Judicial
Según la FGR, en dos años, 108 personas han sido procesadas por el asesinato de sus familiares
Según las estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR), entre enero de 2022 y julio de 2024 se ha procesado a 726 personas acusadas por el delito de homicidio, de estas, un 15 % (108) son imputados que han asesinado a alguien de su familia.
Los datos brindados por el ministerio público detallan que en todo el 2022 un total de 31 casos, catalogados por la Fiscalía, como homicidios de intolerancia familiar fueron judicializados; mientras que en el 2023 la cifra de casos subió a 47, siendo agosto el mes en que más procesos judiciales (8) se ejecutaron contra personas que atentaron contra la vida de sus familiares.
Los reportes también dan cuenta que, entre enero y julio de este año, un total de 30 personas han sido procesadas por asesinar a sus padres, hermanos, tíos, primos o parejas. Entre estos, se incluyen 9 casos de padres y madres que han cometido el delito de homicidio en contra de sus propios hijos.
El último caso de padres que han atentado contra la vida de sus hijos fue el judicializado, el pasado 20 de septiembre, por el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, en La Libertad, en contra de Ada Steffany Mata Velis, quien fue enviada a juicio por el homicidio agravado de su hijo recién nacido.
Según las investigaciones, el crimen fue cometido en marzo de este año, en una residencial privada en la jurisdicción de Santa Tecla, donde la imputada trabajaba.
Tres días antes (17 de septiembre) que Mata Velis fuera enviada a juicio, el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura, en La Paz, decretó que Esmeralda Elizabeth Pineda se mantenga en prisión mientras avanza la investigación en su contra por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su hijo de 8 meses.
Según la investigación, el 10 de septiembre del 2024, en el distrito de San Luis La Herradura, en el municipio de La Paz Centro, la imputada habría asfixiado al menor de edad hasta quitarle la vida, luego trató de eliminar la evidencia.
Pineda deambulaba por la zona cuando fue interceptada por agentes de la Fuerza Armada, quienes la interrogaron, posteriormente fue entregada a la Policía.
La imputada se mantendrá en prisión mientras el proceso judicial en su contra sigue en la fase de instrucción.
ASESINÓ A MADRE E HIJO
En prisión también se mantendrá Oscar Armando Aguirre Flores, quien es acusado de fraude procesal y del homicidio agravado de su expareja quien se encontraba en embarazada al momento del crimen.
La Fiscalía detalló que el crimen fue cometido en julio pasado. «Tras una discusión, el imputado atacó a la víctima con arma blanca hasta quitarle la vida; luego, Aguirre Flores se deshizo del cuerpo de la víctima y limpió la escena para eliminar toda evidencia», indicó el fiscal del caso.
Tras la audiencia inicial, celebrada el 13 de agosto, el ministerio público logró que el imputado se mantenga en la cárcel mientras el caso pasa a la siguiente etapa.
«Con estos resultados, la Fiscalía afirma su compromiso de combatir la impunidad y lucha contra los casos de violencia contra las mujeres en el país», señaló el fiscal.
35 AÑOS EN LA CÁRCEL POR ASESINAR A SU HIJA
El pasado 6 de mayo, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador decretó una condena de 35 años de prisión para Ester Leonor Pineda de Orellana, quien fue declarada culpable del homicidio agravado en perjuicio de su hija de 9 años.
Según las investigaciones y pruebas presentadas en el juicio por la Fiscalía, la menor era víctima de constantes maltratos los cuales terminaron en asesinato el 10 de enero de 2023, en el distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
Tras cometer el crimen, la imputada huyó, pero fue capturada horas más tarde.
IMPUTADO QUE PROVOCÓ ABORTO DE SU HIJO PASARÁ 24 AÑOS PRESO
Marco Antonio Linares Menjívar fue sentenciado a 24 años de cárcel por intentar asesinar a una mujer embarazada y provocar la pérdida de su hijo.
«El imputado fue el responsable de haber golpeado a su pareja, una mujer embarazada (con ocho meses de gestación) y producto de la golpiza, le produjo un aborto», explicó la fiscal del caso.
El crimen fue cometido el 15 de enero del 2022, al interior de un apartamento ubicado en el Barrio San Esteban, en San Salvador.
La pena de 24 años en prisión fue impuesta por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer de San Salvador, el 4 de enero, el imputado fue acusado por los delitos de aborto sin consentimiento y feminicidio agravado en grado de tentativa.
Este 8 de octubre inició el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de actos arbitrarios y desobediencia, en perjuicio de la administración pública y de empleados municipales.
De acuerdo con las investigaciones, durante su gestión al frente de la municipalidad, Montano realizó despidos de manera arbitraria, sin respetar los procedimientos legales establecidos para separar de sus cargos a los trabajadores de la comuna.
“Durante su gestión, Nercy Patricia Montano de Martínez realizó despidos de forma arbitraria, sin seguir el procedimiento legal establecido para separar de sus cargos a empleados de la municipalidad”, señaló la Fiscalía en su reporte.
Ante estas vulneraciones, los trabajadores afectados interpusieron recursos ante los juzgados correspondientes y obtuvieron fallos favorables que ordenaban su reinstalación inmediata, así como el pago de los salarios y las prestaciones adeudadas.
Sin embargo, según la información proporcionada, la exfuncionaria y su concejo municipal se negaron a cumplir con los mandatos judiciales, situación que dio origen al proceso penal que enfrenta actualmente.
Rodrigo Alejandro González Franco fue condenado a 20 años de prisión por intentar asesinar a su compañera de vida, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El fallo fue emitido por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, a solicitud presentada por la Fiscalía.
El hecho ocurrió el 7 de marzo de 2026, cuando González Franco llegó a la vivienda de la víctima, ubicada en una comunidad del distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este.
De acuerdo con lo establecido durante el proceso, González Franco comenzó a ingerir bebidas alcohólicas y, minutos después, golpeó en varias ocasiones a su compañera de vida. Esta conducta fue calificada durante el juicio penal como feminicidio agravado tentado.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público también establecieron que el ahora condenado intentó asfixiar a la víctima. Sin embargo, la hija de ella intervino para poner fin a la agresión.
Posteriormente, la víctima y sus familiares acudieron a interponer la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitió la captura de González Franco en el término de flagrancia.
Semanas después, la Fiscalía inició el proceso penal en un juzgado de paz de Ilopango, mientras que la fase de instrucción fue conocida por juzgados especializados de la mujer.
«Durante el proceso judicial, la representación fiscal presentó elementos probatorios que fueron contundentes para demostrar la vinculación del imputado con los hechos atribuidos», publicó el Ministerio Público.
Omar Iván Alfaro Cruz fue condenado a 12 años de prisión por el delito de hurto agravado y al pago de $1,000 en concepto de responsabilidad civil, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía, Alfaro Cruz se hacía pasar como paciente o acompañante para sustraer objetos de valor de empleados o del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
El condenado aprovechaba que el personal se encontraba realizando sus labores para hurtar teléfonos celulares y otros objetos de valor que permanecían a la vista.
Uno de los hechos ocurrió el 2 de mayo de 2025, cuando ingresó al Hospital Médico Quirúrgico, en San Salvador. Al llegar al área de Neumología, esperó a que ocurriera una emergencia para hurtar una tablet propiedad del ISSS.
La sentencia condenatoria fue dictada durante un juicio sumario por el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador. Este procedimiento permitió agilizar el desarrollo del juicio.
