Judicial
Presentan requerimiento de acusación contra hombres que calcinaron a motorista de transporte privado
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó al Juzgado Primero de Paz de Concepción Batres, Usulután, el requerimiento de acusación contra Miguel Ángel Martínez González, alías Zancudo, de 44 años; Ciro Alberto Rodezno González, de 36; José Rónal Lizama Martínez, de 28 y Ángel Antonio Gaitán Melara, de 20, por Homicidio Agravado y Daños Agravados.
La institución fiscal solicitó al Tribunal la detención provisional para los cuatro vinculados al caso.
La FGR les atribuye la planeación y ejecución del homicidio de un hombre el 26 de febrero de este año, en la calle a las Salinas, caserío La Zorra, cantón San Felipe, de Concepción Batres, Usulután.
A la víctima le dispararon y posteriormente fue calcinada en el interior de un vehículo tipo sedán, placas particulares P-696700. La identidad de la víctima será confirmada con el resultado del ADN, pero se presume que se trata de Sergio Bisael Centeno, de 36 años, quien trabajaba en una plataforma de transporte privado.
Los familiares de la víctima identificaron el vehículo y aseguraron a las autoridades policiales y fiscales que Centeno salió a hacer un viaje al mediodía -26 de febrero- y no supieron nada de él hasta el 27 de febrero que fue localizado el vehículo y el cuerpo calcinado.
La investigación preliminar establece que los cuatro hombres participaron directa e indirectamente en el crimen. Gaitán Melara se encargó de trasladar hasta el cantón Santa Lucia al usuario de la plataforma de transporte.
“Le hablaron a la víctima y le dijeron que lo iban a esperar en la carretera El Litoral -cantón Santa Lucia-, cuando llega (la víctima) le pide el usuario que le haga un viaje hasta la última casa del cantón San Felipe”, indicó el fiscal del caso.
Cuando la víctima ingresa a la calle principal del cantón en mención, los imputados Martínez González, Rodezno González y Lizama Martínez le dan seguimiento en un pick-up azul.
“Al llegar a la última casa del cantón, la víctima se percata que lo iba siguiendo, y cuando ve que zancudo se baja del pick-up, acelera el carro y le dan persecución aproximadamente 100 metros, pero por el tipo de calle ya no pudo seguir avanzado”, agregó el fiscal del caso.
Martínez González y Rodezno González se bajaron del pick-up , le dispararon dos veces cada uno a la víctima y posteriormente incendiaron el vehículo con el cuerpo en el interior.
La FGR incautó el vehículo en que los hechores se movilizaron para cometer el crimen y una motocicleta que utilizaron para actos preparatorios del homicidio, además cuentan con bitácoras de llamadas, entre otros.
La FGR descarta que los procesados sean miembros de pandillas.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
