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Medidas de seguridad implementadas por el Gobierno contra las pandillas son replicadas en Honduras
Debido a los excelentes resultados y al respaldo de la población salvadoreña, las medidas de seguridad aplicadas por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele en el combate de las pandillas se han convertido en referente para otros países de la región Centroamericana.
El domingo pasado mientras en El Salvador se extendía, por otros 30 días, la vigencia del estado de excepción, el gobierno de la República de Honduras decretó estado de excepción en una de las provincias más peligrosas en el vecino país.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declaró estado de excepción en Colón, tras el asesinato de tres policías en una emboscada, lo que conmocionó a la población.
“En este momento, estoy convocando al Consejo de Ministros para que solicite a la Asamblea Legislativa la ampliación del régimen de excepción por 30 días más”, anunció el sábado por la noche el Presidente Bukele. La respuesta del Legislativo fue pronta. El presidente de ese órgano de Estado, Ernesto Castro, convocó a sesión extraordinaria horas más tarde, obteniendo el apoyo del 80 % de diputados.
En la misma fecha, la presidenta Castro ordenó una medida similar, con restricciones: “¡Declaro estado de excepción en Colón, a partir de las 9:00 p. m.! A Seguridad y a la Policía, les instruyo restringir circulación y fronteras de Colón, estableciendo retenes en todo el país hasta capturar a despiadados criminales. Nuestra solidaridad con familiares y Policía”.
En 30 días del régimen de excepción, esta herramienta legal ha dado resultados exitosos en El Salvador, al reportar más de 17,000 miembros de esas estructuras criminales capturados por las fuerzas de Seguridad. Con ello, los índices de homicidios y otros delitos de alto impacto han tenido una significativa reducción. Este es el resultado de la guerra contra pandillas, que ordenó el Presidente Bukele, con un trabajo articulado entre la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.
La población, agobiada por la zozobra que causan los antisociales al cometer homicidios, extorsión y otros delitos, aplaude los resultados del régimen y las medidas adoptadas en contra de los grupos criminales, clamor que fue escuchado por el jefe de Estado. El sondeo más reciente de CID-Gallup, divulgado hace una semana, reflejó que el 91 % de los salvadoreños (9 de cada 10) apoyan las medidas de seguridad, entre estas el régimen de excepción.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
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BCIE aprueba financiamiento de US$155 millones para dar continuidad al fortalecimiento de la infraestructura vial y la movilidad urbana en El Salvador
Con una inversión de US$155 millones, el BCIE respaldará la ejecución del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana – Fase II en El Salvador, continuando con intervenciones estratégicas para el país en materia de infraestructura vial. El programa beneficiará a más de 1.17 millones de habitantes en el Área Metropolitana de San Salvador y en el distrito de Atiquizaya, departamento de Ahuachapán.
Esta iniciativa se estructura en tres componentes principales: la ampliación y mejoramiento de la Carretera RN13W en el tramo Desvío Atiquizaya – Desvío Bypass de Ahuachapán junto con sus obras conexas; los estudios de diseño y construcción del Corredor Norte del Anillo Periférico del AMSS; y los estudios de diseño del Corredor Oriente del Anillo Periférico del AMSS. En conjunto, el Programa incluye la ampliación a 4 carriles de 7.05 km de carretera existente, la construcción de 8.17 km de nuevas vías y 30.4 km de ciclovía nueva.
La implementación de este programa redistribuirá los flujos de tránsito que hoy saturan la capital, reduciendo el tiempo promedio de viaje en 45.6% para los usuarios de los tramos intervenidos, y mejorará la circulación regional sobre la Carretera Panamericana. Además, con la ampliación de la RN13W, el programa elevará la capacidad de algunos de los ejes viales más importantes del país, proyectando un tránsito promedio diario anual de 111,053 vehículos, incluyendo 9,023 vehículos de carga pesada, ofreciendo condiciones más seguras y menores costos de operación para sus usuarios.
El Programa integra además soluciones tecnológicas de gestión inteligente del tránsito, medidas de seguridad vial e infraestructura para transporte no motorizado, y se estima que generará 250 empleos directos temporales.
Con esta aprobación, el BCIE reafirma su compromiso con el desarrollo integral de El Salvador. Este financiamiento representa una inversión de largo plazo en la competitividad, la conectividad territorial y el bienestar de la población salvadoreña.
