Judicial
Policía logró escapar de la muerte luego de ser entregado a pandilleros por un motorista de la ruta 140
Un agente policial resistió al ataque de 8 pandilleros y logró escapar a través de una alcantarilla luego de ser entregado por un motorista de la ruta 140 cuando regresaba a su casa en la Urbanización Nuevos Horizonte en San Martín.
Oscar (nombre modificado por seguridad) vivió por doce años en la urbanización Nuevo Horizontes, en San Martín una zona acechada por pandilleros quienes no habían detectado su presencia.
El reloj marcaba las 8:00 a.m. del 30 de septiembre del 2016, Óscar salió de trabajar y tomó la 140 en el centro, como cualquier otro día.
Dentro de la unidad se sentó en el antepenúltimo asiento al lado de la puerta trasera; viajaba con otras cinco personas que iban dispersas en la ruta que inició su recorrido.
Llegando a la colonia se percató que el motorista iba hablando por teléfono, no logró escuchar con exactitud lo que decía pero observó cuando lo miraba a través del retrovisor como si tramara algo en su contra.
«Si, aquí va”, fue lo único que logró escuchar del conductor quien unos 25 metros paró frente a un grupo de pandilleros.
Seis se subieron en la puerta de atrás y dos en la delantera. Como una jauría de lobos hambrientos se abalanzaron sobre él y comenzaron a golpearlo.
“¡Hey! Este es”, gritó uno de los sujetos al mismo tiempo que le arrebataron su mochila donde llevaba dos uniformes policiales, dos cargadores, su arma policial y sus documentos. La ruta seguía sin detenerse.
El miedo se apoderó de Óscar, por su mente pasaron decenas de imágenes de lo que podría suceder pero cuando forcejeaba con los sujetos decidió levantarse y como pudo logró saltar del microbús a través de una de la puerta de atrás.
El escape de la jauría
Una vez afuera, Óscar comenzó a correr cada vez más rápido ya que los pandilleros lo venían persiguiendo. Vivir en la zona por tanto tiempo le había dado el conocimiento de saber por dónde salir en medio de los estrechos pasajes.
El agente llegó hasta un predio valdío donde observó una alcantarilla abierta y decidió lanzarse sin importarle nada, se precipitó dos metros hacía el suelo.
Óscar siguió corriendo pero a medida iba avanzando el lugar se hacía más estrecho. “Seguí por un tubo de un 150 centímetros, ya no pude caminar y me tuve que agachar y caminar lo más rápido que pude”, recordó.
Fueron 400 metros de oscuridad y de inmundicia que recorrer hasta una quebrada sucia ubicada sobre la carretera Panamericana. Ya no volvió a saber de los agresores por lo que decidió buscar un lugar seguro.
Aprovecho que su apariencia sucia para colarse como pasajero en otra unidad de la ruta 140 y llegó a la delegación donde le tomaron su declaración y posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial debido a la gravedad de sus heridas.
Óscar solo logró identificar a dos de los sujetos que los golpearon: Jonatan Orlando G., alias “Dogui”, y José Pedro C., “Mafia”.
Estos mismos imputados están involucrados en el asesinato de un soldado y su hermano luego de ser entregados por el motorista y el cobrador de la ruta tres meses antes de este incidente.
Ambas víctimas fueron privadas de libertad por al menos 15 pandilleros de la zona. Fuentes policiales señalaron a El Salvador Times que esta forma de operar es frecuente y que se han registrado varios casos similares.
Luego de las investigaciones policiales el caso llegó al juzgado Primero de Sentencia de San Salvador en el que está pendiente la fecha del juicio.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
La Fiscalía General de la República presentó este viernes la solicitud de imposición de medidas en contra de 5 personas capturadas durante el cerco de seguridad de San Marcos, tras acusarlos de ser miembros de la MS.
Los sospechosos serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas y han sido identificados como German Ismael Salazar Rodríguez, Marvin Daniel Mejía Fuentes, Jorge Luis Ramírez Merino, William Ernesto Ortiz Ramos y Óscar Aparicio Martínez Ventura.
«Todos pertenecen a las clicas San Marcos locos salvatruchos, San tomas locos salvatruchos y Octubres liros locos salvatruchos», aseguró la FGR.
La solicitud se presentó ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
La madrugada del lunes 28 de octubre, el presidente Nayib Bukele ordenó el despliegue de 2,000 soldados y 500 policías en la colonia 10 de Octubre, luego que la ciudadanía asegurara haber detectado a un grupo de presuntos pandilleros en el lugar.
«Inteligencia policial ha determinado que en la colonia 10 de Octubre, en San Marcos, San Salvador Sur, se encuentra un grupo de pandilleros escondidos», escribió Bukele en su cuenta de X. Según el mandatario, con este despliegue buscan «extraer hasta el último pandillero que se encuentre en el área».
Bukele acompañó su publicación con un video de la formación de los militares y policías en el cuartel El Zapote, en San Salvador, y posteriormente el despliegue de las fuerzas de seguridad en las calles.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo por su parte: «vamos a seguir capturando a estos remanentes terroristas, con contundencia vamos a demostrarles que en este país el control del territorio le pertenece al Estado y a los salvadoreños de bien».
En cuanto al ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, señaló: «Estamos estableciendo un cerco militar junto con la Policía Nacional Civil, la metodología es sabida, cercamos el lugar, y luego junto con la policía se extrae del sitio cercado aquellos delincuentes, de los cuales ya tenemos los archivos, los perfiles de ellos, que son los que se pueden encontrar en estos sectores», dijo.
