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La DGEHM reporta 237 hallazgos por incumplimiento de precio en combustibles y GLP
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) desarrolló esta mañana un dispositivo de verificación de precios de combustibles en la estación de servicio Texaco Masferrer en San Salvador, como parte del plan de inspecciones desplegado a escala nacional, con el fin de garantizar que la población pague el precio justo por los combustibles líquidos.
A partir de este martes, los combustibles reflejan bajas importantes en los precios de referencia que oscilan entre los $0.18 y $0.29 centavos por galón para las gasolinas y el diésel.
Según informó la DGEHM, estos precios están vigentes del 16 al 29 de mayo de 2023, por lo que la institución mantiene una vigilancia constante en la aplicación de los valores de referencia en todas las gasolineras del país.
Henry Müller, director de Hidrocarburos y Minas, indicó que desde que inició hasta la fecha se han realizó más de 50,000 inspecciones de combustibles y Gas Licuado de Petróleo (GLP); sin embargo, más de 19,000 se han hecho en estaciones de servicio.
«Con estas inspecciones garantizamos que las estaciones de servicio vendan lo justo y correcto, además que tengan los precios visibles al público, de esta forma estamos protegiendo el bolsillo de los salvadoreños», aseguró Müller.
Asimismo, agregó que hasta la fecha se han encontrado 237 hallazgos que tienen procesos sancionatorios, dos de ellos en gasolineras. Las multas pueden ascender hasta los 280 salarios mínimos que pueden rondar cerca los $200,000.
Müller indicó que los delegados de la DGEHM certifican que las estaciones de servicio cuenten con los precios que anuncian en sus carteleras y coincidan con los marcados en las bombas dispensadoras.
En la actualidad, El Salvador se mantiene como uno de los pocos países que venden los precios más bajos de gasolina y diesél en la región, muy por debajo de Costa Rica, donde el precio del galón llega casi los $5.00.
Por otra parte, la DGEHM puso a disposición de la población el número de Whatsapp 6969-8088 y el correo: info@dgehm.gob.sv, para informar sobre cualquier inconveniente en las estaciones de servicio.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
