Judicial
Policía logró escapar de la muerte luego de ser entregado a pandilleros por un motorista de la ruta 140
Un agente policial resistió al ataque de 8 pandilleros y logró escapar a través de una alcantarilla luego de ser entregado por un motorista de la ruta 140 cuando regresaba a su casa en la Urbanización Nuevos Horizonte en San Martín.
Oscar (nombre modificado por seguridad) vivió por doce años en la urbanización Nuevo Horizontes, en San Martín una zona acechada por pandilleros quienes no habían detectado su presencia.
El reloj marcaba las 8:00 a.m. del 30 de septiembre del 2016, Óscar salió de trabajar y tomó la 140 en el centro, como cualquier otro día.
Dentro de la unidad se sentó en el antepenúltimo asiento al lado de la puerta trasera; viajaba con otras cinco personas que iban dispersas en la ruta que inició su recorrido.
Llegando a la colonia se percató que el motorista iba hablando por teléfono, no logró escuchar con exactitud lo que decía pero observó cuando lo miraba a través del retrovisor como si tramara algo en su contra.
«Si, aquí va”, fue lo único que logró escuchar del conductor quien unos 25 metros paró frente a un grupo de pandilleros.
Seis se subieron en la puerta de atrás y dos en la delantera. Como una jauría de lobos hambrientos se abalanzaron sobre él y comenzaron a golpearlo.
“¡Hey! Este es”, gritó uno de los sujetos al mismo tiempo que le arrebataron su mochila donde llevaba dos uniformes policiales, dos cargadores, su arma policial y sus documentos. La ruta seguía sin detenerse.
El miedo se apoderó de Óscar, por su mente pasaron decenas de imágenes de lo que podría suceder pero cuando forcejeaba con los sujetos decidió levantarse y como pudo logró saltar del microbús a través de una de la puerta de atrás.
El escape de la jauría
Una vez afuera, Óscar comenzó a correr cada vez más rápido ya que los pandilleros lo venían persiguiendo. Vivir en la zona por tanto tiempo le había dado el conocimiento de saber por dónde salir en medio de los estrechos pasajes.
El agente llegó hasta un predio valdío donde observó una alcantarilla abierta y decidió lanzarse sin importarle nada, se precipitó dos metros hacía el suelo.
Óscar siguió corriendo pero a medida iba avanzando el lugar se hacía más estrecho. “Seguí por un tubo de un 150 centímetros, ya no pude caminar y me tuve que agachar y caminar lo más rápido que pude”, recordó.
Fueron 400 metros de oscuridad y de inmundicia que recorrer hasta una quebrada sucia ubicada sobre la carretera Panamericana. Ya no volvió a saber de los agresores por lo que decidió buscar un lugar seguro.
Aprovecho que su apariencia sucia para colarse como pasajero en otra unidad de la ruta 140 y llegó a la delegación donde le tomaron su declaración y posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial debido a la gravedad de sus heridas.
Óscar solo logró identificar a dos de los sujetos que los golpearon: Jonatan Orlando G., alias “Dogui”, y José Pedro C., “Mafia”.
Estos mismos imputados están involucrados en el asesinato de un soldado y su hermano luego de ser entregados por el motorista y el cobrador de la ruta tres meses antes de este incidente.
Ambas víctimas fueron privadas de libertad por al menos 15 pandilleros de la zona. Fuentes policiales señalaron a El Salvador Times que esta forma de operar es frecuente y que se han registrado varios casos similares.
Luego de las investigaciones policiales el caso llegó al juzgado Primero de Sentencia de San Salvador en el que está pendiente la fecha del juicio.
El Salvador Today
Audiencia especial programada contra Enrique Rais y cinco imputados por estafa y administración fraudulenta
El Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador programó para el martes 16 de septiembre una audiencia especial de reapertura del proceso penal que la Fiscalía General de la República (FGR) impulsa contra Enrique Rais y cinco personas más por los delitos de administración fraudulenta y estafa.
Los hechos afectan al ciudadano canadiense Franco Pacceti y a las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. La jueza que conocerá el caso ha citado a víctimas, fiscales y defensores para que comparezcan a la diligencia.
El expediente proviene de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anuló un sobreseimiento anterior a favor de Rais y los demás imputados. Inicialmente, el extinto Juzgado Décimo Cuarto de Paz había exonerado de manera definitiva a Enrique Rais, su esposa Marie Annette Clairmont de Rais, su hija Michelle Marie Rais de Barake, su sobrino Hugo Ernesto Blanco Rais, así como a Claudia Marina Albergue Martínez y Demetrio Alexander Palacios, tras una solicitud de sobreseimiento de la Fiscalía.
El proceso está relacionado con la estafa a Pacceti y las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. Los imputados son acusados de administrar de manera fraudulenta la sociedad Mides, que contaba con 2,000 acciones, de las cuales 1,800 pertenecían a Cintec y luego fueron transferidas a Tradesal Inc. Según la FGR, Enrique Rais y Hugo Blanco Rais habrían desviado utilidades de la sociedad hacia cuentas personales y empresas locales y extranjeras sin relación con Mides.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
