Judicial
Viceministro Zelaya desmiente información y dice no ser socio de una empresa que vendió mascarillas a un precio sobrevalorado al gobierno
Foto: @AlejandroZelay9
El viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, Alejandro Zelaya, aparte de interponer una denuncia por una caso de evasión de impuetos por $5.3 millones, esta mañana de lunes, a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR); también desmintió una investigación periodística que lo liga a una empresa que vendió mascarillas por un precio aparentemente sobrevalorado al Gobierno que llega a $750 mil.
«Debido a recientes difamaciones en mi contra, quiero aclarar que no soy socio de una empresa que un periódico ha dicho en reiteradas ocasiones esta semana», dijo Zelaya.
De manera escueta, Zelaya argumentó que tiene en su poder toda la documentación de compraventa de acciones y endosos de títulos de la empresa involucrada en la venta de material de bioseguridad al Gobierno, los cuales pondrá a disposición de la Fiscalía y del Tribunal de Ética Gubernamental para demostrar que él ya no es el dueño como asegura el reportaje publicado.
«Este día aclaré que no soy socio de nadie que haya vendido al Estado. Todas las pruebas están a disposición, sigan con sus novelas, nosotros seguiremos combatiendo la evasión fiscal», manifestó, a la vez que presentó documentación que demostraría la presunta evasión fiscal de la empresa que denunció esta mañana.
Sobre la denuncia que interpuso esta mañana, dijo que no daría más información para no entorpecer las investigaciones. «Somos respetuosos de la legislación y vamos a ser cuidados con el manejo de este tema», manifestó.
Según Zelaya, la empresa denunciada evadió en un año $5.3 millones y que podrían ser más de 15 millones los que esta debe al Estado.
«Se trata de una empresa que tiene relaciones con el exterior, para lo cual necesitaremos apoyo de países amigos, para terminar con este cáncer», dijo.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
