Judicial
Viceministro Zelaya desmiente información y dice no ser socio de una empresa que vendió mascarillas a un precio sobrevalorado al gobierno
Foto: @AlejandroZelay9
El viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, Alejandro Zelaya, aparte de interponer una denuncia por una caso de evasión de impuetos por $5.3 millones, esta mañana de lunes, a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR); también desmintió una investigación periodística que lo liga a una empresa que vendió mascarillas por un precio aparentemente sobrevalorado al Gobierno que llega a $750 mil.
«Debido a recientes difamaciones en mi contra, quiero aclarar que no soy socio de una empresa que un periódico ha dicho en reiteradas ocasiones esta semana», dijo Zelaya.
De manera escueta, Zelaya argumentó que tiene en su poder toda la documentación de compraventa de acciones y endosos de títulos de la empresa involucrada en la venta de material de bioseguridad al Gobierno, los cuales pondrá a disposición de la Fiscalía y del Tribunal de Ética Gubernamental para demostrar que él ya no es el dueño como asegura el reportaje publicado.
«Este día aclaré que no soy socio de nadie que haya vendido al Estado. Todas las pruebas están a disposición, sigan con sus novelas, nosotros seguiremos combatiendo la evasión fiscal», manifestó, a la vez que presentó documentación que demostraría la presunta evasión fiscal de la empresa que denunció esta mañana.
Sobre la denuncia que interpuso esta mañana, dijo que no daría más información para no entorpecer las investigaciones. «Somos respetuosos de la legislación y vamos a ser cuidados con el manejo de este tema», manifestó.
Según Zelaya, la empresa denunciada evadió en un año $5.3 millones y que podrían ser más de 15 millones los que esta debe al Estado.
«Se trata de una empresa que tiene relaciones con el exterior, para lo cual necesitaremos apoyo de países amigos, para terminar con este cáncer», dijo.
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a José Rodil Cosme a 14 años de prisión por el delito de violación sexual en perjuicio de una menor de edad en el departamento de La Paz.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el hecho ocurrió el 19 de enero de 2025 en un motel del distrito de San Luis Talpa, en La Paz Oeste. Cosme mantenía un vínculo cercano con la familia de la víctima, quien vivía con su abuela materna. Ambas trabajaban para el ahora condenado en oficios domésticos.
Según el expediente fiscal, el día del hecho Cosme engañó a la abuela de la menor al decirle que llevaría a la niña a comprar útiles escolares.
Sin embargo, mientras se desplazaban a bordo de un vehículo, el imputado la trasladó hacia un motel de San Luis Talpa. De acuerdo con la investigación, Cosme la amenazó de muerte con un arma de fuego y, mediante la fuerza, abusó sexualmente de ella.
Posteriormente, la víctima resultó embarazada y, un mes después, relató lo ocurrido a una familiar, quien interpuso la denuncia ante las autoridades.
Como resultado de la investigación, Cosme fue detenido y acusado por el delito de violación agravada contra una menor de edad.
Además de la pena de prisión, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla lo condenó al pago de $480 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a seis años de prisión a Elizabeth Durán Campos por el delito de estafa agravada, en perjuicio del patrimonio de una víctima.
Según las investigaciones, en 2023 la víctima contrató a Durán Campos para la construcción de una piscina en el municipio de La Libertad Costa. Para realizar el trabajo, la imputada recibió un anticipo de $8,150, de un total de $16,000 acordado por la terminación de la obra.
Sin embargo, Durán Campos abandonó los trabajos al segundo día de haberlos iniciado y se negó a devolver el dinero recibido. Además de la pena de prisión, deberá devolver el monto estafado.
