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Medidas de seguridad implementadas por el Gobierno contra las pandillas son replicadas en Honduras
Debido a los excelentes resultados y al respaldo de la población salvadoreña, las medidas de seguridad aplicadas por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele en el combate de las pandillas se han convertido en referente para otros países de la región Centroamericana.
El domingo pasado mientras en El Salvador se extendía, por otros 30 días, la vigencia del estado de excepción, el gobierno de la República de Honduras decretó estado de excepción en una de las provincias más peligrosas en el vecino país.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declaró estado de excepción en Colón, tras el asesinato de tres policías en una emboscada, lo que conmocionó a la población.
“En este momento, estoy convocando al Consejo de Ministros para que solicite a la Asamblea Legislativa la ampliación del régimen de excepción por 30 días más”, anunció el sábado por la noche el Presidente Bukele. La respuesta del Legislativo fue pronta. El presidente de ese órgano de Estado, Ernesto Castro, convocó a sesión extraordinaria horas más tarde, obteniendo el apoyo del 80 % de diputados.
En la misma fecha, la presidenta Castro ordenó una medida similar, con restricciones: “¡Declaro estado de excepción en Colón, a partir de las 9:00 p. m.! A Seguridad y a la Policía, les instruyo restringir circulación y fronteras de Colón, estableciendo retenes en todo el país hasta capturar a despiadados criminales. Nuestra solidaridad con familiares y Policía”.
En 30 días del régimen de excepción, esta herramienta legal ha dado resultados exitosos en El Salvador, al reportar más de 17,000 miembros de esas estructuras criminales capturados por las fuerzas de Seguridad. Con ello, los índices de homicidios y otros delitos de alto impacto han tenido una significativa reducción. Este es el resultado de la guerra contra pandillas, que ordenó el Presidente Bukele, con un trabajo articulado entre la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.
La población, agobiada por la zozobra que causan los antisociales al cometer homicidios, extorsión y otros delitos, aplaude los resultados del régimen y las medidas adoptadas en contra de los grupos criminales, clamor que fue escuchado por el jefe de Estado. El sondeo más reciente de CID-Gallup, divulgado hace una semana, reflejó que el 91 % de los salvadoreños (9 de cada 10) apoyan las medidas de seguridad, entre estas el régimen de excepción.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a cinco años de prisión a Ernesto Bladimir Franco Rodríguez y Luis Alberto Franco Rodríguez por el delito de lesiones muy graves en perjuicio de un hombre.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2025 en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte, cuando la víctima fue citada por una mujer para departir en una zona apartada.
Al llegar al lugar, el hombre fue interceptado por los condenados, quienes lo atacaron con armas blancas, causándole diversas lesiones de gravedad. La víctima logró escapar y posteriormente interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Las investigaciones desarrolladas por las autoridades permitieron identificar, capturar y procesar judicialmente a los imputados.
En otro caso, el pandillero de la MS, Rafael Enrique Álvarez fue condenado a ocho años de prisión por lesionar con un arma blanca a un hombre en San Alejo, La Unión.
El hecho ocurrió, aproximadamente, a las 5 de la tarde del 12 de diciembre de 2021, cuando la víctima estaba viendo un encuentro deportivo en la cancha de fútbol del cantón Santa Cruz, del distrito de San Alejo, en La Unión.
Según la acusación fiscal, el procesado llegó hasta donde estaba la víctima y lo hirió con un machete en el codo izquierdo. Tras la agresión, la víctima corrió y fue alcanzada por el procesado y dos pandilleros más.
La alcaldía de San Salvador Centro informó que más de 250 estructuras fueron desmontadas como parte de la fase 6, Etapa 2 del reordenamiento y recuperación de espacios públicos.
Los puntos intervenidos fueron la primera calle poniente, 11a y 7a avenida Norte, avenida Peralta, la décima avenida San Jacinto, así como la calle San Juan y estación Fenadesal.
De acuerdo con el alcalde capitalino, Mario Durán, más de 800 empleados municipales participaron en jornadas de limpieza y desmontaje estructuras improvisadas utilizadas para el comercio informal.
«Ha sido un trabajo titánico. Estamos en una etapa bastante avanzada. El uso de las calles y aceras es para las personas y las familias y no para el comercio, debemos mantener el orden», dijo el funcionario en conferencia de prensa.
La alcaldía señala que este es un esfuerzo articulado entre comerciantes por cuenta propia y equipos municipales que durante días trabajaron para seguir avanzando en la revitalización del Centro Histórico de San Salvador.
«Agradezco a los equipos operativos quienes trabajaron arduamente por este importante proyecto; a los comerciantes por cuenta propia y a todos los salvadoreños que se suman por recuperar el corazón de El Salvador», añadió.
La comisión de infraestructura y desarrollo territorial emitió dictamen a favor de legalizar los terrenos donde residen 174 familias de la comunidad 2 de Noviembre, en el distrito de Tonacatepeque, en San Salvador Este.
El grupo de legisladores recomienda al pleno reformar la Ley especial para la legalización de las calles, tramos declarados en desuso y afectados como de uso público para ser transferidas en propiedad, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo), a las familias de escasos recursos económicos que las habitan.
El propósito es que la comunidad en mención se agregue a los 14 asentamientos beneficiados con dicha normativa, que fue creada en junio de 2019.
La iniciativa de apoyar a las familias de Tonacatepeque proviene del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, la cual fue ingresada en la sesión plenaria ordinaria 109.
Para estudiar la propuesta, la comisión de infraestructura recibió a representantes de la comunidad, quienes explicaron su situación y lo que significaría reformar la ley.
«La comunidad estuvo desamparada. Entre el 2000 al 2001 llegamos a esas tierras, y todos somos de escasos recursos económicos.
Hoy estamos viendo que las cosas van a mejorar», expresó la presidenta de la directiva de la comunidad 2 de Noviembre, Marielos Cruz.
