Judicial
Policía logró escapar de la muerte luego de ser entregado a pandilleros por un motorista de la ruta 140
Un agente policial resistió al ataque de 8 pandilleros y logró escapar a través de una alcantarilla luego de ser entregado por un motorista de la ruta 140 cuando regresaba a su casa en la Urbanización Nuevos Horizonte en San Martín.
Oscar (nombre modificado por seguridad) vivió por doce años en la urbanización Nuevo Horizontes, en San Martín una zona acechada por pandilleros quienes no habían detectado su presencia.
El reloj marcaba las 8:00 a.m. del 30 de septiembre del 2016, Óscar salió de trabajar y tomó la 140 en el centro, como cualquier otro día.
Dentro de la unidad se sentó en el antepenúltimo asiento al lado de la puerta trasera; viajaba con otras cinco personas que iban dispersas en la ruta que inició su recorrido.
Llegando a la colonia se percató que el motorista iba hablando por teléfono, no logró escuchar con exactitud lo que decía pero observó cuando lo miraba a través del retrovisor como si tramara algo en su contra.
«Si, aquí va”, fue lo único que logró escuchar del conductor quien unos 25 metros paró frente a un grupo de pandilleros.
Seis se subieron en la puerta de atrás y dos en la delantera. Como una jauría de lobos hambrientos se abalanzaron sobre él y comenzaron a golpearlo.
“¡Hey! Este es”, gritó uno de los sujetos al mismo tiempo que le arrebataron su mochila donde llevaba dos uniformes policiales, dos cargadores, su arma policial y sus documentos. La ruta seguía sin detenerse.
El miedo se apoderó de Óscar, por su mente pasaron decenas de imágenes de lo que podría suceder pero cuando forcejeaba con los sujetos decidió levantarse y como pudo logró saltar del microbús a través de una de la puerta de atrás.
El escape de la jauría
Una vez afuera, Óscar comenzó a correr cada vez más rápido ya que los pandilleros lo venían persiguiendo. Vivir en la zona por tanto tiempo le había dado el conocimiento de saber por dónde salir en medio de los estrechos pasajes.
El agente llegó hasta un predio valdío donde observó una alcantarilla abierta y decidió lanzarse sin importarle nada, se precipitó dos metros hacía el suelo.
Óscar siguió corriendo pero a medida iba avanzando el lugar se hacía más estrecho. “Seguí por un tubo de un 150 centímetros, ya no pude caminar y me tuve que agachar y caminar lo más rápido que pude”, recordó.
Fueron 400 metros de oscuridad y de inmundicia que recorrer hasta una quebrada sucia ubicada sobre la carretera Panamericana. Ya no volvió a saber de los agresores por lo que decidió buscar un lugar seguro.
Aprovecho que su apariencia sucia para colarse como pasajero en otra unidad de la ruta 140 y llegó a la delegación donde le tomaron su declaración y posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial debido a la gravedad de sus heridas.
Óscar solo logró identificar a dos de los sujetos que los golpearon: Jonatan Orlando G., alias “Dogui”, y José Pedro C., “Mafia”.
Estos mismos imputados están involucrados en el asesinato de un soldado y su hermano luego de ser entregados por el motorista y el cobrador de la ruta tres meses antes de este incidente.
Ambas víctimas fueron privadas de libertad por al menos 15 pandilleros de la zona. Fuentes policiales señalaron a El Salvador Times que esta forma de operar es frecuente y que se han registrado varios casos similares.
Luego de las investigaciones policiales el caso llegó al juzgado Primero de Sentencia de San Salvador en el que está pendiente la fecha del juicio.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
