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Medidas de seguridad implementadas por el Gobierno contra las pandillas son replicadas en Honduras
Debido a los excelentes resultados y al respaldo de la población salvadoreña, las medidas de seguridad aplicadas por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele en el combate de las pandillas se han convertido en referente para otros países de la región Centroamericana.
El domingo pasado mientras en El Salvador se extendía, por otros 30 días, la vigencia del estado de excepción, el gobierno de la República de Honduras decretó estado de excepción en una de las provincias más peligrosas en el vecino país.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declaró estado de excepción en Colón, tras el asesinato de tres policías en una emboscada, lo que conmocionó a la población.
“En este momento, estoy convocando al Consejo de Ministros para que solicite a la Asamblea Legislativa la ampliación del régimen de excepción por 30 días más”, anunció el sábado por la noche el Presidente Bukele. La respuesta del Legislativo fue pronta. El presidente de ese órgano de Estado, Ernesto Castro, convocó a sesión extraordinaria horas más tarde, obteniendo el apoyo del 80 % de diputados.
En la misma fecha, la presidenta Castro ordenó una medida similar, con restricciones: “¡Declaro estado de excepción en Colón, a partir de las 9:00 p. m.! A Seguridad y a la Policía, les instruyo restringir circulación y fronteras de Colón, estableciendo retenes en todo el país hasta capturar a despiadados criminales. Nuestra solidaridad con familiares y Policía”.
En 30 días del régimen de excepción, esta herramienta legal ha dado resultados exitosos en El Salvador, al reportar más de 17,000 miembros de esas estructuras criminales capturados por las fuerzas de Seguridad. Con ello, los índices de homicidios y otros delitos de alto impacto han tenido una significativa reducción. Este es el resultado de la guerra contra pandillas, que ordenó el Presidente Bukele, con un trabajo articulado entre la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.
La población, agobiada por la zozobra que causan los antisociales al cometer homicidios, extorsión y otros delitos, aplaude los resultados del régimen y las medidas adoptadas en contra de los grupos criminales, clamor que fue escuchado por el jefe de Estado. El sondeo más reciente de CID-Gallup, divulgado hace una semana, reflejó que el 91 % de los salvadoreños (9 de cada 10) apoyan las medidas de seguridad, entre estas el régimen de excepción.
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Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
