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“Los Bichos” hacen su “agosto” aumentando las extorsiones a vendedores de CIFCO
Días previos a que fuera inaugurada la Feria Consuma, un grupo de pandilleros del Barrio 18 se reunió en una escuela que funciona en la misma comunidad, para acordar el “pliego de tarifas” de extorsión y la proyección de cuánto dinero podrían reunir en el período vacacional.
En esa reunión acordaron que todos los vendedores que se coloquen desde el frente del Parque Nacional de Béisbol Saturnino Bengoa, sobre la alameda Manuel Enrique Araujo, las que se ubiquen sobre la avenida La Revolución y sobre el bulevar del Hipódromo hasta el redondel Italia, y calles cercanas, pagarán 100 dólares por los 12 días que durará el evento.
Mientras se desarrolla la Feria Consuma, en las arterias antes mencionadas se colocan vendedores de churros españoles, de tostadas, pupuserías y ventas de bisutería, así como artesanos que ven en tal actividad la oportunidad para promover sus productos como pulseras, aretes y otros, fabricados en diversos materiales.
Pues todos ellos tendrán que pagar los 100 dólares si no quieren sufrir alguna consecuencia o, por lo menos, perder sus materias primas por no asistir a venderlos.
Pero eso es solo una parte de los ingresos que tendrá el grupo pandilleril que está encabezado por un pandillero que se hace pasar por evangélico y que a raíz de un ataque a un policía, quedó parapléjico, aseguraron los informantes, quienes aseguran que conocen a los miembros de esa estructura criminal y a sus colaboradores.
Las fuentes indican que en la misma reunión acordaron incrementar el monto de extorsión que deberán entregar a la pandilla, las personas que se dedican a cuidar los carros de los visitantes que prefieren dejarlos estacionados sobre la avenida La Revolución, el bulevar del Hipódromo o calles aledañas.
Los informantes aseguran que la cantidad de personas que trabajan cuidando carros oscila entre las 75 y 100. La mayoría son residentes de Las Palmas o comunidad Palermo, donde hay presencia del mismo grupo de pandilla.
Texto original: ElSalvador.com
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
