Judicial
Presentan nueva denuncia contra exfiscal general, Douglas Meléndez, por delitos de fraude y falsedad contra Enrique Rais durante su administración en la FGR
La mañana del lunes, trascendió que abogados del empresario Enrique Rais, interpusieron una denuncia en la Fiscalía General de la República, sobre documentación falsa que fue incorporada en un expediente judicial por los agentes Fiscales Marisol Carolina Ramírez y Elenilson Flores Flores, éste último sobrino de la Ex Fiscal Adjunta Noris Marlene Flores, quien es comadre del ex Fiscal General Douglas Meléndez.
Precisamente el licenciado Flores Flores, se encontraba en la oficina Fiscal de Cojutepeque, de donde fue trasladado con el fin de ver el caso de Rais, a la Unidad de Crimen Organizado dirigida por Wil Walter Ruiz, primo hermano del Ex Fiscal General.
La denuncia fue interpuesta a fin que se investigue la presunta comisión de los delitos de Fraude Procesal y Falsedad Documental Agravada vía cometimiento del delito de falsedad material, expuso el abogado Carlos Miranda, quien representa los intereses del empresario Enrique Rais en el proceso penal.
De acuerdo a los abogados de Rais, se está denunciando un hecho, que es como mínimo irregular, el cual consiste en la incorporación por parte de los Fiscales del Caso, de un memorando, en apariencia suscrito por el entonces Jefe de la Unidad Especializada Anticorrupción, licenciado Andrés Amaya, que en su forma y contenido, no coincide con otros documentos que si fueron suscritos por el relacionado Jefe de Unidad y que además contiene información puesta con el fin de poder hacer la falsa imputación al empresario.
Según los abogados del empresario, se cuenta con un memorando, que sí da certeza de legitimidad, el cual en su encabezado relaciona su correspondiente referencia, ser de fecha 18 de mayo de 2016, con sello y rúbrica por parte del licenciado Amaya, en el que adjunta su informe; no obstante a continuación en el proceso judicial, aparece incorporado por Fiscalía, otro memorando de la misma fecha 18 de mayo de 2016, que en el encabezado también aparece suscrito por el Jefe Anticorrupción, de aquella época, sin número de referencia, sin sello de la unidad y sin su rúbrica, donde se relatan varios hechos supuestamente obtenidos de intervenciones telefónicas efectuadas al abogado Ernesto Gutiérrez, de las que habría tenido conocimiento el licenciado Amaya y que a su vez informaba al Fiscal General, Douglas Meléndez.
Sin embargo, afirman los abogados de Rais, que a los fiscales del caso, se les olvidó probablemente que en el caso que se identificó públicamente como “RAIS-MARTINEZ”, el lic. Andrés Amaya, rindió entrevista ante los fiscales de la Unidad de Crimen Organizado a fecha 21 de septiembre de 2017, la cual fue incorporada al Dictamen de Acusación de ese caso, donde expresamente el Jefe de la Unidad Anticorrupción declara no haber tenido conocimiento alguno, sobre las escuchas telefónicas que originaron el mencionado caso, sino únicamente respecto de escuchas relacionadas con unos casos de corrupción de Alcaldías, que además cumplió el plazo legal de seis meses que indica el Art. 23 LEIT, sin haberse utilizado, sin embargo fueron utilizados por orden del Ex Fiscal General Melendez fuera del plazo.
Entonces, se cuestionan los abogados de Rais, cómo es posible qué si en el 2017 afirmó no conocer de ciertos hechos, aparezca junto a un Requerimiento Fiscal presentado el día 13 de enero de 2019, un supuesto memorando del año 2016, que no tiene ni rúbrica del lic Amaya, ni sello de la Unidad Anticorrupción en su contenido, y señala hechos totalmente contrarios a los que éste si declaró expresamente.
Cabe recordar que de forma previa, también los abogados del empresario, han señalado que los distintos procesos contra éste, han surgido de pruebas ilegales utilizadas por la Fiscalía durante la administración de Douglas Meléndez, señalamiento que ha quedado al descubierto con la solicitud de seis testigos criteriados en el conocido como “CASO CORRUPTELA” quienes renunciaron a esa calidad, por haber sido coaccionados a declarar falsamente en contra de varias personas, entre ellos Enrique Rais.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
