Judicial
Violador pasará 25 años tras las rejas
La Fiscalía General de la República (FGR) comprobó al Tribunal de Sentencia de La Unión, que Franklin Isabel Santos Velásquez amenazó, privó de libertad y violó a una menor de 17 años en marzo del 2021.
Las pruebas científicas, técnicas y testimoniales presentadas por el ente fiscal en el juicio, fueron suficientes para que el juez acreditara los hechos y condenara al imputado a 17 años de cárcel por Violación en Menor o Incapaz; impuso ocho años más por Privación de Libertad y Amenazas con Agravación Especial (4 años por cada uno de estos últimos dos delitos). En total Santos Velásquez, deberá cumplir una sentencia de 25 años de prisión.
Según la acusación fiscal, el 15 de marzo de 2021, el imputado llegó a la casa de habitación de la víctima, ubicada en el cantón Carpintero, del municipio de Polorós, La Unión y bajo amenazas de muerte la obligó -a la víctima- a irse con él.
“Le dijo -el imputado- que tenía irse con él, que, si no lo hacia la mataría a ella y a su familia y se la llevó hacia la casa de él, la cual está ubicada en cantón Lajita del municipio de Polorós (La Unión)”, dijo una fiscal de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez, Adolescencia y Otros Grupos Vulnerables (UAEMNA).
El 16 de marzo del mismo año, el imputado trasladó a la víctima a una casa ubicada en el cantón Monteca, del municipio de Nueva Esparta, del mismo departamento, donde la agredió sexualmente en dos ocasiones.
“Fue hasta días después en que el imputado dejó ir a la víctima, diciéndole que si decía algo de lo que había sucedido la iba a matar a ella y a su familia, ya que es miembro de pandilla”, agregó la fuente fiscal.
La víctima al ser liberada avisó a la Policía Nacional Civil (PNC) de los hechos y estos aperturaron una investigación en coordinación con la institución fiscal.
Santos Velásquez fue capturado por orden administrativa girada por la FGR el 6 de agosto del mismo año.
Además de la pena de prisión, el imputado deberá de pagar $500 en concepto de responsabilidad Civil.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
