Nacionales
Los robos han sido reducidos en el primer trimestre del año
Las estrategias de seguridad que se han implementado en El Salvador han permitido no solo la reducción de homicidios y extorsiones sino también la baja de otros delitos no comunes como los robos, en los cuales además de ser cometidos por pandilleros están involucrados delincuentes comunes.
De acuerdo con los datos del ministerio de Seguridad, en el primer trimestre de este 2023 los robos se han reducido en más del 50% comparado con años anteriores. Por ejemplo, hasta ahora, las autoridades han atendido 422 casos de robos, mientras que para el año pasado fueron 926 y en el 2021 hubo 1,070 denuncias por este delito.
Autoridades de Seguridad han dicho que las estructuras delictivas se han visto obligadas a buscar nuevas fuentes de financiamiento ya que hasta ahora todas sus «válvulas» de ingresos; entre ellas la venta de droga y extorsión, han sido frenadas. Es por ello, que las autoridades han fortalecido la presencia de las fuerzas de seguridad en todo el territorio.
El año pasado, el presidente de la República, Nayib Bukele, manifestó que, aunque los robos y hurtos son delitos menores y no generan luto como los crímenes de las pandillas «tampoco pueden ser permitidos, si queremos construir el país que soñamos».
El cometimiento de este delito ha sido característico por muchos años en unidades de transporte público, o en zonas donde no había presencia de las fuerzas de seguridad. Para evitar que este tipo de delito se siguiera registrando, el año pasado las autoridades lanzaron el plan Transporte Seguro, enmarcado en el Plan Control Territorial.
Dicha estrategia tiene como objetivo brindar seguridad a los salvadoreños en buses, microbuses y paradas y terminales del transporte colectivo. Entre las acciones efectuadas por el plan está la presencia permanente de las fuerzas de seguridad en diversas unidades, así como la verificación de conductores, cobradores y ciudadanos, para evitar que delincuentes o, incluso pandilleros, porten armas de fuego.
«Hemos sacado un registro de los últimos diez años de los sujetos que el sistema de justicia penal fallido, y los jueces anteriores dejaron en libertad, y que andaban robando en unidades del transporte colectivo, en parques y ciudades», dijo en esa ocasión el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Autoridades del gabinete de Seguridad, han reiterado que no permitirán la perpetuación de ningún tipo de delito y han pedido a la población denunciar estos tipos de casos. En los últimos años, la inmediatez que ha sido característica de las fuerzas de seguridad ha generado que la población confíe en las autoridades y denuncie.
Las redes sociales se han transformado en un medio de comunicación importante para denunciar delitos en El Salvador. Ahora ante cualquier situación sospechosa, la población ha participado informando a través de videos o imágenes a delincuentes para que las autoridades actúen.
A través del programa Mundo de Arte y Entretenimiento que desarrolla la Dirección de Integración a escala nacional, más de 500 salvadoreños al día tienen acceso a espacios culturales.
«Este no es un esfuerzo aislado, sino un proceso integrador que amplía miradas, fortalece relaciones y naturaliza el acceso a la cultura como parte de la vida, asegurando que cada persona pueda conocer, vivir y hacer propia la riqueza cultural del país», indicó la institución.
Esta iniciativa posibilita el acceso a miles de personas de todas las edades de las zonas urbanas y rurales para que asistan por primera vez a cines, teatros, conciertos y museos.
Asimismo, estudiantes acompañados de sus padres y docentes de diferentes centros educativos del país visitan diferentes espacios como el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán (MUNA), a través del programa Mundo de Arte y Entretenimiento.
«Con estas experiencias promovemos el intercambio entre comunidades y el mundo del arte y la cultura, fortaleciendo relaciones integradoras y naturalizando este acceso como parte de la vida», agregó.
Asimismo, 100 personas de diferentes comunidades de Usulután y Santa Ana visitaron el parque Saburo Hirao, en San Salvador, con el objetivo de fortalecer experiencias que les permitan redescubrir y naturalizar estas actividades como parte de la vida.
«100 salvadoreños de Jiquilisco, Usulután y Chalatenango vivieron una experiencia inolvidable al visitar Sunset Park, a través del programa Mundo de Arte y Entretenimiento», añadió.
De acuerdo con Integración, la participación de las personas en la naturalización con el arte no se limita a presenciar y a reflexionar sobre los espectáculos; también, aspira a que cada salvadoreño sea capaz de producir arte lo enriquezca de forma personal y a la cultura del país.
«Para alcanzar el desarrollo e ir saliendo de la pobreza, una aspiración del país debería ser que el arte llegue a las comunidades. Se producirá un cambio cultural porque nace una relación naturalizada del pueblo con la cultura», afirmó Integración.
La ministra de Educación, Karla Trigueros, llegó esta noche hasta el Centro Escolar El Congo, en el distrito del mismo nombre de Santa Ana Este, para verificar la matrícula de la modalidad flexible y supervisar la entrega de paquetes escolares que por primera vez reciben los estudiantes de este sector, que realizan sus estudios en horarios nocturnos.
Para este año, este centro educativo registra una matrícula de 83 estudiantes en los niveles desde primero a noveno grado, en su mayoría jóvenes y adultos, lo que representa un incremento en el número de estudiantes bajo esta modalidad comparado al año pasado.
La ministra destacó que con la entrega de los paquetes, el gobierno del presidente Nayib Bukele garantiza el beneficio para todos los estudiantes del sector público, ya que los estudiantes de esta modalidad recibirán el mismo paquete, con excepción de los uniformes, que recibe el resto de estudiantes en modalidad normal
La ministra Trigueros señaló además que los paquetes representan un incentivo importante para la continuidad de los estudiantes de esta modalidad, que ahora cuentan con herramientas esenciales para avanzar en sus estudios, como las tablets y laptops que se incluyen en el paquete, además de todo el material educativo, que usarán en sus estudios
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador envió a juicio al importador de lácteos William Giovany Cruz Molina, por defraudar al fisco con un monto de $1,702,451.46, según la acusación presentada por la Fiscalía General de la República.
El imputado quien tiene la calidad de ausente ante el juez de la causa, comenzó a ser investigado por el ministerio público, luego que el 3 de febrero de 2022, recibiera un informe del director y subdirector de Impuestos Internos informando que tras un procedimiento de fiscalización del impuesto sobre la renta correspondiente al 1 de enero y 31 de diciembre de 2018, habían detectado irregularidades en la declaración presentada por Cruz Molina.
En la fiscalización, los auditores determinaron que el contribuyente del impuesto sobre la renta defraudó al fisco al haber declarado información falsa y ocultar documentos necesarios para la determinación de las obligaciones de pago.
Según la fiscalización de la administración tributaria, el 25 de marzo de 2019, en un formulario declaró cero valores, pero en la misma fecha modificó esa declaración de impuesto sobre la renta para reportar un valor por $1.62, tomándose de esa manera como la última declaración.
En ese formulario el imputado incluyó información falsa ya que no declaró operaciones por rentas gravadas por un monto de $4,591,245.12, de los cuales comprende rentas gravadas por compras no registradas por un valor de $3,108,281.82 proveniente de la compra de queso morolique de origen nicaragüense según declaraciones de mercancías.
También detectaron rentas gravadas no declaradas originadas de incremento patrimonial no justificado por depósitos en cuentas bancarias por un valor de $1,482,963.30.
Ese dinero depositado en dos cuentas en un banco, no fue justificado, Cruz Molina, pese a que le requirieron que detallara el origen de los fondos, no presentó la documentación. Hacienda le pidió comprobante de crédito fiscal o facturas de consumidor final al cual corresponde cada uno de los depósitos, pero no accedió.
Por todos esos hechos, la Fiscalía ordenó la detención el 30 de noviembre de 2022, la Policía Nacional Civil (PNC), lo ubicó y fue puesto a la orden de un juzgado donde le decretaron medidas, pero a la audiencia preliminar ya no se presentó.
