Judicial
PNC saca de circulación a extorsionistas en Usulután y a pandillero de Ahuachapán
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) procedieron en las últimas horas, a la captura de ocho personas que operaban en el departamento de Usulután y a quienes les atribuyen por los delitos de extorsión a gravada y organizaciones terroristas.
Según el informe policial, los sujetos fueron detenidos mediante un operativo policial realizado en el departamento, bajo órdenes administrativas giradas en su contra por los delitos a los que se les imputan.
Asimismo, la PNC perfila a estas personas como miembros activos de una estructura criminal que operaban en el departamento y a quienes se les investiga si poseen otros antecedentes por otros hechos delictivos.
También, la corporación policial intimó a seis sujetos miembros activos de una pandilla del mismo departamento, de quienes huían de las autoridades por haber participado en diferentes crímenes.
En otro hecho, la PNC procedió al arresto de Erick Eliazar Salazar Herrera, de 18 años de edad, reclamado mediante órdenes judiciales por ultimar a una persona y por el delitos de limitación a la libre circulación.
De acuerdo a las autoridades, el procedimiento se realizó en Hacienda San Cayetano, cantón Llano de La Laguna del municipio de Ahuachapán en el marco del Plan Control Territorial que se implementa a nivel nacional.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
