Judicial
Viceministro Zelaya desmiente información y dice no ser socio de una empresa que vendió mascarillas a un precio sobrevalorado al gobierno
Foto: @AlejandroZelay9
El viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, Alejandro Zelaya, aparte de interponer una denuncia por una caso de evasión de impuetos por $5.3 millones, esta mañana de lunes, a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR); también desmintió una investigación periodística que lo liga a una empresa que vendió mascarillas por un precio aparentemente sobrevalorado al Gobierno que llega a $750 mil.
«Debido a recientes difamaciones en mi contra, quiero aclarar que no soy socio de una empresa que un periódico ha dicho en reiteradas ocasiones esta semana», dijo Zelaya.
De manera escueta, Zelaya argumentó que tiene en su poder toda la documentación de compraventa de acciones y endosos de títulos de la empresa involucrada en la venta de material de bioseguridad al Gobierno, los cuales pondrá a disposición de la Fiscalía y del Tribunal de Ética Gubernamental para demostrar que él ya no es el dueño como asegura el reportaje publicado.
«Este día aclaré que no soy socio de nadie que haya vendido al Estado. Todas las pruebas están a disposición, sigan con sus novelas, nosotros seguiremos combatiendo la evasión fiscal», manifestó, a la vez que presentó documentación que demostraría la presunta evasión fiscal de la empresa que denunció esta mañana.
Sobre la denuncia que interpuso esta mañana, dijo que no daría más información para no entorpecer las investigaciones. «Somos respetuosos de la legislación y vamos a ser cuidados con el manejo de este tema», manifestó.
Según Zelaya, la empresa denunciada evadió en un año $5.3 millones y que podrían ser más de 15 millones los que esta debe al Estado.
«Se trata de una empresa que tiene relaciones con el exterior, para lo cual necesitaremos apoyo de países amigos, para terminar con este cáncer», dijo.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
