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Medidas de seguridad implementadas por el Gobierno contra las pandillas son replicadas en Honduras
Debido a los excelentes resultados y al respaldo de la población salvadoreña, las medidas de seguridad aplicadas por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele en el combate de las pandillas se han convertido en referente para otros países de la región Centroamericana.
El domingo pasado mientras en El Salvador se extendía, por otros 30 días, la vigencia del estado de excepción, el gobierno de la República de Honduras decretó estado de excepción en una de las provincias más peligrosas en el vecino país.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declaró estado de excepción en Colón, tras el asesinato de tres policías en una emboscada, lo que conmocionó a la población.
“En este momento, estoy convocando al Consejo de Ministros para que solicite a la Asamblea Legislativa la ampliación del régimen de excepción por 30 días más”, anunció el sábado por la noche el Presidente Bukele. La respuesta del Legislativo fue pronta. El presidente de ese órgano de Estado, Ernesto Castro, convocó a sesión extraordinaria horas más tarde, obteniendo el apoyo del 80 % de diputados.
En la misma fecha, la presidenta Castro ordenó una medida similar, con restricciones: “¡Declaro estado de excepción en Colón, a partir de las 9:00 p. m.! A Seguridad y a la Policía, les instruyo restringir circulación y fronteras de Colón, estableciendo retenes en todo el país hasta capturar a despiadados criminales. Nuestra solidaridad con familiares y Policía”.
En 30 días del régimen de excepción, esta herramienta legal ha dado resultados exitosos en El Salvador, al reportar más de 17,000 miembros de esas estructuras criminales capturados por las fuerzas de Seguridad. Con ello, los índices de homicidios y otros delitos de alto impacto han tenido una significativa reducción. Este es el resultado de la guerra contra pandillas, que ordenó el Presidente Bukele, con un trabajo articulado entre la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.
La población, agobiada por la zozobra que causan los antisociales al cometer homicidios, extorsión y otros delitos, aplaude los resultados del régimen y las medidas adoptadas en contra de los grupos criminales, clamor que fue escuchado por el jefe de Estado. El sondeo más reciente de CID-Gallup, divulgado hace una semana, reflejó que el 91 % de los salvadoreños (9 de cada 10) apoyan las medidas de seguridad, entre estas el régimen de excepción.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a siete años de prisión a Adalberto Antonio Miranda Zepeda, hijo del fallecido Catalino Miranda, tras encontrarlo responsable del delito de estafa agravada en perjuicio de una víctima.
De acuerdo con los hechos acreditados en juicio, el 16 de mayo de 2019, Miranda Zepeda solicitó al Centro Nacional de Registros (CNR) el retiro de un documento de cancelación de mutuo hipotecario que no había sido inscrito, con el propósito de subsanar prevenciones señaladas por dicha institución; posteriormente, el documento fue presentado nuevamente por otra persona.
Sin embargo, la víctima no firmó dicha cancelación y la Sección del Notariado de la Corte Suprema de Justicia informó que el documento era inexistente; además, se estableció que el notario no se encontraba en el país en la fecha en que supuestamente fue suscrito.
Asimismo, el dolo se evidenció cuando el procesado, en su calidad de administrador único de ACOSTES de R. L., suscribió con la víctima una novación del contrato de mutuo con garantía prendaria sobre 78 unidades de buses. No obstante, posterior a la firma de la novación, esas mismas unidades fueron dadas como garantía ante otras instituciones financieras.
Los hechos se originaron en 2019, cuando la víctima otorgó un contrato de mutuo con garantía hipotecaria y prendaria por $1,800,000 a favor de su padre Catalino Ezequiel Miranda Arteaga (ya fallecido) y de su tío José Braulio Miranda Arteaga, quienes en ese entonces eran los representantes de ACOSTES de R. L. y ACOSTES de El Salvador S. A. de C. V. Con el tiempo, los obligados dejaron de cumplir con los pagos.
Además, el tribunal condenó en abstracto la responsabilidad civil, a fin de que la víctima pueda ejercer su derecho en la vía correspondiente. Esto debido a que no se demostró el monto exacto del perjuicio, ya que la víctima concilió con uno de los imputados, José Braulio Miranda Arteaga.
Hamlet Rafael de Paz Escobar, conocido como “La Romina” recobrará su libertad luego de confesar los delitos de daños a una patrulla policial y hurto de una gorra de un agente, en enero de 2025. Hasta hoy, Romina está detenida en el penal de Jucuapa.
La audiencia se desarrolló de forma virtual, debido a que el imputado permanece en prisión mientras avanza el proceso judicial en su contra, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por las autoridades.
De acuerdo con información judicial, el caso continúa en etapa de análisis, por lo que serán las instancias correspondientes las que determinen las responsabilidades del acusado conforme avance el procedimiento.
El aval a este tipo de proceso podría permitir una resolución más ágil del caso, siempre que se cumplan las condiciones legales requeridas, incluyendo la aceptación de los hechos por parte del imputado.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el avance específico del caso, aunque reiteraron que el proceso sigue activo.
Según el expediente fiscal, una patrulla de la PNC auxiliaba a una persona y habían dejado el vehículo estacionado; como a 15 metros aproximadamente estaba Romina, quien aprovechó que los agentes se alejaron para hurtar la gorra.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Romina el 23 de enero de 2025, cuando fue interceptada sobre el bulevar El Hipódromo, en el distrito de San Salvador.
Previo a su captura, la tiktoker subió un video en sus redes sociales donde aparentemente se encontraba a bordo de una patrulla policial, mostró una gorra de la PNC y activó la bocina del vehículo.
En agosto de 2024, la tiktoker fue acusada de robo y amenazas en contra de un conductor de aplicaciones.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que la segunda fase del proyecto de agua potable que se ejecuta en el distrito de Sacacoyo, en el municipio de La Libertad Oeste, lleva un 97 % de avance.
Para finalizar la obra en su totalidad, la DOM ejecuta los últimos detalles que consisten en la implementación de válvulas, cajas para filtrado de lodo y aire, pintura y acabados de la infraestructura.
De acuerdo con la institución, la segunda fase del proyecto comprende la construcción de una cisterna en la zona del pozo, instalación de una bomba sumergible, dos bombas más para rebombeo a una segunda cisterna y una subestación de suministro eléctrico.
Asimismo, incluye la instalación de tres bombas más de rebombeo en la cisterna intermedia para empujar el agua a través de la red de impelencia de más de 3.5 kilómetros, hasta el tanque principal de más 400 metros cúbicos -4 veces más en capacidad al sistema anterior- con su respectiva subestación eléctrica.
La DOM detalló que este proyecto está acompañado de una obra civil que consta de casetas para el control eléctrico y rebombeo, así como para vigilancia, sumado al muro perimetral con block y alambre navaja en la parte superior.
Este nuevo sistema de agua potable abastecerá a más de 1,800 habitantes del sector.
