Judicial
Policías y pandilleros enviados a prisión por ingreso y uso de objetos ilícitos dentro de bartolinas
La Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer la resolución emitida este martes en contra de dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), y cinco miembros de estructuras terroristas, quienes están relacionados en el ingreso y uso de objetos prohibidos en las bartolinas de un puesto policial.
La audiencia fue realizada por el Juzgado Especializado de Instrucción A, de San Salvador, instancia que valoró los diferentes elementos iniciales de prueba que le fueron sometidos a valoración.
Se trata de una investigación conjunta entre personal de la Oficina Fiscal de San Marcos y de la Unidad Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidios que determinará la responsabilidad de diferentes ilícitos ocurridos en el puesto policial conocido como El Cenizal, en San Marcos, al sur de San Salvador.
Los delitos que se determinará responsabilidad para los pandilleros son: Proposición y conspiración en el delito de Homicidio Agravado, Trafico de objetos prohibidos en centros penitenciarios de detención o reeducativos, uso de aparatos, componentes y accesorios electrónicos y de telecomunicaciones, en centros penitenciarios, centro de detención o reeducativos y Agrupaciones ilícitas.
Mientras que, los agentes policiales responderán por cargos como: Tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios de detención o reeducativos en su calidad de Autores Directos y Uso de aparatos, componentes y accesorios electrónicos y de telecomunicaciones, en centros penitenciarios, centro de detención o reeducativos, en calidad de Cómplices necesarios.
A los dos miembros de la Corporación Policial, se les ordenó las capturas al tener suficiente elemento probatorio que los relaciona en este proceso y por ello la Jueza dio por admitido toda la prueba inicial y al final emitió la referida resolución.
Se estableció, en esta primera etapa, que desde el área de las bartolinas se planificaban acciones criminales y principalmente un atentado contra personal del sistema de justicia, por los cual se autorizó a que se amplíe la investigación.
Los acusados en este caso son: Fermín Enrique Chicas Aquino, Carlos Edgardo Velásquez Veliz, Juan Javier Hernández Parada, Víctor Andrés Urías Cabrera, Carlos Antonio Molina Rivera, Luis Alonso González Deras y Óscar Armando López.
El combate frontal contra las pandillas continúa dejando resultados contundentes. En las últimas horas, diferentes tribunales del país emitieron sentencias condenatorias contra varios integrantes de estructuras criminales, responsables de diversos delitos que van desde homicidios agravados hasta extorsión y agrupaciones ilícitas.
Comenzamos…
Condenan a 30 años de prisión a cuatro pandilleros de la MS por homicidio agravado en Santa Ana
Cuatro miembros de la estructura criminal MS fueron condenados a 30 años de cárcel cada uno, tras ser hallados culpables del delito de homicidio agravado. El crimen fue cometido en el departamento de Santa Ana, donde los pandilleros llegaron armados a la vivienda de su víctima y, tras una discusión, le dispararon hasta causarle la vida.
Los sentenciados han sido identificados como Erick Fernando Ruperto García, Nelson Amílcar Polanco Hernández, Carlos Isaías Sánchez García y Jonathan José López Barahona. Según informó la Fiscalía General de la República, los condenados enfrentan además otros procesos judiciales, por lo que sus penas podrían incrementarse en los próximos meses.
Pandillero del barrio 18 condenado a 20 años por extorsión en Santa Ana
A 20 años de prisión fue condenado el pandillero del barrio 18, William Alexander Valencia Salazar, tras demostrarse con abundantes evidencias que extorsionó a una víctima en diciembre de 2021 y enero de 2022. De acuerdo con las investigaciones, Valencia amenazó a su víctima para exigirle grandes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra su vida e integridad física.
Estos hechos ocurrieron en Santa Ana. La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de dicho departamento, mientras que Valencia continuará enfrentando otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Ariel Ignacio Ortega González, de 27 años, acusado del delito de tráfico ilícito, en perjuicio de la salud pública.Local events calendar
Según la relación circunstanciada de los hechos, el imputado fue detenido el 2 de mayo de 2025, cuando agentes de Policía Nacional Civil (PNC) realizaban patrullajes preventivos en la calle Buenos Aires y la avenida Cuscatancingo, en la colonia El Bosque de San Salvador.
En ese momento, observaron que un vehículo particular se estacionó de forma brusca, lo que generó sospechas de que el conductor podría estar bajo los efectos del alcohol.
Al interceptarlo y realizarle una requisa, los agentes encontraron en el vehículo una porción mediana y siete porciones pequeñas de polvo blanco, además de una balanza digital.
La prueba de campo confirmó que la sustancia era cocaína, con un peso de 14.979 gramos y 1.944 gramos, respectivamente.
Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos indiciarios sobre la existencia del delito y la posible participación del imputado, requisito mínimo para que el caso avance a la etapa de instrucción.
Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.
