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Piden castigar con dos a cuatro años de cárcel a quienes maltraten animales
Los ministros de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y de Agricultura y Ganadería, David Martínez, presentaron una pieza de correspondencia que contiene reformas a los artículos 261 y 263 del Código Penal, para llevar a prisión a las personas que cometan el delito de maltrato animal.
“Tenemos conciencia plena de nuestra parte social que también conecta con evitar el maltrato animal. Este Gobierno está con ustedes y sepan que desde las instituciones de justicia estamos firmes en combatir estos ilícitos, atrás han quedado los maltratos denunciados en redes sociales que se quedaban en la impunidad”, afirmó el ministro Villatoro.
La pena impuesta sobre aquel que se declare culpable de agresión contra un animal aumentará hasta en una tercera parte cuando se hayan utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida animal.
También, en los casos que se haga con saña, es decir, con violencia y crueldad; cuando se cause al animal la pérdida o inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal; y cuando estos hechos se hubieren ejecutado en presencia de un menor de edad.
El ministro Villatoro aseguró que la premisa bajo la cual actuarán las autoridades es que “si (una persona) tiene la capacidad de maltratar a un animal, también lo hará con un ser humano”.
“Queremos construir la sociedad que nos merecemos, esto pasa por el respeto a la vida de los seres humanos y animales”, añadió.
El funcionario también advirtió que serán sancionados quienes organizan peleas de perros. “No son personas buenas los que están atrás de estas peleas irregulares”, dijo.
Las reformas propuestas establecen que en caso de que el maltrato infringido haya causado la muerte del animal se impondrá, adicionalmente, la prohibición de tenencia por el mismo plazo de la condena, y la inhabilitación especial en el caso de personas que ejerzan profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.
Para que la población denuncie hechos de maltrato animal, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) creará una plataforma para que los salvadoreños hagan llegar a las autoridades la información pertinente.
La presentación de la pieza fue acompañada por la diputada de Nuevas Ideas, Ivonne Hernández. “Nuestro país avanza hacia un Estado y marco jurídico integral. Este tema va a contribuir al país porque vamos a cerrar un tipo de violencia social”, expresó la parlamentaria.
Reformas al Código Penal fortalecerán nueva Ley de Bienestar Animal
El pasado 18 de enero, los diputados de la Comisión Agropecuaria emitieron dictamen favorable a la Ley de Bienestar Animal, la cual marca un precedente al reconocer, por primera vez, a los animales como seres sintientes.
La nueva ley se verá fortalecida al contar con las herramientas legales para castigar con prisión de dos a cuatro años a quienes maltraten animales, gracias a las reformas propuestas al Código Penal.
La normativa busca educar a la población desde sus primeros años de vida, a través de la promoción del cuido y bienestar de los animales por parte del Ministerio de Educación, Ciencia y tecnología (MINEDUCYT), al incluir en su currículo de enseñanza las buenas prácticas en el trato hacia los animales.
Además, determina obligaciones para los responsables de animales, entre ellas destaca la identificación de la mascota mediante placa y microchip, así como inmunizarlos contra enfermedades de riesgo zoonótico y protegerlos de las enfermedades propias de su especie, para ello, se deberá llevar el control de vacunación y procurar el control de la reproducción de sus animales.
También se deberá mantener al animal con un número apropiado de mascotas para evitar el hacinamiento, proporcionándole alojamiento, alimento, agua y abrigo según su especie.
Asimismo, la normativa contempla las acciones que se deberán tomar en caso de agresividad de un animal. En primera instancia, los responsables deberán garantizarle un proceso de rehabilitación y readaptación para corregir la conducta.
La anterior normativa, creada en 2016, nunca garantizó los derechos de los animales; tampoco establecía sanciones para los autores de delitos en contra de estos seres vivos, ya que, ni siquiera tipificaba a los animales como seres sintientes.
“Había una ley, pero no las herramientas y facultades para las instituciones que velan por implementar la justicia en el país”, detalló el ministro de Justicia y seguridad, Gustavo Villatoro.
Instituto de Bienestar Animal asegurará cumplimiento de nueva ley
El Instituto de Bienestar Animal (IBA), creado a partir de la nueva normativa, se encargará de garantizar que se cumpla lo dispuesto en favor de los animales.
El IBA se encargará también de administrar el primer hospital veterinario público “Chivo Pets”, creado gracias al excedente de $4 millones generado por la inversión en Bitcoin efectuada por el Gobierno, gracias al apoyo de la nueva Asamblea Legislativa.
Además, se convertirá en una institución autónoma del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Esta nueva institución trabajará de manera articulada con las alcaldías, otras carteras de Estado, la Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Nacional Civil (PNC).
EN la nueva ley se ha regulado que quienes se dediquen a la cría, venta, hospedaje, guardería y centros de adiestramiento de animales de compañía, estén obligados a contar con los permisos de funcionamiento emitidos por el IBA.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Diego Josué Gómez Galicia, de 21 años de edad, identificado por las autoridades como homeboy de la MS-13, durante un procedimiento realizado en Chalchuapa, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con el reporte policial, Gómez Galicia, de nacionalidad guatemalteca, utilizaba las redes sociales para presumir su pertenencia a la organización terrorista e incitar a jóvenes a integrarse a sus filas.
La PNC informó además que el detenido buscaba reactivar la estructura criminal en Atiquizaya, Ahuachapán Norte, lugar donde residía.
Las autoridades indicaron que Gómez Galicia será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla, según detalló la institución en su cuenta de X.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un pandillero de la MS-13 en la frontera El Amatillo, ubicada en La Unión Norte, cuando intentaba salir del país.
De acuerdo con la institución, durante la intervención los agentes identificaron tatuajes en el cuerpo del detenido alusivos a la estructura criminal. Asimismo, al inspeccionar el teléfono celular que portaba, encontraron varias imágenes que lo vinculaban con la pandilla, entre ellas fotografías en las que presuntamente aparecía realizando señas alusivas a la organización y presumiendo su pertenencia a la misma.
El capturado fue identificado por las autoridades como Santos Humberto Pineda, de 25 años de edad, señalado como homeboy de la MS-13.
La PNC informó que al detenido le fue incautado el teléfono celular y será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
