Judicial
Violador pasará 25 años tras las rejas
La Fiscalía General de la República (FGR) comprobó al Tribunal de Sentencia de La Unión, que Franklin Isabel Santos Velásquez amenazó, privó de libertad y violó a una menor de 17 años en marzo del 2021.
Las pruebas científicas, técnicas y testimoniales presentadas por el ente fiscal en el juicio, fueron suficientes para que el juez acreditara los hechos y condenara al imputado a 17 años de cárcel por Violación en Menor o Incapaz; impuso ocho años más por Privación de Libertad y Amenazas con Agravación Especial (4 años por cada uno de estos últimos dos delitos). En total Santos Velásquez, deberá cumplir una sentencia de 25 años de prisión.
Según la acusación fiscal, el 15 de marzo de 2021, el imputado llegó a la casa de habitación de la víctima, ubicada en el cantón Carpintero, del municipio de Polorós, La Unión y bajo amenazas de muerte la obligó -a la víctima- a irse con él.
“Le dijo -el imputado- que tenía irse con él, que, si no lo hacia la mataría a ella y a su familia y se la llevó hacia la casa de él, la cual está ubicada en cantón Lajita del municipio de Polorós (La Unión)”, dijo una fiscal de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez, Adolescencia y Otros Grupos Vulnerables (UAEMNA).
El 16 de marzo del mismo año, el imputado trasladó a la víctima a una casa ubicada en el cantón Monteca, del municipio de Nueva Esparta, del mismo departamento, donde la agredió sexualmente en dos ocasiones.
“Fue hasta días después en que el imputado dejó ir a la víctima, diciéndole que si decía algo de lo que había sucedido la iba a matar a ella y a su familia, ya que es miembro de pandilla”, agregó la fuente fiscal.
La víctima al ser liberada avisó a la Policía Nacional Civil (PNC) de los hechos y estos aperturaron una investigación en coordinación con la institución fiscal.
Santos Velásquez fue capturado por orden administrativa girada por la FGR el 6 de agosto del mismo año.
Además de la pena de prisión, el imputado deberá de pagar $500 en concepto de responsabilidad Civil.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
