Judicial
Sujeto lesiona a su padre con una rasuradora por no seguir sus ritos satánicos
El no tener dinero para seguir arrendando un apartamento obligó a Wilfredo G., a regresar a vivir a la casa de sus padres quienes lo recibieron bajo la condición que no practicara los ritos satánicos debido a la religión que profesaba.
Juan (nombre modificado por seguridad), un comerciante de 60 años de edad, y su esposa Sofía, de 53, tenían conocimiento de que su hijo era partícipe de una religión satánica, por lo que se dedicaba a encender todo tipo de velas para celebrar cultos.
Un mes después de haberse instalado, Wilfredo intentó golpear a su madre con una silla. Además, amenazó a muerte a sus padres luego de ser reprendido por sus prácticas y con ello faltar a la condición establecida.
Dos días después Wilfredo generó el problema que lo llevó a bartolinas. Sus padres encontraron en el interior de la vivienda una estrella de seis picos y en ella estaban posicionadas unas piedras. La pareja decidió destruir el símbolo.
Posteriormente, se dirigieron a su negocio de artesanías, mismo que se ubica entre la calle Rubén Darío y la calle Arce. A la hora del almuerzo, Juan fue a comprar los alimentos y al regresar encontró a Wilfredo gritándole a Sofía. El motivo de este arranque de enojo fue la destrucción de las piedras.
“Hasta aquí van a llegar, este será su último día”, les advirtió el sujeto, quien asumía que la residencia de sus padres estaba destinada a ser un centro para la práctica satánica.
El hombre sacó de su bolsa delantera derecha del pantalón una máquina para afeitar e hirió la mano de su padre. Debido a la lesión, Juan tuvo que ser trasladado hacia una unidad de la Cruz Roja, en donde le tuvieron que saturar uno de sus dedos con cinco puntadas.
La detención en flagrancia
Los comerciantes que se encuentran alrededor del negocio de la pareja alertaron a la Unidad de Emergencia del 911, de la Policía Nacional Civil (PNC), sobre la agresión que Wilfredo realizaba en contra de sus progenitores..
Inmediatamente, dos agentes policiales destacados en la Fuerza de Tarea del Centro Histórico, de la Delegación de San Salvador, detuvieron al sujeto cuando se desplazaba sobre el pasaje Montalvo.
Al realizarle un registro, encontraron que aún portaba la máquina para afeitar. El objeto delató la agresión, el cual se encontraba llena de la sangre de Juan.
El proceso jurídico se inició en el Juzgado 12° de Paz de San Salvador, en donde la madre del imputado declaró que su hijo los golpeaba y los mantenía amenazados de muerte a tal punto que se refería a ellos como “malditos”.
Luego de haber estado detenido provisionalmente tras ser acusado por los delitos de lesiones agravadas y amenazas, el sujeto fue enviado a juicio, pero el juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador decretó la suspensión condicional del procedimiento.
Según la resolución, Juan fue sometido a un año de reglas de conducta, por lo que no podrá residir en la casa de las víctimas, además, deberá internarse en la casa de restauración Lourdes y deberá someterse a una evaluación psicológica y psiquiátrica, no deberá ingerir alcohol ni consumir drogas.
Las reglas serán evaluadas por un juez de vigilancia penitenciaria, que verá que Wilfredo las cumpla como es requerido.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
