los mismos síntomas, en el punto más alto del brote atendimos entre 50 y 60 gatos diarios», señala.
Las autoridades veterinarias reiteran que la vacunación completa y a tiempo es la herramienta más efectiva para proteger a los gatos y evitar la propagación de esta enfermedad.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, con 57 votos, la ley para el fomento de la expansión de las inversiones, que brinda dos beneficios fiscales a las empresas que ya operan en el país por más de una década y que amplíen su inversión y producción.
Dicha normativa beneficia a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que incrementen sus inversiones con más de $1 millón.
Para ello, el decreto establece una tabla de porcentajes de deducción del impuesto sobre la renta (ISR), calculados sobre la inversión a realizar, de manera que las empresas que consideren invertir entre $1 millón y $10 millones tendrán una deducción del
10 % del ISR; las que inviertan más de $10 millones hasta $20 millones, el 20%; y a las que inviertan más de $20 millones se les deducirá el 30 %.
Este beneficio fiscal podrá ser utilizado en un plazo de 10 años a partir de obtenida la calificación.
Además, el marco legal aprobado por el congreso beneficia a las empresas con la exoneración del impuesto sobre la transferencia de bienes raíces en aquellos inmuebles que sean adquiridos para la expansión.
El requisito a cumplir es que los beneficiarios utilicen el bien en un plazo mínimo de cinco años y conservarlo en propiedad en ese mismo plazo
Algunos de los requisitos que deberán cumplir los interesados son comprobar la antigüedad de sus operaciones, no estar amparados a otras leyes que brindan incentivos fiscales, presentar la calificación Invest y no tener obligaciones pendientes con Hacienda.
Los beneficiarios no podrán sustituir activos o reducir las operaciones con las que inician el proceso.
Principal
Tribunales han condenado en enero a 17 extranjeros por traficar más de tres toneladas de cocaína
Entre el 12 y 13 de enero, dos tribunales de sentencia de San Salvador condenaron a 17 extranjeros a quienes la Marina Nacional interceptó en alta mar con grandes cargamentos de cocaína.
La droga incautada entre marzo y julio de 2024, ascendió a 3,032 kilogramos valuados en $76,017,000, según las experticias que hizo la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC).
Desde que fueron detenidos en procedimientos efectuados por equipos de la Fuerza de Tarea Naval Tridente (FTNT), el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura ordenó que en los dos expedientes, los mexicanos, guatemaltecos y ecuatorianos sorprendidos transportando la cocaína en lanchas, quedaran en detención.
Cuando los procesos pasaron a juzgados de instrucción de la capital, se ratificó la medida cautelar de prisión y se ordenó que enfrentaran juicios por el delito de tráfico ilícito.
Al realizarse las vistas públicas, fiscales de la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico acreditaron que los extranjeros participaron en el transporte de la cocaína que procedía desde Suramérica y que el destino final era Estados Unidos.
El pasado lunes, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, condenó a 15 años de cárcel a tres guatemaltecos y seis ecuatorianos detenidos el 19 de marzo de 2024 con 1,482 kg de cocaína valuados en $37,050.000.
Los traficantes de nacionalidad ecuatoriana encontrados responsables por ese caso son: Antony Alexander Castro Mantuano, Jairo Leonardo Lucas Hernández, Víctor Hugo Masillas Castro, Carlos Roberto Cedeño Arsentales, Limber Fabricio Ceballos Loor y Oscar Hernán Mero Sembrán, así como los guatemaltecos Néstor Stiven García Abauta, José Alberto Linares Méndez y Erick Hipólito Centeros Alcántara.
Los extranjeros fueron interceptados por la Fuerza de Tarea Naval Tridente (FTNT) a 490 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo en el Estero de Jaltepeque, departamento de La Paz, con el cargamento de droga.
Mientras que el martes, el Tribunal Cuarto de Sentencia de la capital, condenó a 14 años de prisión a seis mexicanos y dos ecuatorianos, arrestados con 1,550 kilos de cocaína valuados en $38,967,000.
Los responsables en ese caso son: Vicente Teodoro Vélez García y Jimmy Efrén Bravo Villegas de nacionalidad ecuatoriana, así como los mexicanos, Lisandro Hernández García, Agustín Girón Domínguez, Marcos Agreda Villegas, Santiago López Gutiérrez, Ider Camacho Luján y Jonathan Bartolo Ortiz. A los últimos tres también les impusieron otros tres años por posesión y tenencia; cumplirán en total, 17 años de prisión.
La Marina Nacional los ubicó el 19 de julio 2024, a 445 millas náuticas (824 kilómetros) al sur del estero de Jaltepeque, San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
