Judicial
“Párate ahí, si das información a la policía te vamos a matar” le dijeron pandilleros a un hombre tras desobedecer una orden en la colonia
Querer tener una calle libre para poder circular fue el único «pecado» que un hombre cometió ante pandilleros de la zona que atentaron en contra de su vida por considerar que al botar las piedras colocadas estaba ayudando a la Policía Nacional Civil (PNC).
Cansado de la jornada laboral que había tenido, la noche del 27 de septiembre de 2017 Camilo (nombre modificado por seguridad) regresaba a su casa cuando en la entrada principal de la colonia en la que habitaba se encontró con grandes piedras que le impedían avanzar.
Teniendo conocimiento que las piedras eran colocadas por pandilleros para impedir que agentes de la PNC entraran a la colonia a patrullar, la víctima decidió remover con sus propias manos la barricada.
La molestia de Camilo era tal que no le importó que cinco de los delincuentes lo estuvieran observando y con actitud desafiante procedió a remover las rocas, algo que ningún otro vecino se había atrevido a hacer pese a los problemas que tenían para encontrar un lugar donde estacionar sus vehículos.
Una vez removidas las piedras, el hombre se dispuso a seguir su camino, pero los delincuentes salieron a su paso y le ordenaron detener la marcha, algo que la víctima no obedeció.
“Párate ahí”, fue el grito con el que Kevin H., intentó atemorizar a un Camilo que se detuvo hasta que sintió que un disparo impactó con la carrocería del vehículo que fue rodeado por los delincuentes.
Al costado derecho del pick up se puso colocó Jimmy F., quien sin andar con rodeos le preguntó: “¿Por qué no hiciste caso de parar? Y si no bajas la luz te vamos a matar ya que nosotros mandamos en la zona”.
Lleno de impotencia. Camilo siguió escuchando a sus verdugos, en ese momento tomó la palabra José R., quien le ordenó que se bajara del carro para que Eduardo A. le colocara la pistola en la cabeza y lo amenazara: “Si das información a la policía te vamos a matar”, lo sentenció.
Todo pasó en cuestión de minutos, Camilo sintió la muerte sobre sus hombros pero pese a esto decidió denunciar a las autoridades sobre lo que había pasado y se le dieron las medidas de seguridad previa al inicio de un proceso judicial.
Los sujetos fueron arrestados meses después y en el requerimiento fiscal fueron acusados por limitación ilegal a la libertad de circulación, el cual se mantuvo hasta llegar a la vista pública desarrollada por el tribunal Tercero de sentencia de San Salvador.
Tras las pruebas presentadas por la representación fiscal y los alegatos de la defensa de los cuatro imputados el juez los declaró culpables y por ser un delito menor los condenó a tres años de trabajos de utilidad pública por los daños ocasionados.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
