Judicial
Un testigo se ocultó entre matorrales cuando unos sujetos asesinaron a un anciano en Santa Ana

La confesión de un testigo protegido con clave «Miriam» ha sido clave para que el proceso judicial en contra de dos sujetos acusados de asesinar a un anciano avance a la etapa de juicio.
El Juzgado Tercero de Instrucción de Santa Ana realizó la audiencia preliminar en contra de los imputados Nelson Vladimir Guerrero Galán, de 40 años, y Jonathan David Sandoval Ortíz, de 21.
Ambos acusados por el delito de Homicidio Agravado previsto y sancionado en los Artículos 128 y 129 numeral 3 del Código Penal en perjuicio de la vida de Miguel Ángel Soriano.
Eran alrededor de las 12:00 meridiano del 24 de abril de 2017 cuando el ahora fallecido caminaba por una vereda que se encuentra en el interior de la finca “La Bendición” del cantón Planes de la Laguna en el departamento de Santa Ana.
El testigo clave “Miriam”, oculto entre árboles, vio aproximadamente a 10 metros a los inculpados y a un señor de aproximadamente 70 años de edad cuando estos discutían. El anciano les pedía calma.
Transcurrieron unos minutos y uno le disparó a Soriano en la parte de la cabeza con un arma de fuego y el otro verificaba que no llegara la policía ni nadie más al lugar.
Socae al suelo y ellos se van corriendo. El testigo “Miriam” dio aviso a la policía de lo que había visto y se retiró del lugar hacia su trabajo al ver señor fallecido.
El Juzgador les decretó a los dos inculpados la Apertura a Juicio después de valorar las pruebas documental, pericial y la declaración del testigo clave “Miriam”.
Judicial
Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador

Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
Judicial
Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
Judicial
Abogado Salvador Anaya, acusado de lavado de dinero, seguirá detenido

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza permanezca en detención provisional mientras su caso avanza a la siguiente etapa del proceso penal.
La Fiscalía General de la República lo acusa por el delito de lavado de dinero y activos, cometido presuntamente entre los años 2015 y 2024. El proceso fue judicializado el pasado sábado bajo régimen de reserva total, por lo que ninguna de las partes puede proporcionar detalles adicionales del expediente.
Según la legislación salvadoreña, el delito de lavado de dinero contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión. Este delito incluye operaciones financieras u omisiones destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes provenientes de actividades delictivas.
Durante la audiencia inicial, el abogado defensor Jaime Quintanilla afirmó que el proceso se desarrolló con normalidad y que la defensa presentó los elementos que respaldan la inocencia de su cliente.