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Piden castigar con dos a cuatro años de cárcel a quienes maltraten animales
Los ministros de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y de Agricultura y Ganadería, David Martínez, presentaron una pieza de correspondencia que contiene reformas a los artículos 261 y 263 del Código Penal, para llevar a prisión a las personas que cometan el delito de maltrato animal.
“Tenemos conciencia plena de nuestra parte social que también conecta con evitar el maltrato animal. Este Gobierno está con ustedes y sepan que desde las instituciones de justicia estamos firmes en combatir estos ilícitos, atrás han quedado los maltratos denunciados en redes sociales que se quedaban en la impunidad”, afirmó el ministro Villatoro.
La pena impuesta sobre aquel que se declare culpable de agresión contra un animal aumentará hasta en una tercera parte cuando se hayan utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida animal.
También, en los casos que se haga con saña, es decir, con violencia y crueldad; cuando se cause al animal la pérdida o inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal; y cuando estos hechos se hubieren ejecutado en presencia de un menor de edad.
El ministro Villatoro aseguró que la premisa bajo la cual actuarán las autoridades es que “si (una persona) tiene la capacidad de maltratar a un animal, también lo hará con un ser humano”.
“Queremos construir la sociedad que nos merecemos, esto pasa por el respeto a la vida de los seres humanos y animales”, añadió.
El funcionario también advirtió que serán sancionados quienes organizan peleas de perros. “No son personas buenas los que están atrás de estas peleas irregulares”, dijo.
Las reformas propuestas establecen que en caso de que el maltrato infringido haya causado la muerte del animal se impondrá, adicionalmente, la prohibición de tenencia por el mismo plazo de la condena, y la inhabilitación especial en el caso de personas que ejerzan profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.
Para que la población denuncie hechos de maltrato animal, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) creará una plataforma para que los salvadoreños hagan llegar a las autoridades la información pertinente.
La presentación de la pieza fue acompañada por la diputada de Nuevas Ideas, Ivonne Hernández. “Nuestro país avanza hacia un Estado y marco jurídico integral. Este tema va a contribuir al país porque vamos a cerrar un tipo de violencia social”, expresó la parlamentaria.
Reformas al Código Penal fortalecerán nueva Ley de Bienestar Animal
El pasado 18 de enero, los diputados de la Comisión Agropecuaria emitieron dictamen favorable a la Ley de Bienestar Animal, la cual marca un precedente al reconocer, por primera vez, a los animales como seres sintientes.
La nueva ley se verá fortalecida al contar con las herramientas legales para castigar con prisión de dos a cuatro años a quienes maltraten animales, gracias a las reformas propuestas al Código Penal.
La normativa busca educar a la población desde sus primeros años de vida, a través de la promoción del cuido y bienestar de los animales por parte del Ministerio de Educación, Ciencia y tecnología (MINEDUCYT), al incluir en su currículo de enseñanza las buenas prácticas en el trato hacia los animales.
Además, determina obligaciones para los responsables de animales, entre ellas destaca la identificación de la mascota mediante placa y microchip, así como inmunizarlos contra enfermedades de riesgo zoonótico y protegerlos de las enfermedades propias de su especie, para ello, se deberá llevar el control de vacunación y procurar el control de la reproducción de sus animales.
También se deberá mantener al animal con un número apropiado de mascotas para evitar el hacinamiento, proporcionándole alojamiento, alimento, agua y abrigo según su especie.
Asimismo, la normativa contempla las acciones que se deberán tomar en caso de agresividad de un animal. En primera instancia, los responsables deberán garantizarle un proceso de rehabilitación y readaptación para corregir la conducta.
La anterior normativa, creada en 2016, nunca garantizó los derechos de los animales; tampoco establecía sanciones para los autores de delitos en contra de estos seres vivos, ya que, ni siquiera tipificaba a los animales como seres sintientes.
“Había una ley, pero no las herramientas y facultades para las instituciones que velan por implementar la justicia en el país”, detalló el ministro de Justicia y seguridad, Gustavo Villatoro.
Instituto de Bienestar Animal asegurará cumplimiento de nueva ley
El Instituto de Bienestar Animal (IBA), creado a partir de la nueva normativa, se encargará de garantizar que se cumpla lo dispuesto en favor de los animales.
El IBA se encargará también de administrar el primer hospital veterinario público “Chivo Pets”, creado gracias al excedente de $4 millones generado por la inversión en Bitcoin efectuada por el Gobierno, gracias al apoyo de la nueva Asamblea Legislativa.
Además, se convertirá en una institución autónoma del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Esta nueva institución trabajará de manera articulada con las alcaldías, otras carteras de Estado, la Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Nacional Civil (PNC).
EN la nueva ley se ha regulado que quienes se dediquen a la cría, venta, hospedaje, guardería y centros de adiestramiento de animales de compañía, estén obligados a contar con los permisos de funcionamiento emitidos por el IBA.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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