Nacionales
Los robos han sido reducidos en el primer trimestre del año
Las estrategias de seguridad que se han implementado en El Salvador han permitido no solo la reducción de homicidios y extorsiones sino también la baja de otros delitos no comunes como los robos, en los cuales además de ser cometidos por pandilleros están involucrados delincuentes comunes.
De acuerdo con los datos del ministerio de Seguridad, en el primer trimestre de este 2023 los robos se han reducido en más del 50% comparado con años anteriores. Por ejemplo, hasta ahora, las autoridades han atendido 422 casos de robos, mientras que para el año pasado fueron 926 y en el 2021 hubo 1,070 denuncias por este delito.
Autoridades de Seguridad han dicho que las estructuras delictivas se han visto obligadas a buscar nuevas fuentes de financiamiento ya que hasta ahora todas sus «válvulas» de ingresos; entre ellas la venta de droga y extorsión, han sido frenadas. Es por ello, que las autoridades han fortalecido la presencia de las fuerzas de seguridad en todo el territorio.
El año pasado, el presidente de la República, Nayib Bukele, manifestó que, aunque los robos y hurtos son delitos menores y no generan luto como los crímenes de las pandillas «tampoco pueden ser permitidos, si queremos construir el país que soñamos».
El cometimiento de este delito ha sido característico por muchos años en unidades de transporte público, o en zonas donde no había presencia de las fuerzas de seguridad. Para evitar que este tipo de delito se siguiera registrando, el año pasado las autoridades lanzaron el plan Transporte Seguro, enmarcado en el Plan Control Territorial.
Dicha estrategia tiene como objetivo brindar seguridad a los salvadoreños en buses, microbuses y paradas y terminales del transporte colectivo. Entre las acciones efectuadas por el plan está la presencia permanente de las fuerzas de seguridad en diversas unidades, así como la verificación de conductores, cobradores y ciudadanos, para evitar que delincuentes o, incluso pandilleros, porten armas de fuego.
«Hemos sacado un registro de los últimos diez años de los sujetos que el sistema de justicia penal fallido, y los jueces anteriores dejaron en libertad, y que andaban robando en unidades del transporte colectivo, en parques y ciudades», dijo en esa ocasión el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Autoridades del gabinete de Seguridad, han reiterado que no permitirán la perpetuación de ningún tipo de delito y han pedido a la población denunciar estos tipos de casos. En los últimos años, la inmediatez que ha sido característica de las fuerzas de seguridad ha generado que la población confíe en las autoridades y denuncie.
Las redes sociales se han transformado en un medio de comunicación importante para denunciar delitos en El Salvador. Ahora ante cualquier situación sospechosa, la población ha participado informando a través de videos o imágenes a delincuentes para que las autoridades actúen.
El Instituto Sindical Italiano para la Cooperación al Desarrollo (ISCOS) El Salvador presentó ayer los resultados del impacto ambiental alcanzados con el proyecto Lempa Vivo. Esta iniciativa, con una inversión de 1.800.00 millones de euros [$2,136,348], fue financiada por el Gobierno de Italia y la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) y ejecutada por ISCOS y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
De acuerdo con la directora de país de ISCOS, Evelyn Rivera, este es el cierre del proyecto que se ejecutó durante 40 meses en cuatro humedales del país: Complejo La Laguna Güija, 5 de septiembre, Cerrón Grande y 15 de Septiembre. Además, se desarrollaron diferentes acciones en 11 Áreas Naturales Protegidas (ANS) del país.
«Dentro de los logros que podemos mencionar son 120 unidades de producción familiar que se han implementado agroecológicamente, cuatro agromercados distritales, hemos acercado la producción de nuestros productores hacia la población local en sus comunidades», dijo Rivera.
Asimismo, agregó que trabajaron ampliamente en investigaciones científicas de índole ambiental como el atlas de aves acuáticas de los cuatro humedales, estudios científicos sobre la tortuga, un atlas de mapas para el manejo y control de incendios forestales. También en una serie de instrumentos nacionales, como también las dos fichas Ramsar para que puedan ser presentadas por parte del Gobierno en la Convención Internacional Ramsar para solicitar la declaratoria del embalse 5 de noviembre y 15 de septiembre como sitio Ramsar.
El proyecto benefició directamente a más de 2,800 personas e indirectamente a los habitantes de Santa Ana, Cuscatlán, Chalatenango, San Vicente y Cabañas. Sin embargo, su alcance llega a toda la población salvadoreña al proteger uno de los afluentes más importantes del país.
Por su parte, el embajador de Italia en El Salvador, Paolo Rozo, señaló que este es un proyecto relevante porque se refiere a un lugar emblemático de El Salvador desde el punto de vista del ecosistema y su país ha enfocado la atención para preservar y ayudar a las autoridades salvadoreñas en la protección del medioambiente.
«Este proyecto se ha realizado en específicas áreas protegidas y también la intervención en caso de calamidades naturales con especial énfasis en los incendios que pueden amenazar la fauna y la vegetación de este importante ecosistema de El Salvador», dijo Rozo.
Durante el cierre del proyecto, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, afirmó que esta iniciativa demuestra, con hechos, que la protección del ambiente no es un discurso, sino una política pública en ejecución en una nueva realidad.
«Es un eje estratégico para la seguridad hídrica, la producción, la resiliencia y el bienestar de miles de familias salvadoreñas. Proteger el Lempa es proteger la estabilidad ambiental, económica y social del país», detalló.
De acuerdo con el titular del MARN, estos tres años de trabajo continuo fueron respaldados por una inversión estratégica, que hoy se traduce en capacidades instaladas, infraestructura fortalecida y acciones concretas que impactan directamente en el territorio.
«Desde el Ministerio de Medio Ambiente reiteramos nuestro compromiso de seguir impulsando acciones firmes, sostenidas y estratégicas para la protección del río Lempa y de todos los ecosistemas que sostienen la vida y el desarrollo nacional», añadió. «Es un eje estratégico para la seguridad hídrica, la producción, la resiliencia y el bienestar de miles de familias salvadoreñas. Proteger el Lempa es proteger la estabilidad ambiental, económica y social del país», detalló.
De acuerdo con el titular del MARN, estos tres años de trabajo continuo fueron respaldados por una inversión estratégica, que hoy se traduce en capacidades instaladas, infraestructura fortalecida y acciones concretas que impactan directamente en el territorio.
«Desde el Ministerio de Medio Ambiente, reiteramos nuestro compromiso de seguir impulsando acciones firmes, sostenidas y estratégicas para la protección del río Lempa y de todos los ecosistemas que sostienen la vida y el desarrollo nacional», añadió.
Desde 2019, El Salvador se ha consolidado como uno de los destinos más seguros de la región, respaldado por una sostenida reducción en la tasa de homicidios y de delitos de alto impacto. En ese contexto, San Salvador acumula seis años consecutivos fuera del ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, de acuerdo con el informe elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP) de México.
San Salvador no ha vuelto a ser incluida en el ranking en los informes de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.
«San Salvador dejó el ranking en 2019, luego de figurar en todos desde 2008. Todavía en 2015 esta ciudad ocupó el tercer lugar», se detalla en el informe del ranking de 2019.
En el 2015, considerado el año más violento de El Salvador, la capital San Salvador ocupó la tercera posición en inseguridad con una tasa de 108.54 homicidios por cada 100,000 habitantes, según el informe. A partir de entonces, la ciudad fue descendiendo en el ranking, aunque se mantuvo dentro del listado: en 2017 fue la número 17 (tasa de 59.6) y en 2018 la 24 (50.3).
Sin embargo, desde el 2019 ya no figuró en el listado. Incluso en el informe del 2025 se detalló que San Salvador fue la primera ciudad de Centroamérica en quedar fuera en listado.
En el informe del año pasado ninguna ciudad de Centroamérica figuró entre las 50 más violentas del mundo tras la salida de San Pedro Sula y el Distrito Central de Honduras. Sin embargo, para los resultados presentados este 2026, Guatemala ingresó nuevamente en la posición 35 con una tasa de 36.89 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Los más recientes informes detallan que por segundo año consecutivo Puerto Príncipe, en Haití, es la ciudad más violenta del mundo con una tasa de 197.43 homicidios por cada 100,000 habitantes. Mientras que, Ecuador es el segundo país con mayor presencia en el top 10 y suma seis ciudades dentro del ranking general de 50. México encabeza la lista por número de ciudades peligrosas: con 17.
Ciudades vecinas figuran entre las más peligrosas
Un ranking difundido recientemente por «Global Statistics» enumeró las 40 ciudades más peligrosas del mundo en el 2026, en el que figuran capitales de países vecinos a El Salvador.
La lista la encabeza San Pedro Sula en Honduras; segundo lugar lo ocupa Caracas, Venezuela y en la tercera posición está Tegucigalpa, Honduras.
También se incluyen otras ciudades centroamericanas y latinoamericanas como Guatemala, Cali, Medellín, Bogotá, Ciudad de México, Lima y Montevideo. Asimismo, hay urbes de África, Medio Oriente y el Caribe.
Dicho listado se basa en indicadores como secuestros, riesgo político y de seguridad, muertes por conflictos, fragilidad institucional, desastres naturales, índice de riesgo mundial, entre otros factores.
La exclusión de San Salvador, en ambos rankings, es resultado del exitoso Plan Control Territorial, además del régimen de excepción que se mantiene desde 2022, lo que ha permitido una significativa reducción en los homicidios y una percepción de mayor seguridad pública, no solo en la capital, sino en todo el territorio.
La Policía Nacional Civil informó hoy de la destitución del subinspector Manuel de Jesús Ayala Martínez y del agente Aníbal Otoniel Lue Escalante, ambos destacados en la División de Tránsito, del departamento de La Paz, por desarrollar un procedimiento inadecuado.
Según la corporación policial, Ayala y Lue Escalante intervinieron a un conductor que trasladaba a pasajeros, sin contar con los permisos correspondientes. Al momento que comenzaron a quitar las placas del vehículo, actuaron de forma violenta en contra de un hombre que los grababa.
De acuerdo con el reporte, los policías lanzaron al suelo al hombre y le ocasionaron una lesión. El ofendido interpuso la denuncia y es atendido en un centro hospitalario, pero su condición es estable.
«No vamos a permitir que miembros de esta Policía Nacional Civil atenten contra la dignidad de los salvadoreños, ni mucho menos que no respeten los protocolos de actuación establecidos», informó la Policía, a través de sus redes sociales.
Los agentes fueron destituidos y además enfrentarán el proceso disciplinario y judicial correspondiente, informó la PNC.
