Judicial
Sujeto lesiona a su padre con una rasuradora por no seguir sus ritos satánicos
El no tener dinero para seguir arrendando un apartamento obligó a Wilfredo G., a regresar a vivir a la casa de sus padres quienes lo recibieron bajo la condición que no practicara los ritos satánicos debido a la religión que profesaba.
Juan (nombre modificado por seguridad), un comerciante de 60 años de edad, y su esposa Sofía, de 53, tenían conocimiento de que su hijo era partícipe de una religión satánica, por lo que se dedicaba a encender todo tipo de velas para celebrar cultos.
Un mes después de haberse instalado, Wilfredo intentó golpear a su madre con una silla. Además, amenazó a muerte a sus padres luego de ser reprendido por sus prácticas y con ello faltar a la condición establecida.
Dos días después Wilfredo generó el problema que lo llevó a bartolinas. Sus padres encontraron en el interior de la vivienda una estrella de seis picos y en ella estaban posicionadas unas piedras. La pareja decidió destruir el símbolo.
Posteriormente, se dirigieron a su negocio de artesanías, mismo que se ubica entre la calle Rubén Darío y la calle Arce. A la hora del almuerzo, Juan fue a comprar los alimentos y al regresar encontró a Wilfredo gritándole a Sofía. El motivo de este arranque de enojo fue la destrucción de las piedras.
“Hasta aquí van a llegar, este será su último día”, les advirtió el sujeto, quien asumía que la residencia de sus padres estaba destinada a ser un centro para la práctica satánica.
El hombre sacó de su bolsa delantera derecha del pantalón una máquina para afeitar e hirió la mano de su padre. Debido a la lesión, Juan tuvo que ser trasladado hacia una unidad de la Cruz Roja, en donde le tuvieron que saturar uno de sus dedos con cinco puntadas.
La detención en flagrancia
Los comerciantes que se encuentran alrededor del negocio de la pareja alertaron a la Unidad de Emergencia del 911, de la Policía Nacional Civil (PNC), sobre la agresión que Wilfredo realizaba en contra de sus progenitores..
Inmediatamente, dos agentes policiales destacados en la Fuerza de Tarea del Centro Histórico, de la Delegación de San Salvador, detuvieron al sujeto cuando se desplazaba sobre el pasaje Montalvo.
Al realizarle un registro, encontraron que aún portaba la máquina para afeitar. El objeto delató la agresión, el cual se encontraba llena de la sangre de Juan.
El proceso jurídico se inició en el Juzgado 12° de Paz de San Salvador, en donde la madre del imputado declaró que su hijo los golpeaba y los mantenía amenazados de muerte a tal punto que se refería a ellos como “malditos”.
Luego de haber estado detenido provisionalmente tras ser acusado por los delitos de lesiones agravadas y amenazas, el sujeto fue enviado a juicio, pero el juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador decretó la suspensión condicional del procedimiento.
Según la resolución, Juan fue sometido a un año de reglas de conducta, por lo que no podrá residir en la casa de las víctimas, además, deberá internarse en la casa de restauración Lourdes y deberá someterse a una evaluación psicológica y psiquiátrica, no deberá ingerir alcohol ni consumir drogas.
Las reglas serán evaluadas por un juez de vigilancia penitenciaria, que verá que Wilfredo las cumpla como es requerido.
Por: El Salvador Times.
Judicial
Procesarán en libertad a conductor y propietario de volqueta por tragedia en el redondel Integración que dejó dos muertos
El Juzgado de Paz de Apopa ordenó que Rudis Joel R. H., de 31 años, y Marvin Alexis H. R., de 27, continúen el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención por el accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en las inmediaciones del redondel Integración, en el distrito de Apopa. El siniestro dejó dos personas fallecidas y diez lesionadas.
Según la investigación fiscal, el conductor circulaba a 86.4 kilómetros por hora en una volqueta que excedía en 11.3 toneladas el límite de carga y presentaba deficiencias en el sistema de frenos. En esas condiciones, la unidad impactó contra varios vehículos que esperaban ingresar al redondel, provocando una cadena de colisiones. El juez sobreseyó definitivamente al conductor por el delito de conducción peligrosa, pero mantuvo el proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.
Marvin Alexis H. R., propietario de la empresa dueña de la volqueta, es procesado por comisión por omisión en los mismos delitos. Se le atribuye no haber mantenido la unidad en condiciones adecuadas y haber registrado el vehículo de forma irregular, sin las autorizaciones correspondientes. Ambos imputados deberán pagar cauciones económicas: 5,000 dólares el conductor y 60,000 dólares el propietario.
Además de las fianzas, se les impuso restricción migratoria, la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas y sus familiares. El caso continúa en etapa de instrucción.
Judicial
Condenan hasta 45 años de prisión a 74 pandilleros del Barrio 18 que operaban en La Libertad
La Fiscalía General de la República (FGR) logró condenas de entre 25 y 45 años de prisión contra 74 integrantes de la pandilla Barrio 18. Los sentenciados operaban en los distritos de Lourdes y Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, y fueron capturados durante el régimen de excepción.
Las penas fueron impuestas por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, tras presentar pruebas que demostraron su pertenencia a la estructura criminal y su participación en diferentes hechos delictivos. Durante el juicio se establecieron las vinculaciones de los acusados con la organización.
Los ahora condenados todavía deberán enfrentar otros procesos judiciales por delitos adicionales, por los cuales podrían recibir nuevas condenas. Esta resolución se suma a una serie de fallos recientes contra estructuras del Barrio 18 en distintas zonas del país.
La Fiscalía General de la República logró una condena de 20 años de prisión contra Reynaldo Antonio Pérez Rosales, identificado como homeboy, por el delito de agrupaciones ilícitas. El sentenciado operaba desde 2017 en el municipio de El Congo, departamento de Santa Ana.
Según la investigación, sus funciones dentro de la estructura criminal consistían en vigilar la zona y alertar a los demás pandilleros sobre la presencia de patrullajes policiales y militares. Además, se le atribuye el cobro de extorsiones a diferentes comercios turísticos del sector, lo que formaba parte de las actividades con las que la organización mantenía control e intimidación en la zona.
La sentencia fue dictada en el marco de los procesos judiciales que avanzan contra integrantes de estructuras pandilleriles en el occidente del país. La Fiscalía detalló que Pérez Rosales también enfrenta procesos por otros delitos, por los cuales recibirá condenas adicionales que se acumularán a la ya impuesta.
Casos como este forman parte de las acciones de investigación y judicialización orientadas a desarticular las redes de vigilancia, cobro de extorsión y control territorial que ejercían las pandillas. Las autoridades continúan presentando pruebas sobre las funciones específicas de cada integrante dentro de las estructuras criminales.
