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Privados de libertad de Plan Cero Ocio trabajan en la remodelación de la Brigada de Artillería, en San Juan Opico
Los reos en fase de confianza se mantienen trabajando en diferentes escenarios para beneficio de la población salvadoreña, como parte del Plan Cero Ocio impulsado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, por medio de la Dirección General de Centros Penales.
Entre las obras que ejecutan los privados de libertad están la restauración de la Brigada de Artillería “teniente coronel Óscar Osorio”, en San Juan Opico, La Libertad. Los trabajos que realizan en la sede militar incluyen la colocación de pisos y zócalo, reparación de techos y cielos rasos, y aplicación de pinturas en las paredes, entre otros.
El director general de Centros Penales, Osiris Luna, destacó las labores que desarrollan los reos en fase de confianza. “Estamos al servicio de nuestros héroes de verde. Los reos participan activamente en la restauración de la Brigada de Artillería. Es un privilegio poder trabajar para quienes sirven a nuestra patria”, dijo.
Estas tareas se suman a los trabajos en más de 75 oficinas administrativas y operativas de la Policía Nacional Civil (PNC) en todo el país. La construcción y remodelación de los espacios policiales ha sido desarrollado durante el Gobierno del Presidente Bukele.
El Plan Cero Ocio es una de las estrategias que más beneficio ha generado a los privados de libertad, porque con esta se evita el sedentarismo carcelario, que por décadas se mantuvo en las prisiones, provocando que los reos no tuvieran un proceso de reinserción adecuado.
Desde el inicio de la administración del Presidente Bukele un promedio de 2,000 privados de libertad salen a diario a trabajar de manera articulada con otras instituciones para solventar los problemas de las comunidades y de instituciones, generando un ahorro en mano de obra.
Además, antes de iniciar la fase de confianza, al interior de los penales, los reos se incorporan en talleres de formación para aprender un oficio que les permita integrarse a la sociedad cuando salgan en libertad.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
