Judicial
Según la FGR, en dos años, 108 personas han sido procesadas por el asesinato de sus familiares
Según las estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR), entre enero de 2022 y julio de 2024 se ha procesado a 726 personas acusadas por el delito de homicidio, de estas, un 15 % (108) son imputados que han asesinado a alguien de su familia.
Los datos brindados por el ministerio público detallan que en todo el 2022 un total de 31 casos, catalogados por la Fiscalía, como homicidios de intolerancia familiar fueron judicializados; mientras que en el 2023 la cifra de casos subió a 47, siendo agosto el mes en que más procesos judiciales (8) se ejecutaron contra personas que atentaron contra la vida de sus familiares.
Los reportes también dan cuenta que, entre enero y julio de este año, un total de 30 personas han sido procesadas por asesinar a sus padres, hermanos, tíos, primos o parejas. Entre estos, se incluyen 9 casos de padres y madres que han cometido el delito de homicidio en contra de sus propios hijos.
El último caso de padres que han atentado contra la vida de sus hijos fue el judicializado, el pasado 20 de septiembre, por el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, en La Libertad, en contra de Ada Steffany Mata Velis, quien fue enviada a juicio por el homicidio agravado de su hijo recién nacido.
Según las investigaciones, el crimen fue cometido en marzo de este año, en una residencial privada en la jurisdicción de Santa Tecla, donde la imputada trabajaba.
Tres días antes (17 de septiembre) que Mata Velis fuera enviada a juicio, el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura, en La Paz, decretó que Esmeralda Elizabeth Pineda se mantenga en prisión mientras avanza la investigación en su contra por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su hijo de 8 meses.
Según la investigación, el 10 de septiembre del 2024, en el distrito de San Luis La Herradura, en el municipio de La Paz Centro, la imputada habría asfixiado al menor de edad hasta quitarle la vida, luego trató de eliminar la evidencia.
Pineda deambulaba por la zona cuando fue interceptada por agentes de la Fuerza Armada, quienes la interrogaron, posteriormente fue entregada a la Policía.
La imputada se mantendrá en prisión mientras el proceso judicial en su contra sigue en la fase de instrucción.
ASESINÓ A MADRE E HIJO
En prisión también se mantendrá Oscar Armando Aguirre Flores, quien es acusado de fraude procesal y del homicidio agravado de su expareja quien se encontraba en embarazada al momento del crimen.
La Fiscalía detalló que el crimen fue cometido en julio pasado. «Tras una discusión, el imputado atacó a la víctima con arma blanca hasta quitarle la vida; luego, Aguirre Flores se deshizo del cuerpo de la víctima y limpió la escena para eliminar toda evidencia», indicó el fiscal del caso.
Tras la audiencia inicial, celebrada el 13 de agosto, el ministerio público logró que el imputado se mantenga en la cárcel mientras el caso pasa a la siguiente etapa.
«Con estos resultados, la Fiscalía afirma su compromiso de combatir la impunidad y lucha contra los casos de violencia contra las mujeres en el país», señaló el fiscal.
35 AÑOS EN LA CÁRCEL POR ASESINAR A SU HIJA
El pasado 6 de mayo, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador decretó una condena de 35 años de prisión para Ester Leonor Pineda de Orellana, quien fue declarada culpable del homicidio agravado en perjuicio de su hija de 9 años.
Según las investigaciones y pruebas presentadas en el juicio por la Fiscalía, la menor era víctima de constantes maltratos los cuales terminaron en asesinato el 10 de enero de 2023, en el distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
Tras cometer el crimen, la imputada huyó, pero fue capturada horas más tarde.
IMPUTADO QUE PROVOCÓ ABORTO DE SU HIJO PASARÁ 24 AÑOS PRESO
Marco Antonio Linares Menjívar fue sentenciado a 24 años de cárcel por intentar asesinar a una mujer embarazada y provocar la pérdida de su hijo.
«El imputado fue el responsable de haber golpeado a su pareja, una mujer embarazada (con ocho meses de gestación) y producto de la golpiza, le produjo un aborto», explicó la fiscal del caso.
El crimen fue cometido el 15 de enero del 2022, al interior de un apartamento ubicado en el Barrio San Esteban, en San Salvador.
La pena de 24 años en prisión fue impuesta por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer de San Salvador, el 4 de enero, el imputado fue acusado por los delitos de aborto sin consentimiento y feminicidio agravado en grado de tentativa.
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143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13 fueron condenados hasta con 75 años de prisión
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13, del programa Libertad, fueran condenados a penas que van desde los 20 hasta los 75 años de prisión por su vinculación y pertenencia a la estructura criminal y por otros delitos.
Todos los pandilleros delinquían en el cantón Lourdes, del distrito de Colón, en en las colonias Cinco Cedros, San Mateo, El Chapernal, Bazzini, Las 600 y zonas aledañas del departamento de La Libertad y fueron sentenciados según el grado de participación o rango en la estructura criminal. Todos fueron capturados a partir de la implementación del régimen de excepción.
Entre las sentencias más altas está la 75 años de prisión impuesta a Cristian Dagoberto Alas García, alias Chory o Espía; al imputado se le condenó por los delitos de agrupaciones ilícitas, siembra y cultivo de marihuana y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego. El imputado fue capturado en agosto de 2022, en una finca de Talnique, donde almacenaba dos armas de guerra y cultivaba plantas de marihuana.
67 años de prisión fue la condena impuesta a Miqueas Misael Hernández Rodríguez, alias Miqueas, por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas, posesión de drogas con fines de tráfico y amenazas agravadas. Al momento de la captura el imputado amenazó verbalmente a elementos de la Fuerza Armada y se le incautaron sustancias ilícitas y un arma de fuego sin documentación legal.
El corredor de clica, Carlos Gerardo Escobar, alias Drupi, fue condenado a 66 años de prisión por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas de fuego y posesión de drogas; el imputado fue detenido en noviembre de 2022 en San Juan Opico, cuando intentó ocultar un arma de fuego y huir de las autoridades.
Otro de los condenados es el corredor de clica Jonathan David Doradea, alias Bacha o Mafioso, a quien se le impusieron 51 años de prisión por agrupaciones ilícitas y posesión de drogas.
Los corredores de clica Fidel Antonio Ramos Flores, alias Viejo Tigre, y Nelson Enrique Larios Saget, alias Duende, recibieron 45 años de prisión por agrupaciones ilícitas.
A esa misma pena y por el mismo delito fueron condenados los homeboys: Juan Carlos López Serrano, alias «Chacal»; Edwin Alexander Monterroza Arévalo, alias «Sayco»; Víctor Manuel Miranda Rosales, alias «Wizar», Elvis Jovanny Henriquez Montes, alias Espiri; Óscar Alfredo Alas Corea, alias «Black» o «Kilo»; Pedro Antonio Urbano Menjívar, alias «Vago»; Marvin Joel Gómez Portillo, alias «Slow»; Jairo Adonay Molina Paz, alias «Sparky»; Samuel Enrique Nieto Flores, alias «Zombie»; Andrés Rivas Menéndez, alias «Timón»; Juan Antonio García Cortez, alias «Humilde» o «Juan»; Juan Ramón Hernández Estrada, alias «Little Boy»; Samuel Eduardo Martínez Salazar, alias «Dauner»; Roberto Antonio Bermúdez Santamaría, alias «Pulga»; Dagoberto de Jesús Quintanilla, alias «Shorty»; Nelson Edgardo Aguirre Martínez, alias «Sombra»; Pedro José Sánchez Leiva, alias «Zonte»; Dany Wilson Ávalos Abrego, alias «Vigion»; Marcos Salvador López Martínez, alias «Gato de la Belén»; Manfredy Marcos Vanegas Durán, alias «Flaco» o «Scrapy»; Luis Alonso Gómez de Paz, alias «Pega»; Edwin Osmín Ruiz Aguilar, alias «Maníaco»; Francisco López Hernández, alias «Sapo»; Hayser Antonio Madrid Argueta, alias «Hayser», Carlos Antonio Ramírez, alias «Mico» y Elmer Shunico Shunico.
El resto de penas oscilan entre 36, 30 y 20 años de prisión. Según el fallo se condenó a 4 corredores de clica, 27 homeboys, 61 chequeos, 4 observaciones y 47 paro o colaboradores.
Estas condenas fueron impuestas en presencia de los imputados por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, luego de valorar la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó el ente fiscal durante la audiencia única.
Milton Osmín Bonilla Romero fue condenado a 40 años de prisión por el delito de extorsión.
Según la acusación fiscal, entre abril y septiembre de 2011, la víctima fue amenazada de muerte por miembros de la MS-13. Por temor a las amenazas, la víctima denunció el hecho el 2 de agosto de ese mismo año ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Para ubicar al responsable, se realizaron dos entregas controladas de dinero el 11 y el 29 de septiembre de 2011, en el interior de un centro comercial de la ciudad de San Miguel, donde identificaron y capturaron a Bonilla Romero.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel lo condenó a 20 años de cárcel por cada entrega de dinero en la que participó el procesado.
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Detenida mujer acusada de estafar a 11 parejas con servicios de organización de bodas en El Salvador
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó la detención provisional de Tránsito Guadalupe Marroquín, de 48 años, acusada del delito de estafa agravada en perjuicio de 11 personas que habrían contratado sus servicios para la organización de bodas.
De acuerdo con la investigación, la imputada promocionaba sus servicios como planificadora de eventos a través de redes sociales y solicitaba anticipos mediante transferencias bancarias para organizar celebraciones programadas entre 2025 y 2026.
La Fiscalía sostiene que, en algunos casos, los locales nunca fueron reservados, mientras que en los eventos que sí se realizaron, los servicios brindados no coincidieron con lo acordado.
Entre las irregularidades señaladas se encuentran la falta de decoración, banquete, cristalería, bebidas, ramo de novia y otros servicios adicionales que habían sido ofrecidos a los clientes.
Según el requerimiento fiscal, el perjuicio económico causado a las 11 víctimas asciende a $19,651.
Tras la audiencia inicial, la jueza determinó que existen suficientes indicios para que el proceso continúe en la etapa de instrucción y ordenó que Marroquín permanezca en detención provisional mientras avanzan las investigaciones.
