Judicial
Violador pasará 25 años tras las rejas
La Fiscalía General de la República (FGR) comprobó al Tribunal de Sentencia de La Unión, que Franklin Isabel Santos Velásquez amenazó, privó de libertad y violó a una menor de 17 años en marzo del 2021.
Las pruebas científicas, técnicas y testimoniales presentadas por el ente fiscal en el juicio, fueron suficientes para que el juez acreditara los hechos y condenara al imputado a 17 años de cárcel por Violación en Menor o Incapaz; impuso ocho años más por Privación de Libertad y Amenazas con Agravación Especial (4 años por cada uno de estos últimos dos delitos). En total Santos Velásquez, deberá cumplir una sentencia de 25 años de prisión.
Según la acusación fiscal, el 15 de marzo de 2021, el imputado llegó a la casa de habitación de la víctima, ubicada en el cantón Carpintero, del municipio de Polorós, La Unión y bajo amenazas de muerte la obligó -a la víctima- a irse con él.
“Le dijo -el imputado- que tenía irse con él, que, si no lo hacia la mataría a ella y a su familia y se la llevó hacia la casa de él, la cual está ubicada en cantón Lajita del municipio de Polorós (La Unión)”, dijo una fiscal de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez, Adolescencia y Otros Grupos Vulnerables (UAEMNA).
El 16 de marzo del mismo año, el imputado trasladó a la víctima a una casa ubicada en el cantón Monteca, del municipio de Nueva Esparta, del mismo departamento, donde la agredió sexualmente en dos ocasiones.
“Fue hasta días después en que el imputado dejó ir a la víctima, diciéndole que si decía algo de lo que había sucedido la iba a matar a ella y a su familia, ya que es miembro de pandilla”, agregó la fuente fiscal.
La víctima al ser liberada avisó a la Policía Nacional Civil (PNC) de los hechos y estos aperturaron una investigación en coordinación con la institución fiscal.
Santos Velásquez fue capturado por orden administrativa girada por la FGR el 6 de agosto del mismo año.
Además de la pena de prisión, el imputado deberá de pagar $500 en concepto de responsabilidad Civil.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
Judicial
Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
