Judicial
Presentan requerimiento de acusación contra hombres que calcinaron a motorista de transporte privado
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó al Juzgado Primero de Paz de Concepción Batres, Usulután, el requerimiento de acusación contra Miguel Ángel Martínez González, alías Zancudo, de 44 años; Ciro Alberto Rodezno González, de 36; José Rónal Lizama Martínez, de 28 y Ángel Antonio Gaitán Melara, de 20, por Homicidio Agravado y Daños Agravados.
La institución fiscal solicitó al Tribunal la detención provisional para los cuatro vinculados al caso.
La FGR les atribuye la planeación y ejecución del homicidio de un hombre el 26 de febrero de este año, en la calle a las Salinas, caserío La Zorra, cantón San Felipe, de Concepción Batres, Usulután.
A la víctima le dispararon y posteriormente fue calcinada en el interior de un vehículo tipo sedán, placas particulares P-696700. La identidad de la víctima será confirmada con el resultado del ADN, pero se presume que se trata de Sergio Bisael Centeno, de 36 años, quien trabajaba en una plataforma de transporte privado.
Los familiares de la víctima identificaron el vehículo y aseguraron a las autoridades policiales y fiscales que Centeno salió a hacer un viaje al mediodía -26 de febrero- y no supieron nada de él hasta el 27 de febrero que fue localizado el vehículo y el cuerpo calcinado.
La investigación preliminar establece que los cuatro hombres participaron directa e indirectamente en el crimen. Gaitán Melara se encargó de trasladar hasta el cantón Santa Lucia al usuario de la plataforma de transporte.
“Le hablaron a la víctima y le dijeron que lo iban a esperar en la carretera El Litoral -cantón Santa Lucia-, cuando llega (la víctima) le pide el usuario que le haga un viaje hasta la última casa del cantón San Felipe”, indicó el fiscal del caso.
Cuando la víctima ingresa a la calle principal del cantón en mención, los imputados Martínez González, Rodezno González y Lizama Martínez le dan seguimiento en un pick-up azul.
“Al llegar a la última casa del cantón, la víctima se percata que lo iba siguiendo, y cuando ve que zancudo se baja del pick-up, acelera el carro y le dan persecución aproximadamente 100 metros, pero por el tipo de calle ya no pudo seguir avanzado”, agregó el fiscal del caso.
Martínez González y Rodezno González se bajaron del pick-up , le dispararon dos veces cada uno a la víctima y posteriormente incendiaron el vehículo con el cuerpo en el interior.
La FGR incautó el vehículo en que los hechores se movilizaron para cometer el crimen y una motocicleta que utilizaron para actos preparatorios del homicidio, además cuentan con bitácoras de llamadas, entre otros.
La FGR descarta que los procesados sean miembros de pandillas.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 30 años de prisión a Sifredo Norberto Martínez Corquín, quien es acusado por el delito de secuestro agravado.
En diciembre del 2010, el imputado junto a otros pandilleros de la 18, privaron de libertad a la víctima que residía en Valle Verde, distrito de Apopa, y la mantuvieron secuestrada por varios días hasta que le quitaron la vida.
«El día 3 de diciembre de 2010, la víctima clave Fernanda, fue secuestrada en la colonia Valle Verde 3, del municipio de Apoya, por sujetos pertenecientes a la pandilla 18 que operaban en el sector, entre este grupo de pandilleros se encontraba el señor Sifredo Norberto Martínez Corquín, alias el Negro, quien colaboró en el traslado desde una casa a la otra donde estuvo privada de libertad la víctima, quien el día 4 de diciembre de 2010, lastimosamente fue asesinada y enterada por dichos pandilleros en la zona», indicó el fiscal del caso.
La fuente detalló que el cuerpo de la víctima fue localizado en el sector conocido como la Arenera, Apopa.
«El cadáver de clave Fernanda fue encontrado en el sector de la Arenera mutilado y enterrado casi un año después, en el 2011», señaló el fiscal.
Agregó «en virtud de ello, el Tribunal Quinto contra el crimen organizado juez 1 de San Salvador, consideró la prueba testimonial, documental y pericial declarando al imputado responsable penalmente, condenandolo a 30 años de prisión, por el delito de secuestro agravado».
Este pandillero también es procesado por otros delitos.
