Sucesos
Madre de asesino de enfermera de Metapán ayudó a ocultar el crimen avisando a la policía de un accidente de tránsito
El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, dio detalles de la investigación que se ha realizado en torno al caso de la enfermera asesinada en Metapán.
Según lo señalado, el sujeto que es acusado de ser el autor material del crimen conocía a su víctima desde hace varios años ya que fueron compañeros de estudio.
Al mismo tiempo, se señaló que la madre del acusado colaboró con este para ocultar el caso y alertar a las autoridades que la muerte de la mujer fue por accidente de tránsito.
Meléndez señaló que el hecho se produjo debido a que el imputado quería sostener relaciones sexuales con la víctima y esta se negó. «La atacó de manera brutal y posteriormente abusó sexualmente de ella», informó el fiscal.
«Estudió en bachillerato con la enfermera», señaló el funcionario al presentar a Víctor Alfonso Vides Valle, quien fue capturado en las últimas horas.
El jefe del ministerio público señaló que en 2012 Vides Valle fue procesado por el delito de violación y que posteriormente, en una fecha no determinada, emigró de manera ilegal a Estados Unidos.
«Según registros, en mayo del presente año este sujeto fue deportado de Estados Unidos». señaló Meléndez en conferencia de prensa brindada sobre el caso.
El seguimiento de las autoridades ha establecido que la enfermera se encontró a Vides y tras una charla la mujer se subió a la moto que el hombre conducía para desplazarse hacía la carretera a Anguiatú.
Al mismo tiempo, se reveló que el imputado asesinó a la mujer en una zona rural de la carretera y que dejó el cuerpo abandonado para regresar a su casa y comunicarse con su madre quien le ayudó a ocultar el crimen.
Por: El Salvador Times.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, resolvió que Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián, sigan en la cárcel por administración fraudulenta de $1,304,455.48, en perjuicio de una sociedad dedicada al transporte de carga.
El primero era ejecutivo de clientes y el otro imputado fungía como contador, según la investigación fiscal las irregularidades fueron detectadas en los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes de dinero.
Hubo múltiples transferencias de fondos a favor de personas que no correspondían a empleados o proveedores. Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 en el 2023, mientras que a favor de Cristian González fueron $82,779.69 en 2025.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
