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Niño con quemaduras por explosión de cohetería ya se encuentra en Texas para recuperación
El niño de 10 años que resultó con quemaduras en la explosión de una cohetería clandestina en el cantón El Ranchador, en Santa Ana, ya se encuentra en Galveston, Texas, Estados Unidos.
Ayer, durante la tarde, una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas, inició el traslado desde el hospital de niños Benjamín Bloom hasta la pista del Aeropuerto Internacional “Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, pero por complicaciones de salud no pudo completar el traslado y regresó a Máxima Urgencia del hospital.
Esta madrugada nuevamente se inició el traslado bajo estricto cuidado en el recorrido desde el centro asistencial hasta el aeropuerto.
Finalmente, a las 7:30 de la mañana, el niño, junto a su madre, ingresaron al avión ambulancia que los levara a ambos hasta Estados Unidos. El avión ambulancia fue contratado directamente por el Despacho de la Primera Dama, Gabriela de Bukele.
El ministro de Salud, Francisco Alabi, fue parte de los médicos que acompañaron al niño en su traslado desde el hospital de niños Benjamín Bloom hasta el Aeropuerto Internacional de El Salvador.
“Desde temprano, todo el equipo del Ministerio de Salud, nos movimos hasta el hospital Bloom para apoyar el traslado de este niño. Podrá recibir la atención adecuada para salir adelante”, mencionó Alabi.
“Sabemos que el personal del hospital Bloom puso todo su esfuerzo para estabilizar al niño, es digno de reconocer”, puntualizó el ministro.
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele, de manera articulada, gestionó con la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, las visas humanitarias para el niño y su madre.
La fundación Shriners en El Salvador puso a disposición toda la gestión para que el niño fuera atendido en el hospital estadounidense. Dicho centro asistencial es uno de los más equipados en la atención de quemaduras corporales.
En el incidente de la cohetería clandestina, dos menores, una niña de un año y un niño de dos, también resultaron con quemaduras entre el 85 % a 90 %. Ambos casos fallecieron entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.
Otras cinco personas resultaron con quemaduras, pero según detalló el ministro Alabi, se encuentran estables.
Gabriel López Meléndez fue enviado a juicio por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de su compañera de vida, así decidió el Juzgado Especializado Segundo de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 3 de agosto de 2025 en el distrito de Apopa a raíz de una discusión que se prolongó durante varias horas hasta que el sujeto comenzó a agredir físicamente a la víctima.
«Mientras la pareja se encontraba en una habitación de su vivienda junto a uno de sus hijos, López, motivado por celos, habría comenzado una discusión y golpeó a la víctima en el estómago y el resto del cuerpo hasta quitarle la vida», se detalló en la acusación.
Posteriormente, López acudió a socorristas para solicitar ayuda, sin embargo, cuando estos llegaron, la víctima ya había muerto por las múltiples lesiones.
En el peritaje forense, que fue parte del desfile de pruebas de la Fiscalía, se determinó que la causa de muerte fue un trauma cerrado de abdomen de tipo contuso.
La investigación determinó que López Meléndez y la víctima mantenían una relación sentimental marcada por violencia psicológica y física ejercida por él. Además, el imputado intentaba controlarla y la maltrataba tras constantes episodios de celos.
Al valorar la oferta probatoria del ministerio público, el juzgado identificó elementos suficientes y relevantes para admitir la acusación y remitir el proceso a la etapa de sentencia. Asimismo, ratificó la medida cautelar de detención provisional contra el procesado, que se enfrenta a una posible condena de más de 30 años de prisión.
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Imponen 10 años de cárcel a cuatro hombres por amenazar a persona para que abandonara su casa
Luis Armando Márquez Tovar, Jonathan Alexander Veliz Umaña, Jorge Alberto Landaverde Rivas y José Samuel Lima Flores fueron condenados a 10 años de cárcel cada uno por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. La pena carcelaria fue impuesta por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.
Los hechos ocurrieron el 27 de diciembre de 2021, en el distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
La Fiscalía logró comprobar que ese día, aproximadamente a las 8:30 p. m., los ahora condenados llegaron a la vivienda de la víctima, quien tenía abierta la puerta balcón del inmueble para amenazarla con que debía abandonar el lugar.
En el desarrollo de la vista pública, la víctima declaró que uno de los sujetos hablaba por teléfono y, entre insultos, le exigió que tomara el celular porque querían hablar con él, además de pedirle que se dejara tomar una fotografía.
«La víctima al ver el semblante intimidante de los imputados, tomó el teléfono celular y escuchó que la persona al otro lado de la llamada le advirtió que, si no accedía a tomarse la fotografía, enviaría a otras personas para dispararle», detallaron las fuentes. Ante la negativa de la víctima, los procesados lo amenazaron para que abandonara el lugar. Por temor a que las amenazas se concretaran, la víctima se vio obligada a dejar su vivienda.
Carlos Eloy Castañeda Hernández fue condenado a 37 años de prisión por homicidio simple en calidad de cómplice no necesario, así resolvió el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador.
El hecho ocurrió el 15 de marzo de 2021, en Ciudad Delgado, San Salvador Centro, en perjuicio de la víctima identificada como C. J. E.
Según la acusación, ese día, tras una fuerte discusión, el hijo del procesado, identificado en el caso únicamente como Samuel, «disparó con un arma de fuego contra la víctima. En ese mismo hecho, el imputado le arrebató el arma y disparó contra las otras tres víctimas, causándoles lesiones. Posteriormente, el autor del homicidio (Samuel) se dio a la fuga», detallaron fuentes judiciales.
La condena impuesta a Castañeda Hernández incluye la responsabilidad en los tres casos de homicidio tentado (intento), cuyas víctimas permanecen bajo reserva de identidad, así como por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.
En el fallo, el tribunal determinó que el imputado participó en el homicidio en calidad de cómplice no necesario, al no auxiliar a la víctima, lo que facilitó la fuga del asesino Samuel.
Por el delito de homicidio simple en modalidad de complicidad no necesaria, el tribunal le impuso diez años de prisión. Por cada uno de los homicidios tentados (intentos), ocho años; y por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, tres años de prisión
