Judicial
Policías y pandilleros enviados a prisión por ingreso y uso de objetos ilícitos dentro de bartolinas
La Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer la resolución emitida este martes en contra de dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), y cinco miembros de estructuras terroristas, quienes están relacionados en el ingreso y uso de objetos prohibidos en las bartolinas de un puesto policial.
La audiencia fue realizada por el Juzgado Especializado de Instrucción A, de San Salvador, instancia que valoró los diferentes elementos iniciales de prueba que le fueron sometidos a valoración.
Se trata de una investigación conjunta entre personal de la Oficina Fiscal de San Marcos y de la Unidad Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidios que determinará la responsabilidad de diferentes ilícitos ocurridos en el puesto policial conocido como El Cenizal, en San Marcos, al sur de San Salvador.
Los delitos que se determinará responsabilidad para los pandilleros son: Proposición y conspiración en el delito de Homicidio Agravado, Trafico de objetos prohibidos en centros penitenciarios de detención o reeducativos, uso de aparatos, componentes y accesorios electrónicos y de telecomunicaciones, en centros penitenciarios, centro de detención o reeducativos y Agrupaciones ilícitas.
Mientras que, los agentes policiales responderán por cargos como: Tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios de detención o reeducativos en su calidad de Autores Directos y Uso de aparatos, componentes y accesorios electrónicos y de telecomunicaciones, en centros penitenciarios, centro de detención o reeducativos, en calidad de Cómplices necesarios.
A los dos miembros de la Corporación Policial, se les ordenó las capturas al tener suficiente elemento probatorio que los relaciona en este proceso y por ello la Jueza dio por admitido toda la prueba inicial y al final emitió la referida resolución.
Se estableció, en esta primera etapa, que desde el área de las bartolinas se planificaban acciones criminales y principalmente un atentado contra personal del sistema de justicia, por los cual se autorizó a que se amplíe la investigación.
Los acusados en este caso son: Fermín Enrique Chicas Aquino, Carlos Edgardo Velásquez Veliz, Juan Javier Hernández Parada, Víctor Andrés Urías Cabrera, Carlos Antonio Molina Rivera, Luis Alonso González Deras y Óscar Armando López.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Salvador Alvarado Navarrete a 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de J. R. A. L.
El hecho ocurrió el 1 de junio de 2021, a las 9:00 p. m., cuando la víctima se encontraba sentada en una acera cercana al Hospital Nacional Rosales. En ese momento, Alvarado Navarrete, acompañado de otros sujetos, se acercó a la víctima. Al verlos que llevaban armas corto punzantes, la víctima intentó huir.
Según la declaración anticipada de un testigo presencial, los sujetos lo golpearon y lo tiraron al suelo, donde le ocasionaron una serie de lesiones con un corvo, un destornillador y un hacha. Se identificó a Salvador Alvarado como la persona que utilizó el corvo.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
