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Presidente Nayib Bukele: El país ya no será un «experimento social»
El presidente de la república, Nayib Bukele, expresó ayer que El Salvador ya no será un experimento social de organizaciones opositoras y de la comunidad internacional que critican la «independencia judicial en el país».
El argumento se dio luego de que la Policía Nacional Civil informó sobre la detención de Luis Alberto Sánchez, alias el «Criminal», quien es cabecilla de una clica en San Pedro Masahuat. Bukele comunicó que este pandillero «fue liberado siete veces por varios jueces entre 2005 y 2016».
«Esa es la “independencia judicial” que defienden las ONG y la “comunidad internacional”. Pero ya no seremos más su experimento social ni sus ratas de laboratorio. El Salvador decidió liberarse», escribió en su Twitter.
El presidente aseguró que el 99 % de la población está feliz con las acciones implementadas en los últimos días, que tienen como objetivo sacar de las calles a todos los pandilleros que amedrentan a la población.
«Restaurantes, bares, conciertos, eventos culturales, sitios turísticos, comercios, playas, todo lleno. La gente en El Salvador no está asediada, los que están asediados son los criminales. El 99 % de la población está feliz», destacó el mandatario.
El viernes, el presidente hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que remueva a los jueces cómplices del crimen organizado y pidió a la Fiscalía investigar los nexos del juez Godofredo Salazar con el crimen organizado y estructuras terroristas.
Durante esta semana, el referido juez especializado de Sentencia A de San Salvador absolvió a 42 integrantes de la pandilla 18 por una supuesta «falta de pruebas». En 2019, el mismo juez obvió una prueba contra otros criminales.
«El juez al que defienden las ONG es el mismo que prohibió reproducir los videos y audios que incriminaban a los pandilleros en 2019 con Norman Quijano», dijo Bukele.
RESULTADOS CONTUNDENTES
La PNC, la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República trabajan en conjunto para detener el ataque de las pandillas y así devolver la tranquilidad a la población. Para ello han reforzado sus equipos en busca de criminales.
Los duros golpes contra los grupos delincuenciales han permitido detener a cabecillas y colaboradores de la Mara Salvatrucha, de la pandilla 18, la Mao Mao y otras estructuras criminales.
Entre estos se destaca la captura del cabecilla Carlos Ramírez Hernández en Jayaque. La PNC mencionó que «fue localizado gracias a un patrullaje con drones, lo que permitió a los agentes llegar a su ubicación en una casa; cuando fue rodeado, no pudo escapar y fue capturado».
Otro cabecilla capturado fue Rodolfo Armando Hércules, alias Payaso, palabrero de varias clicas en Acajutla, Sonsonate. Fue capturado en el barrio La Playa, de ese municipio. Las autoridades dijeron que este hombre ordenó varios homicidios en el occidente del país.
En redes sociales se ha visibilizado el apoyo de la población a las medidas ejecutadas por el Gabinete de Seguridad. Varios salvadoreños han expresado que en los barrios y colonias sienten más seguridad porque ya pueden transitar tranquilamente e incluso en estos días han dejado de pagar la denominada renta.
Bukele ha sido enfático en decir que los pandilleros solo tienen dos salidas: la cárcel o la muerte. Las autoridades han asegurado que todos los mareros que están siendo aprehendidos no quedarán libres como en años anteriores, sino que ahora pagarán por los delitos cometidos. «Ninguno saldrá libre», asegura Bukele.
Por: DES.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
