Judicial
Violador pasará 25 años tras las rejas
La Fiscalía General de la República (FGR) comprobó al Tribunal de Sentencia de La Unión, que Franklin Isabel Santos Velásquez amenazó, privó de libertad y violó a una menor de 17 años en marzo del 2021.
Las pruebas científicas, técnicas y testimoniales presentadas por el ente fiscal en el juicio, fueron suficientes para que el juez acreditara los hechos y condenara al imputado a 17 años de cárcel por Violación en Menor o Incapaz; impuso ocho años más por Privación de Libertad y Amenazas con Agravación Especial (4 años por cada uno de estos últimos dos delitos). En total Santos Velásquez, deberá cumplir una sentencia de 25 años de prisión.
Según la acusación fiscal, el 15 de marzo de 2021, el imputado llegó a la casa de habitación de la víctima, ubicada en el cantón Carpintero, del municipio de Polorós, La Unión y bajo amenazas de muerte la obligó -a la víctima- a irse con él.
“Le dijo -el imputado- que tenía irse con él, que, si no lo hacia la mataría a ella y a su familia y se la llevó hacia la casa de él, la cual está ubicada en cantón Lajita del municipio de Polorós (La Unión)”, dijo una fiscal de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez, Adolescencia y Otros Grupos Vulnerables (UAEMNA).
El 16 de marzo del mismo año, el imputado trasladó a la víctima a una casa ubicada en el cantón Monteca, del municipio de Nueva Esparta, del mismo departamento, donde la agredió sexualmente en dos ocasiones.
“Fue hasta días después en que el imputado dejó ir a la víctima, diciéndole que si decía algo de lo que había sucedido la iba a matar a ella y a su familia, ya que es miembro de pandilla”, agregó la fuente fiscal.
La víctima al ser liberada avisó a la Policía Nacional Civil (PNC) de los hechos y estos aperturaron una investigación en coordinación con la institución fiscal.
Santos Velásquez fue capturado por orden administrativa girada por la FGR el 6 de agosto del mismo año.
Además de la pena de prisión, el imputado deberá de pagar $500 en concepto de responsabilidad Civil.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
