Sucesos
Pandillas despiadadas definen las fronteras invisibles de El Salvador: El exilio es la única salida de las familias
Casas abandonadas, jóvenes y viejos confinados en tugurios… las pandillas o «maras» siembran terror en El Salvador, se disputan los barrios a sangre y fuego y amenazan a familias enteras cuya única escapatoria es el exilio.
El callejón del diablo, camino en apariencia bucólico con el majestuoso volcán Chinchontepec al fondo, no es más que maleza y casas en ruinas devoradas por la vegetación tropical.
Los pandilleros de la mara que reina en este sector de Soyapango, en los suburbios de San Salvador, vaciaron el lugar. Forzados a desplazarse, sus habitantes ahora viven amontonados en casuchas de zinc y madera.
«No les conviene que la gente les vea. Los acosaron, hasta que se vayan», explica a la AFP uno de los dos policías, fuertemente armados, que patrullan la zona con miedo.
Surgidas en los años ochenta y noventa y con tentáculos en la región y Europa, la Mara Salvatrucha (MS) y la Barrio 18 cuentan con cerca de 70.000 pandilleros en El Salvador, que se concentran por cientos en algunos barrios, según estimaciones oficiales.
Cada banda tiene sus propios territorios. Los maras son «una autoridad local, que ejerce control por medio de la amenaza», explica Noah Bullock, director de Cristosal.
Según esta ONG defensora de derechos humanos, los desplazamientos forzados por la inseguridad afectan a «aproximadamente 230.000 personas» en este pequeño país de 6,2 millones de habitantes, de los cuales el 33% son pobres.
Accesos cerrados, calles desiertas
A lo largo del callejón del diablo, los muros verdosos por la humedad están cubiertos de grafitis: la 18 es la que manda aquí. Sus hombres también emplean el estrecho paso para escabullirse de la persecución.
Las recientes pinturas en honor a «Chicky» o «Kiko», abatidos por la policía, disuaden a quien quiera adentrarse en él.
Otros barrios de Soyapango sobreviven bajo el yugo de la MS. Es el caso de Las Margaritas, el más poblado, con cerca de 80.000 habitantes.
Una barrera de color amarillo encendido limita su entrada: con las pupilas dilatadas por la marihuana, un pandillero la levanta tras obtener luz verde de su jefe por celular.
A pesar de ser época de vacaciones escolares, el estadio de fútbol de Las Margaritas está desierto. Cortinas opacas tapan las ventanas del lugar. De vez en cuando afloran miradas desconfiadas. Los adultos hablan de la pandilla a regañadientes, sin siquiera pronunciar su nombre ni las siglas, la identifican simplemente como «las letras».
Enumeran un rosario de dificultades: falta de centros médicos, de recolección de basura, calles destruidas y, sobre todo, dificultades en la movilidad hacia sectores controlados por otros maras.
«Solo el hecho de venir de una colonia u otra (…) de salir a buscar trabajo es un delito», se queja José Martín Alas de 55 años, en silla de ruedas desde que cayó de un techo hace cerca de 20 años.
Sus tres hijas de 35, 29 y 27 años migraron a Estados Unidos, donde sobreviven «limpiando casas, lavando baños, lavando trastes». Sus seis nietos están allá. «No están viviendo bien, pero están seguros», estima Alas.
Partir, la única salvación
«Entre las colonias, hay como fronteras invisibles», precisa un estudiante de antropología de 23 años, quien calla su nombre. Los pandilleros «reclutan a la fuerza o te insultan, te golpean, te roban y hasta peor, solo por venir de otro barrio», agrega su amigo desempleado.
«Para quedar con vida, hay que salir de este gueto. Para siempre», murmura.
Los habitantes de Las Margaritas ni siquiera se atreven a aventurarse hasta el hospital situado a menos de dos kilómetros, en un barrio controlado por la 18. Entonces, una vez por semana, esperan a la brigada de Médicos Sin Fronteras (MSF), en un modesto complejo deportivo.
La ONG organiza consultas semanales en estos barrios donde «el acceso a la salud no siempre está garantizado», debido a la «conflictividad social», explica Marça Roca, coordinador del programa «Fronteras invisibles» de MSF.
La brigada dispone de ambulancias para ir a buscar enfermos, heridos y embarazadas en sectores donde los taxistas no se arriesgan.
Sus sicólogos tratan la depresión, recurrente debido a las amenazas de las pandillas. Hay «en los más pequeños, una tendencia a relacionarse, a expresarse con violencia», agrega Roca.
Extorsión, homicidios y desapariciones
Brazo armado del crimen organizado y reyes de todo tipo de tráfico, los maras se financian también con la extorsión. Pocos comercios y servicios se libran de pagar, ni siquiera los conductores de bus o los distribuidores de garrafones de agua. El botín anual se estima en cientos de millones de dólares.
Si antes los pandilleros se distinguían por sus espectaculares tatuajes y mudas amplias, «han ido mutando, han ido cambiando. Es una estrategia para infiltrarse» por todas partes y lavar su dinero por medio de empresas fantasmas, precisa Vladimir Cáceres, vocero de la policía.
Desde enero se han registrado 2.926 homicidios, 15% menos que en el mismo periodo de 2017.
«El muertómetro sube y baja (…) pero la tasa de homicidios sigue siendo alta», lamenta Benjamín Cuéllar, del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES) sobre la impunidad.
La tasa de homicidios es una de las más altas del mundo: 45,5 por cada 100.000 habitantes, un promedio de 9,2 casos por día, según las más recientes datos de la policía.
A esto también se suman las desapariciones de testigos incómodos o de quienes se atreven a denunciar. «Hay entre 1.000 y 1.500 personas desaparecidas año por año», precisa Bullock.
En la deteriorada comisaría de Ilopango, otra zona «roja» limítrofe de Soyapango, solo los maras más viejos llevan todavía las letras MS grabadas en la piel.
Encerrados en grupos de a 12 en una suerte de jaula de 5m2 que sirve de celda, durmiendo en el piso de cemento, esperan a ser juzgados. La mirada cruel o aturdida por el aburrimiento, algunos están allí desde hace un año, a falta de espacio en las cárceles del Salvador.
Por: El Salvador Times.
Con el fin de dinamizar la economía, respaldar el bolsillo de los salvadoreños e impulsar los negocios, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 59 votos, la creación e implementación de la Ley Quincena 25.
Dicha normativa, que consta de nueve artículos, fue propuesta por el presidente de la República, Nayib Bukele, y consiste en entregar un ingreso complementario equivalente al 50 % del salario mensual. Este beneficio se pagará entre el 15 y el 25 de enero de cada año a trabajadores del sector público y privado que ganan hasta $1,500.
De acuerdo a lo expuesto en la sesión plenaria 93, dicho monto no sustituirá el salario y no tendrá descuentos de Impuesto sobre la Renta, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ni AFP, tampoco podrá ser embargado.
El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, esta medida beneficiará al 94 % de los asalariados, a las familias, a los grandes y pequeños negocios.
“El mes de enero aprieta más duro y esto es porque en diciembre se aumentan los gastos, por lo que esta medida es para arreglar un problema estructural”, aseguró el también presidente de la Comisión de Hacienda. “Con este dinero se dinamizará la economía a toda escala y de manera local”, agregó.
El Gobierno será el primero en cumplir esta ley con todos los empleados públicos, a partir de este mes.
Mientras tanto, en el sector privado, la implementación de la medida será de forma gradual. Este año, el pago será voluntario, las empresas que lo entreguen tendrán un incentivo fiscal, que consistirá en deducir el 100 % del impuesto de la renta del monto brindado.
Por otro lado, de acuerdo al artículo 3, habrá una condición especial cuando se declare terminado un contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono o empleador o cuando la persona beneficiada sea despedida sin causa legal, antes del 25 de enero, tendrá derecho a que se le pague la compensación económica adicional.
Esta no es la primera vez que los parlamentarios le brindan gobernabilidad al presidente Bukele, pues ha habido otras medidas que han ayudado a palear dificultades económicas. Entre ellas, la aprobación de la entrega anticipada del aguinaldo para los empleados (tanto del sector público como privado) y el pago de la pensión de Navidad y aguinaldo a las personas retiradas, así como el pago de cuotas alimenticias.
Los presidentes Rodrigo Chaves Robles de Costa Rica y Nayib Bukele de El Salvador encabezaron este miércoles la ceremonia de colocación de la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), un megaproyecto penitenciario ubicado en San Rafael de Alajuela, dentro del complejo La Reforma.
El acto oficializa el inicio de las obras de una infraestructura de alta seguridad con capacidad para 5.100 reclusos, enmarcada en la alianza bilateral “Escudo de las Américas” para combatir el crimen organizado transnacional.
El CACCO, que demandará una inversión aproximada de ₡21.000 millones (alrededor de 35-40 millones de dólares), consta de cinco módulos con estrictos protocolos de contención y busca aislar a líderes de bandas criminales, sicarios, extraditables y reos de alta peligrosidad, al tiempo que alivia el hacinamiento en el sistema penitenciario costarricense. Las autoridades estiman que la construcción tomará unos 200 días, con finalización prevista para finales de 2026.
Durante la conferencia de prensa conjunta y el acto simbólico, ambos mandatarios enfatizaron que esta no es solo una ampliación de infraestructura, sino un cambio de paradigma en la lucha contra estructuras criminales que operan en la región. Bukele, en su intervención, reiteró los riesgos de dejar crecer la inseguridad: “Cuando la inseguridad avanza, se cae el trabajo, se complica la educación y se frena la economía. La gente deja de salir, los negocios cierran temprano, la inversión se va y el turismo desaparece”.
El presidente salvadoreño recordó la experiencia de su país antes del control de las pandillas, donde estas ejercían un “gobierno paralelo” mediante extorsiones, asesinatos y violaciones sistemáticas.
“Cuando la delincuencia se toma el país —cosa que aún no pasa en Costa Rica—, la criminalidad llega a ser un gobierno paralelo. El país tiene dos gobiernos: el oficial, elegido por el pueblo, y el gobierno paralelo, que es la dictadura de las pandillas, de los criminales y de los narcos”, declaró.Bukele destacó el impacto del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde se eliminaron privilegios como el uso de celulares y computadoras para dirigir operaciones desde prisión: “Nuestras cárceles se habían convertido en universidades del crimen. Había criminales con privilegios, metían prostitutas y subían videos a YouTube de sus fiestas.
En 2014 y 2015, ellos grababan y subían sus videos a redes sociales”.Chaves, por su lado, agradeció la asesoría técnica de El Salvador, que incluyó diseños, estudios y protocolos de seguridad, permitiendo ahorros millonarios: “El señor presidente Nayib Bukele nos ha dado la crónica de una dictadura del crimen organizado. Solo los tontos no aprenden de una mente ajena. Además, el presidente Bukele está aquí porque este proyecto se ha beneficiado con millones de colones que hubiéramos tenido que invertir en diseños y en estudios para su construcción; pero El Salvador, una vez más, colaboró con Costa Rica como lo ha hecho en otras ocasiones”.
El proyecto ganó impulso tras la visita de Bukele a La Reforma en noviembre de 2024 y la gira de Chaves al CECOT en diciembre de 2025. Esta es la cuarta reunión de alto nivel entre ambos líderes, consolidando una relación estrecha centrada en la cooperación regional. La alianza “Escudo de las Américas”, firmada en diciembre de 2025 en Coatepeque (El Salvador), impulsa el intercambio de información y experiencias para enfrentar narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero, con invitación abierta a otros países.
El evento, que incluyó movimientos de tierra ya en marcha, se da en plena campaña electoral costarricense (a 15 días de las elecciones nacionales), lo que ha generado debate sobre el timing político. Sin embargo, ambos gobiernos lo presentan como un mensaje inequívoco de unidad y determinación: la seguridad ciudadana es el pilar para la prosperidad económica, social y turística de la región centroamericana.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso una condena de diez años de cárcel a Raúl de Jesús Guardado Ramos, tras encontrarlo culpable del delito de robo agravado. Los hechos por los que fue sentenciado ocurrieron en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
Según la relación circunstanciada de los hechos, el incidente ocurrió el 19 de mayo de 2024, cuando la víctima esperaba transporte público.
En ese momento, fue interceptada por Guardado Ramos, quien la persuadió para que abordara su vehículo. Posteriormente, la condujo a un lugar aislado, donde cometió el robo. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que el condenado cancele $60 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.
